Cuba: los nuevos ilotas

En la Grecia antigua convivía, junto a los llamados iguales, una subcategoría humana conocida como los ilotas. Eran habitantes naturales del espacio griego, habían nacido y se habían criado en él, pero constituían tipos sociales de segunda clase: eran los siervos de Esparta.

Las reformas de Licurgo, el legislador de Esparta por excelencia, quien reestructuró la sociedad espartana siguiendo las directrices del Oráculo de Delfos, consagró el status subalterno de los ilotas. Total y completamente al margen de la vida social y política de la Grecia de entonces.

Los ilotas viajaron en el tiempo y proporcionaron a la ciencia jurídica y a la politología modernas un nuevo concepto: el ilotismo, para clasificar aquella condición en que grupos de personas son desposeídos de sus derechos ciudadanos. El ilotismo, los ilotas, son términos ya casi en desuso en tanto los sistemas políticos y jurídicos han superado esta aberración. Tuvo su expresión clara en la Sudáfrica del apartheid y más enquistada en la India de las castas, pero en sentido conceptual la condición de ilota solo sobrevive en Cuba.  

Todos los sistemas jurídico-constitucionales modernos, de tradición escrita o no, están concebidos para la inclusión. Sean democracias liberales, iliberales, sean dictaduras a secas, autocracias rampantes o sistemas híbridos. En todos ellos los habitantes están incluidos como sujetos de los pocos o muchos derechos que se les otorguen y de las pocas o muchas garantías que se les dispensen. En esto cumplen con una de las exigencias de Licurgo. Decía el legislador mayor de la Grecia antigua que: "lo importante de las leyes no es que sean buenas o malas, sino que sean coherentes. Solo así servirán a un propósito".

La práctica del derecho en todos los sistemas puede ser, y es en innumerables instancias, otra cosa. La cancha inclinada, las reglas del juego torcidas, la ambigüedad de la escritura, la corrupción de los jueces o de los legisladores, el poder de las elites y los poderes fácticos pueden debilitar los sistemas jurídicos y desfavorecer a la ciudadanía. Sin dudas. Pero justo en la injusticia está la justicia: la posibilidad de llamarla por su nombre porque solo desde la inclusión se puede determinar una ruptura (injusta) de lo que establece la norma jurídica o constitucional. El ciudadano de una dictadura "constitucional" puede sufrir sus terribles consecuencias, pero al no dejar de ser ciudadano en dictadura puede establecer claramente cómo esta le viola sus derechos. A menos que esté muerto, me diría el cínico. Pero no es, si conserva la vida, un ilota.

El único sistema jurídico-constitucional que excluye incluyendo es el de Cuba. El ilotismo, y los ilotas que le dan vida, están inscritos y excritos (el neologismo es mío) al mismo tiempo en los textos constitucional y legal. También en la práctica jurídico-policial. Por citar el ejemplo madre: en la escritura del Artículo 5 de la Constitución (el de la minoría totalizadora), el equivalente al Oráculo de Delfos, inspiración de Licurgo, está inscrita nuestra condición de ilotas; y en las prácticas político-jurídicas del Gobierno violentando, por ejemplo, el Artículo 52 de la misma Constitución (el de la libertad de movimiento y residencia), está excrita esa misma condición, como una determinación voluntaria y consciente del Estado.

Lo que nos remite a una última premisa para la existencia del ilotismo: la de ser una creación deliberada de los que mandan para excluir a un grupo humano a partir de cualquier narrativa justificadora. Los ilotas son una invención sociológica del poder. Su etimología corresponde a la exonimia: el nombre que otros te endilgan. En el caso de Cuba esa narrativa tiene una clave de entrada a la vez que un exónimo: contrarrevolución.

Somos ilotas porque somos, además, contrarrevolucionarios. Esta condición no la determina nunca el qué (el contraste neutral entre acción, contenido y significado de los términos), sino el quién (el sujeto que se apropia por la fuerza del monopolio de la interpretación). Los diccionarios, el cuerpo escrito de significantes y significados que nos iguala en el uso de las palabras, dejan de ser el reservorio democrático de la lengua. Y pierde todo sentido.

Es ese monopolio el que nos convierte en ilotas a costa de violar la propia Constitución, y gracias a que se coloca por encima de ella, desde dentro de ella misma. Y aquí no importa que la condición de contrarrevolucionario no sea anticonstitucional.

Hay ilotas simples. Las jineteras a las que se les sanciona por el ejercicio del comercio sexual, o el emprendedor que no encuentra un lugar entre los oficios del trabajo por cuenta propia reconocidos. Hay ilotas integrales. Muchos. En las calles y en las cárceles.

El ilota integral es la suma y compendio del ilotismo de la ciencia política: la persona que es desposeída de manera raigal de todos sus derechos: los reconocidos, los naturales y los por venir.

El intelectual al que no le publicarán, el emprendedor que no puede emprender, el activista que no se puede activar, la persona que no puede viajar, el poblador que no puede salir fuera de su provincia, y el sujeto al que la policía puede detener y encerrar sin justificación legal alguna, todo a veces resumido en un mismo sujeto, es la expresión concreta del ilota construido por el Estado.

Cuando la condición constitutiva de la ciudadanía moderna con todas sus consecuencias es negada de forma total en un individuo, se institucionaliza el ilotismo: el estatus de segregación cívica y política permanente de la persona. Y donde hay ilotas, no hay ciudadanos.

Como se demuestra con los médicos en misión exterior, ya sean siervos o emancipados. Los primeros no reciben toda la paga, los segundos no pueden entrar al país que les vio nacer.  

Nos confrontamos una vez más, en este caso, con el dilema renovado de los últimos 60 años en Cuba: si las políticas públicas y el comportamiento del Gobierno van a continuar justificándose en una sedicente Revolución (Oráculo de Delfos) o si van a fundamentarse y a responder al orden legal y constitucional del país. Constitución y Revolución son dos dimensiones incompatibles, nada intercambiables, cuya persistencia disuelve el consenso y el lazo institucional que debe relacionar al Estado, al Gobierno y sus funcionarios con los ciudadanos en pie de igualdad.

La constitucionalidad y profundidad institucionales de Cuba van así descaminadas de un modo que puede hacer irreversible la deriva del ordenamiento social del Estado.

Todo remite a la soberanía, al papel del ciudadano y al efecto délfico del papel del Partido Comunista, asistido por la impunidad extrajudicial conferida a un grupo de militares sin identidad. A los Adolf Eichmann tropicales (todos deberíamos leer Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt), los que convierten a los contrarrevolucionarios en ilotas.