En la Venezuela post-Maduro, el 12 de junio de 2026 será recordada como una fecha hito: ese día, el presidente Donald Trump anunció en Truth Social que el Comando Sur de EEUU había ejecutado un "ataque cinético rápido y letal" que logró "con éxito ejecutar" a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", líder histórico de la banda delictiva Tren de Aragua.
Trump dio la primicia y luego desde Caracas, el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, al mando tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, confirmó que el cabecilla fue "neutralizado" durante una operación en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, una zona rica oro y minerales de uso estratégico.
Ha sido el primer ataque directo y letal ejecutado por fuerzas estadounidenses dentro del territorio venezolano. La capacidad de un ataque de este tipo fue proporcionada por fuerzas del Comando Sur mediante lo que parece un bombardeo o misil sobre una vivienda o instalación en esa zona minera.
No hubo intento de captura, detención ni traslado a la Justicia: se optó por la eliminación inmediata a distancia. Esta modalidad configura, en la práctica, un sistema de juicio sumario ejecutado por vía militar. Se trata de una estrategia ya ensayada por Washington contra las llamadas "narcolanchas".
Desde agosto del año pasado, cuando comenzó el cerco naval que desembocó en la captura y extracción de Maduro, la Administración Trump ha aplicado una política similar en el Caribe y el Pacífico oriental contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. En varios casos documentados, buques o aeronaves estadounidenses abrieron fuego letal contra estas lanchas en aguas internacionales, causando decenas de muertes sin que se intentara la captura de los tripulantes ni su presentación ante tribunales.
En algunas ocasiones, la Administración Trump las vinculó bien al llamado Tren de Aragua o bien al Cartel de los Soles, la agrupación criminal que, según EEUU, era impulsada desde las fuerzas armadas durante el régimen de Maduro.
En ambos escenarios —marítimo y ahora terrestre en Venezuela— Washington ha optado por la fuerza letal directa en lugar de los mecanismos tradicionales del derecho internacional. Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Guerra refuerzan la interpretación de una ejecución extrajudicial planificada contra actores considerados amenazas terroristas o criminales transnacionales.
Antes del 3 de enero de 2026, el chavismo se mostraba escandalizado ante cualquier acción o acusación estadounidense relacionada con el crimen organizado. Voceros como Diosdado Cabello negaban sistemáticamente la existencia del Tren de Aragua o afirmaban que había sido erradicado tras el operativo de 2023 en la cárcel de Tocorón. Maduro repetía que la banda "ya no existía" en Venezuela.
Estas afirmaciones fueron desmentidas reiteradamente por investigaciones periodísticas y de organizaciones especializadas. La caída de Maduro el 3 de enero abrió un nuevo momento que en este caso se puede observar con nitidez. El Gobierno interino de Delcy Rodríguez no solo reconoció la operación contra el "Niño Guerrero", sino que la presentó como "combinada" y confirmó la muerte del líder criminal.
Esta cooperación pragmática contrasta radicalmente con la retórica "anti imperialista" anterior. El chavismo de Maduro y antes de Chávez, otrora indignado ante cualquier injerencia, ahora con Rodríguez valida y participa en un ataque militar estadounidense en territorio nacional contra un objetivo que durante años negó que existiera.
El Tren de Aragua surgió como una mega banda carcelaria en el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), en el estado Aragua. Según la exhaustiva investigación de la periodista venezolana Ronna Risquez, autora del libro El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, y los reportes de InSight Crime, la organización se consolidó bajo el sistema de "pranes" impulsado por el Gobierno chavista a partir de 2011.
Los "pranes" (presos con posición de mando en las prisiones) tomaron a sangre y fuego el control interno de las cárceles a cambio de mantener el orden aparente. Héctor Rusthenford Guerrero Flores, nacido en 1983 en una barriada de Maracay, ascendió rápidamente.
A los 17 años ya estaba vinculado al microtráfico y asesinatos de policías. Capturado por robos, en Tocorón se convirtió en uno de los "pranes" principales. Bajo su liderazgo, la prisión se transformó en un feudo criminal con piscina, discoteca (Tokio), zoológico, restaurante y hasta un estadio de béisbol.
Desde allí controlaba extorsión ("la causa"), tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. La periodista Risquez documentó cómo Guerrero Flores gestionaba finanzas paralelas al Estado, ofreciendo seguridad y lujos a cambio de lealtad.
InSight Crime, por su parte, detalla que el grupo pasó de ser una banda carcelaria a una estructura transnacional. Tras fugas y la gran operación de2023 en Tocorón (11.000 efectivos), que no logró capturar a Guerrero Flores, el liderazgo se refugió en zonas mineras del Arco Minero, especialmente Las Claritas, en Bolívar, donde operaba con remanentes vinculados a la minería ilegal de oro.
Para observadores, la permanencia de los líderes criminales dentro del territorio venezolano, pero lejos de las cárceles, demostraba la aquiescencia del poder chavista con esta banda criminal. La expansión internacional del Tren de Aragua se aceleró con la crisis migratoria venezolana. Se establecieron células criminales en Colombia, Perú, Chile y EEUU, dedicadas a extorsión a comercios y migrantes, tráfico de personas, microtráfico y violencia.
Chile había emitido una orden de captura contra él en 2023. EEUU lo tenía en su lista de más buscados, con recompensa de hasta cinco millones de dólares, y lo designó como parte de una organización terrorista extranjera. Reportes de Infobae han documentado cómo la banda revolucionó el crimen organizado en la región, pasando de control carcelario dentro de Venezuela a operaciones transnacionales coordinadas.
La muerte del "Niño Guerrero" debilita significativamente la cúpula histórica del Tren de Aragua, aunque células locales y remanentes podrían reacomodarse. Más allá del impacto criminal, para observadores el hecho establece un precedente geopolítico y jurídico de primer orden: EEUU dispuesto a realizar ataques militares directos y letales dentro de Venezuela contra objetivos criminales.
La estrategia ya probada contra narcolanchas se extiende ahora a territorio continental. El chavismo, en tanto, que durante años negó la existencia de la banda criminal y se escandalizaba ante cualquier acción estadounidense, ahora la valida desde una posición de subordinación tras la caída de Maduro. El ataque en Bolívar no solo eliminó a un peligroso criminal: también ha enterrado varios símbolos de la narrativa oficial chavista.
