¿Cómo puede salir Cuba de la pobreza generalizada?

El 89% de las familias cubanas sobreviven en la extrema pobreza y el país se encuentra en quiebra. Esta realidad tiene causas políticas relacionadas con la ausencia de libertades y con la concepción económica del propio sistema imperante, sumadas a otros factores como falta de capacidad de sus representantes, inmersos en la lógica corrupción derivada de tantos años detentando el poder y de la incompetencia generalizada, y del propio momento actual en que tienen otras prioridades. En Cuba es difícil separar la urgencia de superar la pobreza generalizada de la necesidad de una transición política. Pero el reconocimiento de que el problema de Cuba es esencialmente político, no debe hacernos soslayar la urgencia de que en paralelo se aborde el factor económico. No se sale de la pobreza y no se genera estabilidad social si la economía del país no funciona.

Cualquier gobierno de transición tendría que actuar en dos planos al mismo tiempo: reconstruir las instituciones democráticas y poner en marcha un programa económico capaz de frenar el deterioro y sentar las bases de la prosperidad. En este último terreno, hay medidas mínimas sin las cuales resulta imposible sacar a Cuba de la pobreza.

Un plan de estabilización económica para controlar la inflación, reducir el déficit fiscal y estabilizar la balanza comercial. Son equilibrios difíciles de alcanzar en plena transición con tantas urgencias y un país destrozado, pero son fundamentales. La solución de realengo monetario y cambiario es primordial para la gente de a pie, pero también para la inversión interna y extranjera.

Junto a estos elementos, la liberalización económica es el motor principal contra la pobreza. La libre iniciativa empresarial, el derecho a invertir, comprar y vender, la creación de empresas privadas sin necesidad de autorización estatal previa, y la libre circulación de capitales y mercancías son condiciones sine qua non para el desarrollo. Para ello, debe adecuarse con celeridad el sistema legal, especialmente en las ramas civil, mercantil e hipotecario. La modificación del régimen de cooperativas es fundamental para el rescate del campo y la lucha contra el hambre.

Cuba necesita con urgencia inversión extranjera directa, en especial aquella que implique transferencia tecnológica, infraestructura digital y la que genere el mayor número de empleos; en esto último, los sectores de la construcción e inmobiliario jugarán un rol fundamental. Para atraer capital extranjero hay que crear condiciones de seguridad jurídica y propiciar un mercado dinámico. Las empresas norteamericanas y los empresarios exiliados cubanos tendrían lógicamente un papel primordial.

El derecho de propiedad y la seguridad jurídica

Sería un error iniciar un proceso de privatizaciones sin haber solucionado antes el problema de los bienes confiscados y expropiados por el régimen; no habría seguridad jurídica. El asunto de la propiedad debe abordarse desde una perspectiva que evite el colapso judicial y el endeudamiento excesivo del Estado, por lo que habrá que pensar en métodos creativos aceptables. Temas de alto interés público, como la propiedad de la vivienda nacionalizadas, podrían resolverse mediante leyes con soluciones equitativas para las partes, evitando el conflicto social; mientras que los casos que bienes de uso empresarial o industrial, deberían solucionarse preferencialmente por vía de negociación y arbitraje. Todos estos contenciosos deben ser solucionados en un corto plazo de tiempo y con fechas de prescripción para el ejercicio de cualquier acción legal civil. Por otro lado, el derecho de propiedad no debería amparar ni legitimar la propiedad obtenida por medio de abuso de poder, violaciones de derechos humanos o corrupción.

De igual forma habrá que aclarar y tomar las medidas que correspondan con la participación del Estado en las figuras de inversión extranjera creadas por el sistema actual.

Resolver de manera justa, limpia y rápida la titularidad de los bienes y sus derechos, será el primer ladrillo del nuevo sistema de mercado. Las nuevas leyes deben ser claras: el derecho de propiedad es fundamental e inviolable, incluyendo los derechos que de él emanan, como la explotación, enajenación y herencia.

