En Chile se ha iniciado el juicio por el secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Santiago en febrero de 2024. Para la Fiscalía no fue un crimen común, sino una operación política transnacional: un encargo negociado y pagado, según esa dependencia judicial, por Diosdado Cabello, uno de los jerarcas más poderosos del chavismo, y ejecutado por el Tren de Aragua como una especie de outsourcing criminal.
En este histórico juicio, tal como lo calificaron organizaciones de derechos humanos de Venezuela, están en el banquillo de acusados decenas de presuntos sicarios y organizadores, pero en verdad se plantea una acusación de extrema gravedad: que un alto funcionario de Estado habría utilizado una organización delictiva continental para eliminar a un disidente asilado en otro país.
Cabello se ha burlado en el pasado de esta tesis que ahora cobra tono formal, y el Gobierno de Venezuela sencillamente evita hablar del caso. Dado que la Constitución venezolana prohíbe de forma expresa extraditar a sus nacionales, es muy improbable que Cabello comparezca ante un tribunal de Chile, aunque sí puede ser condenado en ese país si es hallado culpable de este terrible crimen.
El 21 de febrero de 2024, un grupo de hombres vestidos como agentes de la Policía de Investigaciones irrumpió en el departamento de Ojeda en la capital chilena. Lo sacaron a la fuerza. No hubo pedido de rescate a la familia, un rasgo que, para los investigadores, se aleja del modus operandi habitual de extorsión de la banda tristemente célebre del Tren de Aragua, un grupo criminal que se expandió por la región al cobijo de sus operaciones desde una cárcel venezolana, lo cual solo podría hacer con la complicidad de las autoridades.
El 1 de marzo de 2024, el cuerpo de Ojeda apareció enterrado bajo una construcción. La autopsia estableció muerte por asfixia. El fiscal regional Héctor Barros Vásquez, coordinador de los equipos contra el crimen organizado en la Región Metropolitana, ha descrito un plan logístico "sofisticado" hasta entonces inédito en Chile: extracción, ejecución, entierro ilegal e intento de desaparición.
Ojeda, de 32 años, era un militar disidente. Salió de Venezuela en 2017, acusado de participar en un intento de desestabilización contra el régimen de Nicolás Maduro. En Chile obtuvo estatus de refugiado. A finales de 2023 volvió a aparecer en el radar de Caracas: el Ministerio de Defensa lo señaló por "actos conspirativos". Según la reconstrucción chilena y reportajes periodísticos posteriores, el 13 de diciembre de 2023 se reunió en la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, con exmilitares y activistas universitarios para realizar acciones en contra de Maduro.
Ojeda se reunió, entre otros, con el militar retirado Ángelo Heredia y el dirigente estudiantil Pablo Parada. La investigación sostiene que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), uno de los principales cuerpos represivos según una misión de expertos de la ONU, habría recurrido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para ubicarlos y capturarlos en suelo colombiano. Ojeda escapó, cruzó por tierra a Ecuador, luego Perú y finalmente regresó a Chile. Dos meses después lo mataron.
Tras dos años de pesquisa en Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos, Barros afirmó de manera explícita que "el que se encarga de hacer la negociación es Diosdado Cabello y quien estaría detrás del pago" por la muerte de Ojeda. La hipótesis es que la orden bajó de Cabello al líder histórico del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, y de este a la célula chilena conocida como Los Piratas de Aragua. La célula habría recibido al menos la mitad de la suma pactada; el resto se habría quedado en la cúpula.
Cabello es ministro del Interior desde 2024 y en tal función tiene a su cargo diversos cuerpos de seguridad del Estado. Antes de ser ministro, ya tenía una nítida ascendencia, según denuncias de ONG locales, sobre el aparato represivo. Personas señaladas por Cabello en su programa de televisión fueron posteriormente perseguidas o detenidas en Venezuela, en los años de la feroz represión bajo el Gobierno de Maduro.
Para observadores, la gravedad del caso Ojeda no reside solo en el nombre del acusado. Reside en el tipo de alianza que se describe. El Tren de Aragua no aparece aquí como un grupo que delinque por cuenta propia en barrios y cárceles, sino como un instrumento contratado: cooptado, negociado y usado para una misión de Estado fuera de Venezuela. El portal especializado InSight Crime ha señalado que, de probarse, esa relación sería pragmática más que ideológica: el chavismo recurriría a la banda para no involucrarse y quedar comprometido ante otro Estado.
El brazo ejecutor de este caso, que ha puesto a prueba a la Fiscalía chilena, ha sido desmontado por partes. Hubo detenciones y extradiciones a Chile de integrantes de la banda, ligados al caso, desde Estados Unidos, Colombia, y Costa Rica. Hay 24 detenidos entre Chile y el extranjero, seis prófugos con alerta roja y un juicio que involucra a 34 integrantes de la organización, mientras que el nombre de Cabello ha aparecido como quien dio las órdenes de ejecución y de pago.
El 13 de junio de 2026, Niño Guerrero murió en una operación conjunta de Estados Unidos y Venezuela en minas del estado Bolívar, junto a otros jerarcas prófugos. El fiscal Barros fue claro: "El Tren de Aragua va a seguir funcionando igual". La banda tiene estructura piramidal y capacidad de reemplazo. La muerte del fundador no borra la acusación de que, en vida, habría recibido el encargo de parte de Cabello.
Más allá de que Cabello no sea juzgado en Chile y que además parezca improbable que llegue a ser detenido por este caso, la investigación ha puesto de relieve lo que podría ser un patrón del chavismo en el período de la represión sin control bajo Maduro. Para activistas venezolanos, el asesinato de Ojeda no debe ser visto como un episodio excepcional, y más bien debe enfocarse como la evidencia de un método: externalizar la violencia política a grupos criminales transnacionales para mantener distancia formal del Estado y complicar la imputación.