La crisis eléctrica, ya crónica, que mantiene a Venezuela en una suerte de semioscuridad cotidiana, con cortes diarios y prolongados que se han intensificado especialmente en el occidente del país, se ha convertido en un obstáculo estructural para los ambiciosos planes de expansión petrolera que diseña EEUU en alianza con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.
Mientras Washington impulsa la reactivación de la industria de hidrocarburos con contratos a empresas estadounidenses y consorcios internacionales, el colapso del Sistema Eléctrico Nacional —fruto de casi dos décadas de desinversión, corrupción y manejo estatista ineficiente tras la nacionalización de 2007— amenaza con limitar la recuperación productiva y desalentar las inversiones necesarias.
Desde marzo pasado, los apagones se han extendido y se hicieron diarios. En ciudades del occidente y centro, como Valencia, Maracay, zonas de Zulia, Lara y Aragua, los cortes alcanzan entre seis y 12 horas diarias, y en sectores críticos llegan a diez o 20 horas.
Caracas, tradicionalmente más protegida, acaba de sumarse formalmente al racionamiento: los centros comerciales operarán bajo un esquema de restricciones de al menos ocho semanas, según el acuerdo anunciado entre las autoridades y la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (CAVECECO). Es la primera vez que la capital se incluye de manera estructurada en este tipo de contingencia aplicada al sector comercial.
El Gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en enero tras la captura de Nicolás Maduro por EEUU, atribuye la situación a los efectos del fenómeno climático El Niño, que habría elevado la demanda por el calor y reducido los aportes hidroeléctricos. Sin embargo, expertos y datos técnicos desmienten esa narrativa.
El parque termoeléctrico, con 21.000 megavatios (MW) de capacidad instalada, genera apenas 2.700 MW —menos del 13% de su potencial—, mientras las hidroeléctricas del bajo Caroní (Guri, Caruachi y Macagua) aportaron 9.515 MW en julio. Venezuela tiene un déficit estructural frente a una demanda que ha superado los 15.000 MW en picos recientes.
Un reportaje de El Nacional, en Caracas, precisa que plantas emblemáticas permanecen fuera de servicio o a media capacidad: Tacoa (La Guaira), de 1.800 MW, está totalmente inoperativa y su Máquina 9 fue desmantelada para chatarra; Planta Centro (Carabobo), de 2.600 MW, completamente paralizada, aunque el Ejecutivo anuncia la reactivación de su unidad 6 (600 MW) para octubre; Ramón Laguna (Zulia) y Don Luis Zambrano (Mérida) también están fuera de servicio.
El ingeniero electricista Alberto Fuentes, exgerente de Corpoelec y del complejo Tacoa, lo resume con claridad: la ausencia de mantenimiento programado es el problema central. "Es como un vehículo al que no se le cambia el aceite de forma periódica", afirma. Rehabilitar cada megavatio exige al menos 160.000 dólares; una unidad de 160 MW requiere cerca de 24 millones de dólares en inversiones recurrentes.
Esta realidad no es nueva ni coyuntural. El sistema eléctrico fue estatizado en 2007 por el entonces presidente Hugo Chávez. Desde entonces, la desinversión crónica, la corrupción en la adjudicación de contratos, el uso de repuestos inadecuados y la sustitución de gas natural por diésel —que acelera el deterioro— sumieron al país en una crisis estructural.
Expertos estiman que se necesitan unos 12.000 millones de dólares para recuperar plenamente el sistema afectado por la falta de inversión, la corrupción y las estatizaciones de las últimas dos décadas del chavismo. El Gobierno de Rodríguez promete incorporar 4.000 MW este año, suficientes en teoría para siete millones de hogares, pero especialistas advierten que la meta es de difícil alcance.
La población no espera en silencio. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 3.495 protestas en el primer semestre de 2026, un incremento del 179,8% respecto al mismo período de 2025. De ellas, alrededor de un 10% estuvieron vinculadas directamente a los apagones.
Este 14 de agosto solamente, el OVCS documentó 20 protestas en 13 estados, muchas de ellas por electricidad. En Valencia, al centro del país y antiguo hub industrial en la Venezuela pre-Chávez, los cortes de cinco a siete horas diarias paralizan fábricas y comercios. Empresas reportaron un promedio de 57 interrupciones no programadas —cinco por semana— solo en el segundo trimestre.
A esta crisis se suma un elemento que ha causado indignación en redes sociales. Como ha documentado el portal El Pitazo en investigaciones previas y recientes reportes periodísticos, ha salido a la luz pública la relación de Alejandro Betancourt con el Gobierno de Delcy Rodríguez. El empresario, señalado en casos de corrupción durante los años de Chávez por la compra e importación de equipos para las termoeléctricas a través de Derwick Associates, asesora ahora en la reactivación petrolera.
Derwick obtuvo al menos 11 contratos sin licitación por unos 5.000 millones de dólares; Transparencia Venezuela calculó sobreprecios cercanos a 2.900 millones. Muchas de esas plantas, literalmente, hoy están en el suelo u operan muy por debajo de su capacidad.
Betancourt, investigado en España y otras jurisdicciones por presunto blanqueo vinculado a PDVSA, se ha convertido en un interlocutor entre Caracas y Washington, lo que genera interrogantes sobre si las prácticas del pasado se reproducen bajo el nuevo esquema de tutelaje de Washington sobre lo que analistas denominan el "tercer chavismo" encabezado por Delcy Rodrìguez y su hermano Jorge Rodrìguez, presidente de la Asamblea Nacional.
Los planes de expansión petrolera de EEUU son ambiciosos. Tras la reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por Rodríguez, se han firmado acuerdos con diversas empresas de EEUU y Europa. El mismo Donald Trump ha hablado de inversiones de hasta 100.000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura petrolera.
Tras la caída de Maduro, en enero, la producción petrolera ha subido y las exportaciones a EEUU se recuperaron. Sin embargo, la industria petrolera depende críticamente de un suministro eléctrico estable.
Fuentes periodísticas especializadas y expertos del sector coinciden en que, si se rehabilitara al menos el 50% de las termoeléctricas instaladas, se podrían recuperar hasta 10.000 MW, más que suficientes para la demanda actual.
El tiempo, sin embargo, juega en contra, además se desconocen los montos que ha estado invierto realmente el Gobierno interino en el sector. La falta de transparencia es otro elemento en juego, teniendo además vinculado a Rodríguez a una figura tristemente célebre como Betancourt.
Venezuela literalmente vive a media luz. Los hogares pierden alimentos y electrodomésticos por las fluctuaciones; los hospitales dependen de generadores precarios; el comercio reduce horarios; el agua escasea porque las bombas no funcionan. Ante todo esto, el Gobierno interino se niega a admitir que la raíz está en el modelo chavista de control estatal sin responsabilidad ni mantenimiento.
Para EEUU, en tanto, la ecuación es simple, sin electricidad, no hay expansión posible. Para expertos, sin embargo, recuperar el sistema exige no solo miles de millones de dólares, sino un cambio profundo en la gestión, alejado de la corrupción y la ineficiencia que lo llevaron al colapso.
