Activistas cubanas vs. los estados y las aerolíneas que se subordinan al régimen

En notas previas, hemos analizado qué derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución cubana violó el régimen al impedir la entrada a Cuba a la periodista Karla Pérez, y a las activistas Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola (a esta última en cuatro ocasiones ya).

¿Pero las aerolíneas que les impidieron abordar sus vuelos de regreso al país y los estados implicados dejaron de velar por sus derechos humanos? ¿Podrían estas cubanas desterradas por el régimen denunciarlos ante las Naciones Unidas? La respuesta a ambas preguntas es sí.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) ha elaborado un conjunto de orientaciones y medidas contenidas en el manual titulado Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos para uso de los estados, las empresas, la sociedad civil y otros interesados.

Estos Principios Rectores se aplican a todos los estados y a todas las empresas, tanto transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura.

Los estados no son en sí mismos responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes privados. Sin embargo, los estados pueden estar incumpliendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos cuando se les puedan atribuir esas violaciones o cuando no adopten las medidas adecuadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos cometidos por agentes privados, que actúan dentro de sus territorios.

De acuerdo a estos principios, los estados deben velar por el respeto a los derechos humanos y enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que los respeten en todas sus actividades.

Los estados deben: a) Hacer cumplir las leyes que tengan por objeto o por efecto hacer respetar los derechos humanos a las empresas, evaluar periódicamente si tales leyes resultan adecuadas y remediar eventuales carencias; b) Asegurar que otras leyes y normas que rigen la creación y las actividades de las empresas, como el derecho mercantil, no restrinjan sino que propicien el respeto de los derechos humanos por las empresas; c) Asesorar de manera eficaz a las empresas sobre cómo respetar los derechos humanos en sus actividades; d) Alentar y si es preciso exigir a las empresas que expliquen cómo tienen en cuenta el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos.

Los estados, a título individual, son los principales sujetos de las obligaciones conforme a las normas internacionales de derechos humanos y, colectivamente, los garantes del régimen internacional de derechos humanos.

Cuando una empresa está controlada por el Estado o cuando sus actos pueden atribuirse por alguna otra razón al Estado, una violación de los derechos humanos por esta empresa puede implicar una violación de las obligaciones conforme al derecho internacional del propio Estado.

Pero los estados no renuncian a sus obligaciones internacionales de derechos humanos por privatizar la prestación de servicios con un posible impacto sobre el disfrute de los derechos humanos. Si no aseguran que las empresas que prestan esos servicios cumplan las obligaciones de derechos humanos, las consecuencias pueden ser perjudiciales para la reputación del propio Estado y atraerle problemas legales, de acuerdo a estos principios.

Ello significa que los estados de Panamá y Estados Unidos incumplieron sus obligaciones ante la ONU, al no haber exigido a las aerolíneas Copa Airlines, Southwest y American Airlines, que operan en sus territorios, respetar los derechos humanos de estas cubanas impedidas de retornar a su país.

Cuando se violan los derechos humanos, los afectados deben tener acceso a mecanismos eficaces de reclamación judicial y extrajudicial. También están previstas en los Artículos 7, 8 y 10 la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establecen el derecho a recibir un trato igualitario y prohíben discriminar o incluso facilitar cualquier tipo de discriminación. Además, disponen el acceso a recursos efectivos ante los tribunales nacionales competentes, que ampare a las personas contra vulneraciones de sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o las leyes. El último declara el derecho de toda persona, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

Es natural que el primer interés de las aerolíneas sea obtener ganancias o al menos no perderlas, pero tienen obligaciones que cumplir. El mencionado manual de la ONU establece que las empresas deben respetar los derechos humanos, lo que significa que deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación.

Esto, hasta el momento, no ha ocurrido en los casos de las cubanas Karla Pérez, Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola. Cuando las aerolíneas les impidieron abordar sus vuelos de regreso al país, ninguna les entregó copia certificada de resolución administrativa prohibiendo el acceso de ciudadanos cubanos a Cuba.

Ahora bien, si las aerolíneas desean ser alguaciles del Estado/Gobierno cubanos para defender sus propios intereses, impidiendo materialmente el abordaje de cubanos tras recibir comunicación de la decisión gubernamental, deben exigir, en un proceso de renegociación de los acuerdos de las autoridades competentes —como mínimo— el cumplimiento de los siguientes presupuestos técnico-jurídicos que garantiza el Derecho Internacional, así como la norma cubana vigente y la Constitución:

1. La aerolínea no puede negar el abordaje a un pasajero si antes no recibe una copia de la resolución administrativa que fundamente con alegaciones de hechos y derechos las razones del impedimento de acceso a territorio nacional. Estos fundamentos garantizarán el derecho a la defensa de los afectados y demostrarán a las aerolíneas que no existe un acto abusivo, ilegal o arbitrario de la parte cubana.
2. La resolución administrativa tendrá visible la identificación plena de la autoridad e institución que la dicta y firma. También deberá contener la delegación de facultades expresas en favor de la aerolínea para que sirva como especie de alguacil intermediario entre el Estado y Gobierno y las personas, en especial aquellas con ciudadanía o nacionalidad cubana.
3. La resolución administrativa, en base al "acuerdo marco" que se firme entre la parte cubana y la aerolínea, deberá esclarecer y reconocer el derecho de indemnización por daños y perjuicios al afectado por el gasto incurrido indebidamente en la compra del pasaje, demás movimientos y actividades que desarrolle al efecto del viaje. La resolución contendrá información sobre quién y cómo se resarcirá a la persona afectada. Esta información debe facilitarla la compañía, mientras el régimen de Cuba no comunique con anticipación suficiente a las aerolíneas la lista de personas que califican como impedidas de acceder a territorio nacional. Igual reconocimiento de derecho compensatorio sucederá, mientras no exista una sentencia judicial firme que reconozca la validez y legalidad del impedimento.
4. El "acuerdo marco" recogerá conforme a las reglas del derecho internacional privado, las vías, formas, términos de reclamación y qué leyes y tribunal serán competentes para resolver la controversia. Esta información debe aparecer en la copia que se entrega a la persona afectada, a fin de que pueda ejercer el derecho constitucional y universal de acceso a un sistema de justicia imparcial. Como la persona no puede entrar   al territorio nacional cubano, deberá concebirse como tribunal y leyes competentes las del país donde intentó abordar el vuelo, demandándose a la representación consular cubana situada en dicho Estado o nación extranjera.

Si las aerolíneas no desean forzar al Estado/Gobierno cubano cumplir los presupuestos mínimos anteriores o Cuba niega su reconocimiento, a los afectados les queda:

• Procurar satisfacer el derecho de resarcimiento por daños y perjuicios que ha causado la aerolínea accediendo al sistema interno de reclamación.
• Procurar asistencia y respuesta consular
• Como último recurso contra la impunidad, demandar judicialmente a la aerolínea y a la representación del Estado de Cuba conforme a las leyes vigentes del país dónde se ha producido la afectación, exponiendo los hechos violatorios, los daños y perjuicios causados y las pretensiones de justicia declarativas y compensatorias que considere la parte demandante.
• Denunciar, como último recurso, ante el alto comisionado de Naciones Unidas las presuntas violaciones de derechos humanos que cometan las aerolíneas.