La lucha por las actas electorales en Venezuela

El paso del tiempo signa la vida sociopolítica en Venezuela, donde después de dos semanas de las elecciones presidenciales del 28 de julio el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue sin publicar resultados detallados de las votaciones, tal como le demanda la sociedad y la comunidad internacional.

Negado a reconocer el triunfo amplio de la oposición prodemocracia, encabezada por el candidato Edmundo González Urrutia y la líder María Corina Machado, Nicolás Maduro hizo una huida hacia adelante y acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos magistrados le son fieles. El gobernante, bajo una sentencia que podría dictarse en breves días, vería ratificada "su victoria electoral" por el máximo tribunal que ya ha adelantado que su decisión será inapelable.

Sin resultados desagregados, sin actas electorales que respalden la narrativa oficial, Maduro fue proclamado ganador rápidamente el 29 de julio, pocas horas después de que el CNE dictara un primer boletín dándole como presidente reelecto para el periodo 2025-2031.

La informalidad ha sido mayúscula al punto de que el CNE, a través de una cuenta en Instagram, publicó el 2 de agosto un segundo boletín de resultados, en el cual ratificó como ganador a Nicolás Maduro, con el 51,95% de los votos, y a Edmundo González Urrutia le asignó el 43,18%. El boletín consistía en un documento en Word colgado en Instagram.

Los datos desagregados y de libre acceso son lo usual en Venezuela, tal como lo ha recordado el periodista venezolano especializado en elecciones, Eugenio Martínez. Según este experto, de las últimas 30 elecciones celebradas, apenas en tres de ellas no se dieron los resultados detallados: la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (2014), considerada ilegitima por la comunidad internacional, en la consulta sobre el territorio en disputa con Guyana (noviembre del año pasado) y en estas elecciones presidenciales.

El presidente del órgano electoral, Elvis Amoroso, justifica la omisión sosteniendo que habían ocurrido "ataques informáticos masivos". Esta versión oficial de que hubo un hackeo a gran escala fue avalada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Sin embargo, Jennie Lincol, jefa de la misión del Centro Carter —una de las dos organizaciones que participaron como observadoras internacionales en las elecciones presidenciales del 28 de julio por invitación del CNE— aseveró que es imposible alterar las actas electorales recabadas por la oposición, con lo cual descartaron la versión oficial de un hackeo del sistema electoral.

Como parte de su estrategia para demostrar que hubo fraude en las elecciones, el Comando por Venezuela, liderado por María Corina Machado para impulsar la candidatura presidencial de González Urrutia, publicó en internet el 83,5% de las actas electorales de los comicios del 28 de julio.

La última actualización de resultados del comando opositor, difundidos el 6 de agosto, otorgaba el 67% de los votos a favor de González Urrutia y un 30% a favor de Maduro.

Aunque no tienen en su poder la totalidad de las actas, el alcance de la publicación (83,5% del total de actas) le otorga un carácter irreversible al resultado, según el análisis numérico realizado por el economista Omar Zambrano, quien es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Jennie Lincoln, jefa de la misión de observación del Centro Carter, también consideró que el resultado es irreversible, aunque no se hayan podido hacer públicas el 100% de las actas.

Bajo tal realidad (un mandatario proclamado, pero sin resultados que lo avalen y una ágil actuación opositora, con un sitio web con copia digital de las actas, que además puede verificarse públicamente como hicieron medios de prensa estadounidenses), diversos países han comenzado a reconocer a González Urrutia como candidato ganador de las elecciones, pese a que el CNE haya proclamado a Maduro.

Entretanto, defensores de derechos humanos de Venezuela sostienen que la ola de represión masiva vivida en Venezuela, particularmente en Caracas, no tiene parangón en América Latina. Marino Alvarado, abogado especialista en derechos humanos, solo recuerda en magnitud lo ocurrido en los primeros días del golpe de Estado en Chile en 1973 y en los días finales de Alberto Fujimori en el poder en 2000, en Perú.

El propio Nicolás Maduro se vanaglorió el 6 de agosto último que se habían detenido a 2.229 personas en los días posteriores a las elecciones del 28 de julio. Tal cifra, en diez días, equivale al 50% del total de detenciones que registró la ONG Foro Penal durante ocho meses de protestas en 2017, cuando tuvo lugar una dura ola de represión, que está siendo investigada por la Corte Penal Internacional.

Previamente, el 2 de agosto, Maduro anunció que los detenidos en las protestas postelectorales, que denuncian un fraude para favorecer al mandatario, irán a las cárceles de máxima seguridad de Tocorón y Tocuyito, en el centro del país, sin facilitar que los detenidos —en su mayoría de Caracas— puedan estar cerca de su lugar de residencia y, por lo tanto, recibir soporte familiar.

Por su parte, la más antigua de las organizaciones de derechos humanos del país, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), reportó un total de 24 asesinatos entre el domingo 28 de julio y el lunes 5 de agosto en eventos y protestas relacionadas con los comicios presidenciales.

Aunque el Gobierno ha dado una mayor cifra de personas detenidas, el no gubernamental Foro Penal informó este 11 de agosto que tenía verificados 1.305 casos de detenciones políticas después del 28 de julio, entre los cuales se cuentan 117 adolescentes. Según el Foro Penal, el 90 % de los detenidos provienen de sectores y barriadas populares urbanas.