Un juez federal suspendió temporalmente el lunes el plan del Gobierno de Donald Trump de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que impide que cientos de miles de migrantes venezolanos sean deportados de Estados Unidos, reportó la AFP.
Esta suspensión estará en vigor mientras se examina el caso a fondo y supone un alivio para 350.000 ciudadanos del país suramericano en territorio estadounidense, cuyo TPS expiraba el 7 de abril.
El juez de distrito Edward Chen, puso en pausa la decisión de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, de retirar ese programa que protege a sus beneficiarios de ser deportados.
Eliminar el TPS "amenaza con causar un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente interrumpidos". Además puede "costar a Estados Unidos miles de millones en actividad económica, y perjudicar la salud y la seguridad pública en comunidades de todo el país", resumió el juez Chen en su fallo, emitido en San Francisco.
Añadió que el Gobierno no ha podido demostrar que seguir otorgando esta protección temporal a los venezolanos causaría algún daño importante o negativo que justifique el hecho de suspender el programa, reportó EFE.
Además de proteger de la deportación, el TPS confiere el derecho a trabajar. Se otorga a extranjeros que no pueden regresar a salvo a sus países por motivos de guerra, desastre natural u otra condición "extraordinaria".
En marzo de 2021, Alejandro Mayorkas, el entonces secretario de Seguridad Nacional de la Administración de Joe Biden (2021-2025), designó por primera vez a Venezuela para el TPS, citando la emergencia humanitaria por la que atravesaba el país bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Dos semanas antes de que Trump asumiera el cargo, el Gobierno de Biden renovó las protecciones por 18 meses adicionales.
Trump intentó revocar esa protección pocos días después de su regreso a la Casa Blanca en enero. El magnate republicano afirma que Estados Unidos es víctima de una "invasión" de migrantes "criminales" y señala regularmente a los venezolanos.
"La generalización de la criminalidad a todos los venezolanos titulares de TPS carece de fundamento", consideró el juez en su decisión. Señaló que la tasa de criminalidad entre estos migrantes es "inferior a la de la población general".
En su opinión, los grupos de defensa de los migrantes que han impugnado la acción del Gobierno ante los tribunales "probablemente lograrán demostrar" que las medidas adoptadas para suprimir el TPS "no están autorizadas por la ley".
Además de los beneficiarios del TPS, la Administración Trump ha tomado otras acciones contra la inmigración desde Venezuela.
Deportó el 16 de marzo a 238 venezolanos acusados de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua a una megacárcel en El Salvador, al invocar una ley de tiempos de guerra, de 1798.
I agree with your conclusions; they are based on truth and reason.
https://x.com/elonmusk/stat… https://ragdollhit-game.io
Trump intentó revocar esa protección pocos días después de su regreso a la Casa Blanca en enero. https://ulyagames.com
I agree with your conclusions; they are based on truth and reason https://fngames.io
El programa TPS fue originalmente concedido a los venezolanos en marzo de 2021 bajo el gobierno de Joe Biden, debido a la crisis humanitaria causada por el régimen de Nicolás Maduro. Antes de dejar la presidencia, Biden había extendido esta protección por 18 meses. https://stickmanhookgame.org
Under President Trumps first term there was this ruling:
“There is no judicial review of any determination of the [DHS Secretary] with respect to the designation, or termination or extension of a designation, of a foreign state under this subsection.”
The judge has no standing and the Trump administration should move forward as they were about to. The left is judge shopping trying to cause disruption in the presidential term and keep illegals in the country.
Remember, Elon outlined how Biden gave 2.1 million illegals social security cards , with benefits. Our social security system is insolvent in 9 years, illegal insanity by the left continues.
The judge violated his authority and abused his powers, he should be removed.
https://x.com/canammissing/…
No vi nunca ningún juez defender a padres de menores contra mutilación genital ,o en contra de banderas gay ,draw queens en kindergarten......
Frecuentemente se aplica en situaciones de vital relevancia que implican políticas federales —tales como regulaciones migratorias, normativas medioambientales o leyes de salud— donde los demandantes sostienen que el efecto de la política es tan extenso que restringir la reparación únicamente a ellos no trataría el perjuicio. https://x.com/elonmusk/stat… https://sprunki-game.io
https://www.youtube.com/wat…
https://www.youtube.com/wat…
Stephen Miller desglosa los HECHOS reales del "Padre de Maryland" deportado a El Salvador:
"Repasemos los hechos. Es un inmigrante ilegal. Primero, ¿qué se hace con los inmigrante ilegal? Se los deporta. Segundo, es miembro de la MS-13. ¿Qué se hace con los inmigrante ilegal que también pertenecen a una organización terrorista transnacional? Se los deporta con mayor rapidez. Ah, y además, está implicado en la trata de personas. Deportar, deportar, deportar. ¿A este es a quien van a defender?"
https://x.com/jake22_h/stat…
La Ley de Aclaración de la Reparación Judicial de 2025 (JRCA, por sus siglas en inglés) es una propuesta legislativa presentada por el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley (republicano por Iowa), el 31 de marzo de 2025, cuyo objetivo es limitar el alcance de las órdenes judiciales federales, en particular la práctica de emitir medidas cautelares universales (o de alcance nacional). El proyecto de ley busca redefinir y aclarar la función constitucional del poder judicial al restringir la facultad de los jueces federales de distrito para emitir medidas cautelares amplias que afecten a partes distintas de las directamente involucradas en un caso específico.
