El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas renovó por dos años el mandato de la Misión Independiente de Investigación para Venezuela el martes, un año después de que el periodista de DIARIO DE CUBA Salvador Bracho informara de que la crisis de financiamiento que vivía el organismo internacional había dejado reducida al mínimo la misión que documenta crímenes de lesa humanidad en el país gobernado por el chavismo.
La misión independiente, creada en 2019 y con mandato hasta 2026 por decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quedó reducida en la práctica a dos personas: su presidenta y un investigador, en octubre del año pasado.
El texto aprobado el martes con 25 votos a favor y 17 abstenciones valora positivamente algunos pasos dados en Venezuela, como el restablecimiento de la cooperación y el diálogo con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, pero expresa preocupación por "continuas y graves violaciones y abusos", según la agencia española de noticias EFE.
Solo cinco estados, entre ellos Cuba, votaron contra la resolución. Los otros fueron China, Vietnam, Egipto y Burundi.
Antes de la votación, la delegación venezolana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU rechazó la continuidad del mandato de la misión en su país.
"Ha llegado el momento de superar mecanismos de escrutinio establecidos sin el consentimiento del Estado concernido", señaló la delegación del chavismo.
"Consideramos igualmente necesario que cualquier renovación de este mecanismo contemple una perspectiva clara para su terminación. Los mecanismos extraordinarios no deberían perpetuarse indefinidamente ni renovarse de manera automática", subrayó.
La resolución solicita a la misión, integrada actualmente por Sofía Macher (Perú), Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México), que presente informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante las sesiones que el Consejo celebrará en otoño de 2027 y de 2028.
En octubre del año pasado, al informar sobre la significativa reducción de la misión, Salvador Bracho advirtió que no se trataba de "un accidente administrativo, sino que termina siendo un golpe de suerte a favor del chavismo".
"La misión venía documentando y recopilando prácticas sistemáticas y masivas de violaciones a derechos humanos ocurridas a partir de 2014, un año después de que Nicolás Maduro llegara al poder en Venezuela", recalcó el periodista de DIARIO DE CUBA.
Días antes, a finales de septiembre de 2025, la misión había emitido un informe en el que señalaba la existencia de crímenes de lesa humanidad durante la escalada represiva del régimen de Maduro que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En esos comicios, el oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor al dirigente chavista sin mostrar las actas electorales, lo que provocó protestas populares en todo el país.
La presidenta de la misión entonces, Marta Valiñas, afirmó que no solo no había habido mejoras, "sino que las violaciones se han intensificado, alcanzando niveles de violencia sin precedentes", según Bracho.
El propio periodista de DIARIO DE CUBA documentó, en julio de 2026, que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), señalados por la misión independiente de la ONU por desempeñar un papel significativo en la represión durante el régimen de Maduro, estaban a cargo de la seguridad de campamentos y albergues temporales donde se refugiaban damnificados de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela a finales de junio.
Una exmagistrada del Tribunal Supremo venezolano denuncia coacción para inhabilitar a María Corina Machado
La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela Bárbara César Siero denunció el martes en sus redes sociales que fue coaccionada, mediante el secuestro de miembros de su familia, para que inhabilitara a la líder opositora María Corina Machado.
La jurista relató en un video que, el 15 de diciembre de 2023, el mismo día en que Machado interpuso una demanda ante el TSJ para que se revisara la inhabilitación que le había sido impuesta un año antes, fueron detenidos sus dos hermanos y su cuñada, todos oficiales del Ejército de Venezuela.
"A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos", denunció César Siero.
Ante el temor de que les sucediera algo a sus allegados, la magistrada firmó varias sentencias de inhabilitación para ejercer cargos políticos, entre ellas la de Machado, ganadora de las primarias opositoras en octubre de 2023.
César Siero también dijo haber sido obligada a renunciar a su cargo en el TSJ en dos ocasiones.
