La semana pasada en los corrillos de la Organización de Estados Americanos (OEA) emergió con claridad la estrategia que seguirá EEUU ante la dictadura en Nicaragua, tras capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, y mantener una presión sostenida sobre el régimen castrista de Cuba. Washington concertará una presión regional sobre Managua.
La Administración Trump, a través del Departamento de Estado, ha intensificado su ofensiva diplomática contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, pero según observadores con un enfoque deliberadamente diferente al que ha caracterizado su política hacia las otras dos dictaduras del hemisferio: Venezuela y Cuba.
En lugar de actuar como un actor solitario basado principalmente en sanciones unilaterales y aislamiento bilateral, Washington está empujando activamente a la OEA y a sus socios regionales para construir una respuesta colectiva que vaya más allá de las condenas retóricas. El detonante fue el anuncio del 19 de julio, cuando Ortega declaró públicamente que "aquí no volverá a haber elecciones", seguido de la convocatoria a reformas constitucionales que buscan institucionalizar un modelo dinástico sin competencia política genuina.
EEUU ha pedido explícitamente una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA. Precedida el 5 de agosto por una sesión extraordinaria del Consejo Permanente solicitada por la misión estadounidense en la que Michael Kozak, subsecretario de Estado (interino) para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, presentó un proyecto de resolución que exige "acciones reales y colectivas" desde el seno de la OEA.
Días después, la propia misión estadounidense ante el organismo interamericano reiteró que "es hora de ir más allá de las declaraciones y tomar medidas concretas".
El contraste con Venezuela y Cuba es evidente. En el caso venezolano, EEUU lideró durante años un régimen de sanciones económicas y financieras casi en solitario, ya que no concertó estrategias con la Unión Europea, que por su lado también estableció sanciones contra el régimen de Maduro.
Con Cuba, la política de aislamiento y el embargo se han mantenido como herramientas bilaterales, con escasa capacidad de movilización colectiva hemisférica. En Nicaragua, tras la retirada formal del país de la OEA en noviembre de 2023, Washington ha optado por instrumentalizar el foro regional para forzar una respuesta multilateral, según analistas.
Un grupo de diez estados miembros —Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay— emitió una declaración conjunta el 4 de agosto de 2026 en la que expresa "profunda preocupación" por el anuncio de Ortega y condenó "toda medida constitucional, legislativa o administrativa dirigida a eliminar la competencia electoral genuina y el pluralismo político". La declaración advierte que unas elecciones "sin una competencia política genuina no pueden constituir una expresión libre y democrática de la voluntad popular" y recuerda las obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta Democrática Interamericana.
Sin embargo, no todos los actores regionales coinciden en la profundidad de la respuesta. México y Brasil formularon reservas durante la sesión del Consejo Permanente, priorizando canales de diálogo y advirtiendo sobre la necesidad de ponderar cuidadosamente la convocatoria a los cancilleres.
El analista Daniel Zovatto, politólogo y experto en democracia latinoamericana, no escatimó críticas a la tibieza de algunas reacciones: "Que tristeza. Que impotencia siento. Pobre Nicaragua, convertida en una finca privada de la dictadura Ortega-Murillo donde hacen y deshacen a su antojo con total impunidad. La tibieza vuelve a imponerse".
Para Zovatto, ex director regional del instituto Idea Internacional, para los actores internacionales "ya debería estar claro que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tiene intención alguna de revertir su proceso de un modelo dinástico y dictatorial. La experiencia demuestra que las declaraciones de condena, por más reiteradas que sean carecen de capacidad disuasoria cuando no van acompañadas de medidas concretas, coordinadas y eficaces".
A juicio de este experto, en comentarios a DIARIO DE CUBA, lo verdaderamente sorprendente no es la reacción del régimen, sino que, después de tantos años, "numerosos gobiernos del hemisferio o permanezcan callados, o se escuden en una interpretación vergonzosa del principio de no intervención o sigan actuando como si una nueva declaración fuera suficiente para trazarle líneas rojas a esta brutal dictadura".
Por su parte, la comisionada Rosa María Payá, figura relevante del activismo prodemocracia de Cuba y actual relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que "las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la persecución religiosa, la violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y la represión política de la dictadura de Ortega-Murillo han instaurado el miedo en la ciudadanía. Los nicaragüenses viven bajo un régimen sin garantías ni libertades que intenta silenciarlos sistemáticamente".
Payá enfatizó una frase que ha resonado con fuerza sobre la responsabilidad que tiene la OEA: "El Estado de Nicaragua se retiró de esta organización, los nicaragüenses no". Payá insistió en que el sistema interamericano debe activarse para proteger a las víctimas del régimen nicaragüense.
En una clara demostración de la línea que seguirá la OEA, el secretario general de la entidad, Albert R. Ramdin, se reunió con nicaragüenses exiliados y representantes de la sociedad civil. En su mensaje, subrayó que "la erosión de la democracia en el país nunca es únicamente un asunto interno, sino un desafío con graves consecuencias regionales que requiere una respuesta colectiva".
Reiteró el compromiso de la organización con la liberación de todos los privados de libertad por razones políticas y con el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus autoridades en elecciones libres y justas.
Para los observadores el cerco que propicia EEUU sobre la pareja presidencial de Nicaragua se ha completado con la decisión de la Administración Trump al nominar a Natasha Franceschi como embajadora ante el país centroamericano, una diplomática de carrera con experiencia en escenarios de alta conflictividad (Irak, Siria, Túnez, Eslovaquia).
La nominación, que ocurre tras más de tres años sin embajador residente, envía una señal de que Washington no abandona el canal bilateral, pero lo subordinará a la presión regional. El editor de La Prensa, Juan Sebastián Chamorro, desde su exilio, interpretó el nombramiento como un dilema para la dictadura: rechazarla agudizaría la confrontación; aceptarla significaría lidiar con una funcionaria experta en regímenes autoritarios.
Washington parece haber puesto las cartas sobre la mesa.
