Nueve meses después de la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de EEUU, el aparato represivo sigue intacto en Venezuela. Esta situación parece haber sido entendida a cabalidad en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde ha ocurrido la votación más alta desde 2019 a favor de mantener el escrutinio internacional sobre el régimen venezolano, ahora encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez.
Organizaciones venezolanas de derechos humanos y otras tantas foráneas saludaron de forma entusiasta la votación que tuvo lugar en Ginebra el pasado martes. Desde 2019, cuando la entonces alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, impulsó una veeduría sobre el régimen de Nicolás Maduro con mandato explícito para equipos técnicos por parte del consejo, no se había logrado una votación a favor tan nítida.
Durante su 63.º período de sesiones en Ginebra, el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela se renovó hasta septiembre de 2028. La resolución obtuvo 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco en contra. También renovó el seguimiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha regresado a Caracas una vez cayó Maduro.
La decisión en Ginebra sencillamente apunta a mantener bajo escrutinio internacional a un aparato represivo que, según el último informe de la propia misión, permanece esencialmente intacto pese a la captura y extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por parte de tropas estadounidenses, y a la asunción de un Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, en el marco de una nueva dinámica de cooperación de Caracas con Washington.
La votación registró el mayor respaldo numérico desde la creación del mecanismo en 2019. El texto fue impulsado por una coalición liderada por Chile e integrada, entre otros, por Argentina, Canadá, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay. En tanto, China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi votaron en contra. Entre las abstenciones figuran Brasil, México, Bolivia, India, Sudáfrica e Indonesia.
La delegación venezolana rechazó la prórroga. Sostuvo que los mecanismos extraordinarios deben complementar, y no sustituir, las capacidades nacionales, y que ha llegado el momento de superar escrutinios establecidos sin el consentimiento del Estado concernido.
Organizaciones venezolanas y extranjeras saludaron el resultado como un freno a la impunidad y un reconocimiento de que la documentación independiente sigue siendo necesaria. Provea, la ONG de derechos humanos de más larga trayectoria activa en el país, afirmó que la renovación reafirma que las actuaciones policiales y judiciales continuarán bajo escrutinio y denuncia internacional, y recordó que, a su juicio, el aparato represivo sigue intacto. Subrayó que los hallazgos de la Misión preservan evidencias para exigir verdad, justicia y reparación.
Laboratorio de Paz, otra iniciativa social, valoró la continuidad de la misión y de la Oficina del Alto Comisionado en un momento de cambios políticos, pero advirtió que la decisión no equivale por sí sola a un avance estructural: todavía deben verificarse reformas en justicia, rendición de cuentas y garantías de no repetición.
COFAVIC, fundada en 1989, agradeció a los estados que respaldaron la propuesta y celebró la continuidad del esfuerzo independiente contra la impunidad.
El abogado Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, escribió que la Misión es la que mejor ha documentado los patrones de represión en el país, en un comentario que publicó en la red social X.
Desde el exterior, Amnistía Internacional se sumó al beneplácito. Ana Piquer, su directora para las Américas, declaró que extender el trabajo de la Misión refuerza el interés de la comunidad internacional en la justicia y la rendición de cuentas por graves violaciones, incluidos crímenes de lesa humanidad, y constituye una señal de que el aparato represivo sigue vigente mientras la opacidad y la impunidad permanecen como regla.
Regímenes no democráticos hicieron públicas sus posiciones de rechazo. China justificó su voto en contra por considerar que la resolución implica presión externa e injerencia en los asuntos internos. Cuba, aliado histórico de Caracas y actualmente distanciado del Gobierno de Rodríguez, se alineó con Beijing quien lideró el rechazo a la renovación de la Misión.
La abstención de Brasil y México resultó especialmente llamativa por tratarse de gobiernos de izquierda en la región que tienen origen democrático.
La Misión fue establecida el 27 de septiembre de 2019 para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como violencia sexual, cometidos desde 2014. Nunca pudo realizar visitas in situ. Su trabajo se ha basado en entrevistas a distancia y presenciales (en otros países) con víctimas, testigos, exfuncionarios y abogados, en el análisis de expedientes judiciales, documentos confidenciales, material forense, fotografías, videos y fuentes abiertas.
Desde 2020 la Misión viene reiterando, en sucesivos informes, que existen motivos razonables para creer que varias de esas conductas se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, de conformidad con una política de Estado orientada a silenciar la disidencia, lo que configuraría crímenes de lesa humanidad, en particular el de persecución por motivos políticos.
Los informes del equipo de expertos independientes han identificado cadenas de mando, estructuras de los servicios de inteligencia y de las fuerzas de seguridad, y personas de rangos medios y altos con posible responsabilidad. En diciembre de 2025 la Misión concluyó que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana perpetraron y contribuyeron de manera directa, durante más de una década, a privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual y de género, tanto en el control de protestas (2014, 2017, 2019 y 2024) como en acciones selectivas.
En tanto, en el informe presentado en septiembre de 2026, elaborado por Sofía Macher (Perú, presidenta), Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México), se examinó el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. Fue constatado que, pese a una disminución de ciertas detenciones y al restablecimiento parcial de la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado, no se observa una ruptura genuina y sostenible respecto de los patrones previos. En Venezuela el aparato represivo permanece intacto.
Esos informes han alimentado de manera sostenida el expediente de la Corte Penal Internacional. La Fiscalía abrió en 2021 una investigación formal sobre la situación en Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos al menos desde 2017. La documentación de la misión —patrones, cadenas de mando, identificación de posibles autores y análisis de la política de Estado— constituye uno de los insumos públicos más sistemáticos disponibles para esa investigación y para procesos bajo jurisdicción universal, como los que se han abierto en Argentina.
Hace unos dos meses perdí mi inversión a manos de una mujer ucraniana que se hacía pasar por experta en inversiones de una empresa de criptomoneds. Tras innumerables denuncas ante las autoridades sin obtener ninguna respuesta útil, contacté con el equipo de recuperación de Trustwavecybertech @ gmail com y ellos me ayudaron a recuperar los fondos.