Educación y empleo: el capital humano

La modernización de la educación es vital para la cohesión social y desarrollo. El sistema educativo debe abrirse al mundo, orientarse al desarrollo y despojarse del lastre ideológico comunista. El Estado debe garantizar una educación pública, gratuita y de calidad, en un sistema que admita la participación privada o de otras formas de propiedad y gestión de centros educativos. Igualmente propiciar programas formativos enfocados en las necesidades del mercado. Con una educación mediocre o inaccesible en términos económicos, un niño estará condenado a la pobreza. Uno de los daños sociales más profundos que el régimen actual inflige a la ciudadanía es, precisamente, el deterioro del sistema educativo.

El desempleo es un problema crítico sobre el cual el régimen actual no ofrece datos creíbles, pero que lo estimamos en torno al 15%. En un país con todo por hacer, en una primera etapa, como se decía anteriormente, la obra pública de infraestructura y el sector inmobiliario van a ser catalizadores de la actividad económica y, por tanto, del empleo.

Pero más allá del impulso inicial de la apertura económica, se deben establecer bases legales para que el empleo sea de calidad: formal, con formación sistemática y que combine estabilidad con flexibilidad. Si bien las pymes en otros lugares son el grueso del tejido empresarial, Cuba no puede renunciar a atraer o crear grandes empresas sólidas que generen empleos para cientos de miles de ciudadanos.

Financiamiento y deuda internacional

El sistema financiero es uno de los pulmones de la economía. Es necesario promover la entrada de bancos que financien la inversión, el comercio y el consumo; también la entrada de fondos de capital. Aunque inicialmente no exista un mercado de capitales, se debe preparar la normativa para su implantación gradual a medida que los sectores empresarial y financiero maduren.

La reconstrucción requerirá grandes aportaciones de capital. El deterioro de infraestructuras críticas (electricidad, agua, carreteras, salud) es tan grave que la inversión privada no bastará. Se necesitarán ingentes recursos financieros, algo imposible sin acceso a préstamos de organismos como el Banco Mundial, el FMI o el BID. La entrada en el circuito financiero internacional debe ser prioritaria para la transición y será clave el apoyo de Estados Unidos para lograrlo.

Asimismo, el problema con los acreedores internacionales deberá resolverse con creatividad, revisando la legalidad de los títulos de deuda y apelando a la generosidad de los acreedores. El elevado riesgo país es herencia directa del régimen, pero se va a necesitar emitir nueva deuda, y debe mitigarse el encarecimiento de la financiación, ya sea minimizando el riesgo político y económico interno y manteniéndose como un socio fiable. Una gestión eficiente atraerá los recursos necesarios para financiar obras y estabilizar el Estado.

Políticas sociales y ayuda humanitaria

En términos éticos y políticos es impensable reconstruir Cuba sin tener en cuenta a los más pobres ni las necesarias políticas sociales. En un escenario de transición ordenada, con acceso a financiamiento externo y reformas coherentes, sería plausible pasar de una pobreza extrema cercana al 89% a niveles mucho más bajos en el medio plazo; sin embargo, tomará tiempo y no puede descartarse que algunas medidas económicas y políticas generen más desempleo si no se han desarrollado sectores alternativos capaces de absorber mano de obra. Incluso en sociedades con altos niveles de prosperidad hay personas y familias que, por diversas causas, pueden quedarse sin sustento o que no pueden valerse por sí mismas.

Estos cambios económicos y sus frutos no ocurren de la noche a la mañana. Por ello, será indispensable una ayuda humanitaria material y financiera masiva mientras se pone la casa en orden. A corto plazo la ayuda humanitaria es fundamental para mitigar problemas acumulados, en especial la crisis alimentaria y la de salud, y contribuirá a cierto grado de paz social durante el proceso. Hoy, siete de cada diez cubanos se privan de al menos una comida diaria; por ello, un objetivo político y económico central del cambio debe ser la lucha contra el hambre, concebida como una campaña con metas medibles y asesorada por expertos en logística y nutrición.

La ejemplaridad de los gestores es innegociable. Los controles y la rendición de cuentas sobre el uso de los fondos deben ser garantizados por instituciones independientes desde el primer día.

La salida de la pobreza generalizada es posible, pero además de reformas económicas exige un cambio político, social y ético, y probablemente cierta flexibilidad ante las circunstancias, pero también muestras claras de que el cambio se está realizando.