En los primeros días de su Gobierno, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, registra un respaldo mayoritario de la ciudadanía, según la primera encuesta nacional de opinión pública posterior a su toma de posesión. Un estudio de Datum Internacional, publicado por el diario El Comercio, revela que el 60% de los peruanos aprueba su gestión inicial, frente a un 24% que la desaprueba y un 16% que no opina.
Este nivel de apoyo, dejando atrás el disputado resultado de su elección, se combina con elevadas expectativas en torno a las medidas económicas de un Gobierno de orientación conservadora, centrado en el impulso de la inversión privada, la generación de empleo y la recuperación del orden interno.
Fujimori asumió la presidencia el 28 de julio para el periodo 2026-2031, tras imponerse en la segunda vuelta por un margen estrecho: 50,135% de los votos válidos (9.223.396 sufragios) frente al 49,865% del candidato de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (9.173.755 votos). La diferencia de apenas 49.641 papeletas consolidó su victoria en el cuarto intento de alcanzar el poder, después de derrotas en 2011, 2016 y 2021.
La encuesta de Datum, realizada entre el 5 y el 7 de agosto a 1.205 personas a nivel nacional, captura el clima de los primeros días de administración y muestra un optimismo mayoritario: el 62% de los encuestados se declara optimista sobre el futuro del país, contra un 32% pesimista.
El respaldo no es uniforme. Alcanza su pico en el norte (66% de aprobación y 17% de rechazo), seguido de Lima y Callao (64% y 19%), el centro (62% y 27%) y el oriente amazónico (54% y 28%). En el sur, bastión tradicional del antifujimorismo, donde perdió la elección, la aprobación se sitúa en 44% frente a un 39% de desaprobación, una cifra que rompe con patrones históricos de rechazo más pronunciado al inicio de gestiones anteriores.
Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el apoyo trepa al 71%, 11 puntos por encima del promedio nacional, un fenómeno que analistas de Datum atribuyen en parte a la estrategia de comunicación digital de la mandataria.
Las expectativas se concentran de manera especial en la esfera económica, alineadas con el perfil conservador del Gobierno de Fuerza Popular. El 71% de los encuestados confía en que Fujimori impulsará la inversión privada, el 66% en que generará más empleo y el 65% en que mejorará la economía del país. Estas cifras reflejan la esperanza de que la administración revierta años de inestabilidad política, cambios frecuentes de gabinete y desaceleración económica. Adicionalmente, el 62% cree que "pondrá orden en el país", el 60% que reducirá la delincuencia y el 51% que disminuirá la corrupción.
En su primer mensaje a la Nación ante el Congreso bicameral, el 28 de julio, Fujimori anunció un paquete de medidas que apuntan precisamente a esas expectativas. Entre las más destacadas figura el incremento de la remuneración mínima vital en aproximadamente un 15%, acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, destinado a facilitar la formalización y absorber el mayor costo laboral.
En el plano de la seguridad, Fujimori priorizó la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad. Anunció que los militares se sumarán a las tareas de la Policía Nacional, patrullarán las calles, liderarán la seguridad ciudadana en zonas declaradas en estado de emergencia y asumirán el control de las cárceles. La encuesta de Datum registra un respaldo abrumador a estas medidas: un 87% de acuerdo con que las Fuerzas Armadas se sumen a la Policía y patrullen, un 86% con que lideren en emergencias y un 85% con que se encarguen de los penales.
El Ejecutivo de Fujimori también prepara la solicitud de facultades legislativas al Congreso por 120 días para legislar por decreto en materias de seguridad ciudadana y sistema penitenciario, prevención del fenómeno El Niño, economía, trabajo, simplificación administrativa, desarrollo productivo y modernización del Estado.
El Ministerio de Economía anunció la creación de cuatro comisiones presidenciales integradas por expertos, gremios y sindicatos para combatir la informalidad laboral, reformar el mercado financiero, mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública (donde el 45% de las obras no se terminan) y reducir la evasión tributaria. Asimismo, el Gobierno evalúa ajustes fiscales y ha cuestionado leyes de gasto aprobadas por el Congreso anterior que, a su juicio, carecen de financiamiento.
Desde la oposición de izquierda, las reacciones han sido críticas. Roberto Sánchez, el principal rival electoral y líder de Juntos por el Perú, cuestionó el incremento del sueldo mínimo como insuficiente y "desvirtuado". En mensajes en redes sociales acusó al Gobierno de ofrecer "un pequeño calmante" con fines políticos, mientras su verdadera política sería "antilaboral".
La coalición de Fuerza Popular y aliados no cuenta con mayoría absoluta en ambas cámaras, por lo que necesitará votos adicionales. Un 47% de los encuestados por Datum anticipa una actitud de confrontación del Congreso, frente a un 44% que espera diálogo, aunque el 67% opina que el Legislativo debería conceder las facultades pedidas.
Comparativamente, el 60% de aprobación inicial de Fujimori se sitúa en términos similares al inicio de las gestiones de Ollanta Humala (62% en 2011) y Pedro Pablo Kuczynski (61% en 2016), pero supera ampliamente el 39% con el que Pedro Castillo inició su mandato en 2021. Analistas destacan que el respaldo actual se asienta más en la ilusión de un cambio tras años de crisis que en resultados tangibles aún escasos.
Urpi Torrado, presidente ejecutivo de Datum Internacional, aseguró a El Comercio que, "incluso entre quienes no votaron por ella (Keiko Fujimori), parece existir cierta disposición a observar primero los resultados de su gestión".
Para este experto en estudios de opinión pública, "el 60 por ciento representa un buen punto de partida, pero también una responsabilidad. El ciudadano suele ser pragmático y la confianza inicial dependerá de los resultados que perciba en los próximos meses". En todo caso, diversos analistas coinciden en que la presidenta conservadora gozará en los primeros tres meses de una luna de miel con una población a la expectativa de su gestión.
De esa forma, el Gobierno de Fujimori enfrenta el desafío de traducir este capital político inicial en resultados concretos.