Una orden judicial universal es la forma en que un juez detiene una acción gubernamental para todo el país, no solo para los presentes en el tribunal. Es un gran mazazo legal y un pararrayos para el debate.
Alcance: A diferencia de una orden judicial típica, que se aplica únicamente a los demandantes o partes en una demanda específica, una orden judicial universal extiende su alcance para proteger a terceros, deteniendo así la aplicación de la ley o política impugnada en todo el país.
Propósito: Se utiliza a menudo en casos de gran importancia que involucran políticas federales —como normas de inmigración, regulaciones ambientales o leyes de salud— donde los demandantes argumentan que el impacto de la política es tan amplio que limitar la reparación solo a ellos no abordaría el daño.
https://x.com/elonmusk/stat…
Un demandante (una persona, un grupo o un estado) demanda al gobierno alegando la inconstitucionalidad o ilegalidad de una ley o medida ejecutiva.
Solicita al tribunal que impida al gobierno aplicarla no solo contra ellos, sino contra cualquier persona.
Si el juez accede, emite una orden judicial universal, congelando la política en todas partes hasta que se resuelva la disputa legal (o, en ocasiones, de forma permanente).
Ejemplo: Imaginemos que una nueva norma federal prohíbe todos los patinetes eléctricos. Un grupo en California presenta una demanda alegando su ilegalidad. Un juez emite una orden judicial universal; ahora, el gobierno no puede aplicar la prohibición de los patinetes en ningún lugar de EE. UU., ni siquiera en California, a pesar de que el caso se originó allí.
https://x.com/elonmusk/stat…
Controversia
Sus defensores afirman que es una herramienta poderosa para detener rápidamente políticas ilegales o perjudiciales, especialmente cuando el tiempo apremia (por ejemplo, deportaciones o daños ambientales).
Sus críticos argumentan que otorga demasiado poder a un solo juez, permitiéndole invalidar la política nacional basándose en un solo caso. También afirman que fomenta la búsqueda del foro más favorable, donde los demandantes eligen tribunales con jueces afines.
Debate legal
Existe un debate en curso sobre si los mandatos judiciales universales son constitucionales o extralimitan la autoridad judicial. Históricamente, los tribunales se han limitado a medidas más restrictivas, pero estos mandatos judiciales amplios han aumentado en las últimas décadas, especialmente durante administraciones con fuerte carga política (utilizados contra políticas tanto de la era Obama como de la era Trump, por ejemplo).
https://x.com/elonmusk/stat…
¿Cuál es la opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que interpreta la Constitución, acerca de permitir a un juez de un tribunal de distrito federal, de emitir una orden judicial a nivel nacional?
La Corte Suprema de Estados Unidos no ha emitido una única opinión definitiva que interprete explícitamente la Constitución para autorizar a los jueces de los tribunales federales de distrito a emitir órdenes judiciales a nivel nacional.
https://x.com/elonmusk/stat…
¿Cuántas órdenes judiciales universales se emitieron en el siglo XX en Estados Unidos?
Una afirmación más específica, atribuida al Departamento de Justicia de EE. UU. en conversaciones realizadas alrededor de 2019, sugiere que los tribunales emitieron aproximadamente 27 órdenes judiciales a nivel nacional a lo largo del siglo XX. Esta cifra ha sido citada en la jurisprudencia, incluso por el entonces fiscal general William Barr, como referencia para destacar la rareza de dichas órdenes judiciales antes de su reciente auge.
¿Cuántas órdenes judiciales universales se emitieron contra la primera administración Trump?
La cifra de 64 de Harvard Law Review se considera la más completa y actualizada para todo el primer mandato, ya que contabiliza los mandatos judiciales hasta 2020 e incluye una documentación rigurosa. Esta cifra representa más de la mitad del total de 127 mandatos judiciales a nivel nacional identificados entre 1963 y 2023, lo que pone de relieve la frecuencia sin precedentes durante el primer mandato de Trump.
La afirmación de Kennedy parece inexacta según la evidencia disponible, ya que exagera la cifra en al menos 22 casos en comparación con el recuento más fiable.
Dicho esto, la administración Trump se enfrentó a un aumento sin precedentes de este tipo de medidas cautelares, superando con creces a predecesores como Obama (12) o Biden (14), por lo que la idea central del argumento de Kennedy sobre el activismo judicial se mantiene, aunque la cifra exacta no lo sea.
¿Cuántos mandatos judiciales se han dictado en la actual administración hasta el momento?
Hasta el 1 de abril de 2025, la actual administración Trump, que inició su segundo mandato el 20 de enero de 2025, se ha enfrentado a un número significativo de órdenes judiciales a nivel nacional. Según los datos y declaraciones disponibles:
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, declaró el 14 de marzo de 2025 que se habían emitido 15 órdenes judiciales contra la administración en su primer mes (hasta mediados de febrero). Esto coincide con la apelación de emergencia de la Procuradora General Interina, Sarah Harris, ante la Corte Suprema aproximadamente por la misma fecha, que señalaba 15 bloqueos a nivel nacional solo en Febrero.
Para el 23 de Marzo de 2025, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, sugirió que la cifra había aumentado a "aproximadamente 30 medidas cautelares" . Esto indica unas 15 medidas cautelares adicionales entre mediados de Febrero y finales de Marzo.
Informes de fuentes como The Washington Post y Fix the Court corroboran que se emitieron al menos 15 medidas cautelares en los dos primeros meses, superando las 14 emitidas durante todo el mandato de cuatro años de Biden.