La Duma (Cámara de Diputados) de Rusia aprobó el miércoles 13 de mayo en segunda y tercera lectura una ley que permite el uso de las Fuerzas Armadas para "la protección de ciudadanos rusos" detenidos en el extranjero, la cual abriría la puerta a futuras intervenciones militares del Kremlin.
La iniciativa fue aprobada por 381 diputados, con cero abstenciones y ningún voto en contra, según informó el diario digital ruso RBC.
De ser promulgada por Vladímir Putin, la ley entrará en vigor diez días después de su publicación.
La norma contempla entre otras cosas "el posible empleo extraterritorial por decisión del presidente de la Federación de Rusia de unidades de las Fuerzas Armadas para la defensa de ciudadanos rusos", señala el texto.
Su objetivo es, añade, "la defensa de los derechos de los ciudadanos en caso de arresto, detención, persecución penal o de otra clase por decisión de los tribunales de países extranjeros".
El jefe del Comité de Defensa de la Duma, Andréi Kartapólov, afirmó que la legislación permitirá evitar situaciones como la ocurrida con el arqueólogo ruso Alexandr Butiaguin, detenido en Polonia a petición de Kiev por realizar unas excavaciones en Crimea, anexionada por Moscú en 2014, que Ucrania considera ilegales.
Butiaguin finalmente salió en libertad y volvió a Rusia en el marco de un canje de presos.
Según Kartapolov, la aprobación de la ley no significará el uso automático del Ejército, pero su mera existencia servirá para advertir a países extranjeros contra "ciertos comportamientos".
En abril de 2023, las autoridades rusas introdujeron una enmienda a la Ley Federal sobre Seguridad, que permite al jefe del Estado "tomar medidas para la defensa de Rusia y sus ciudadanos en caso de que organizaciones extranjeras e internacionales actúen o adopten acciones que se contradigan con los intereses de la Federación de Rusia".
Dicha enmienda no precisaba qué medios podía utilizar el presidente para cumplir con lo estipulado por la ley, algo que queda manifiestamente claro en esta nueva legislación.
Los dirigentes rusos mantienen que la actual campaña militar en Ucrania, que dura ya más de cuatro años, busca garantizar la seguridad de los rusos étnicos, supuestamente perseguidos por las autoridades de Kiev.
Con todo, Moscú se topó con que muchos rusoparlantes residentes en el este y sur de Ucrania rechazaron la intervención militar rusa y se pusieron del lado de Kiev o huyeron al extranjero.
Se estima que actualmente fuera del país viven más de diez millones de ciudadanos rusos, sin contar a los miembros de la diáspora que no cuentan con pasaporte ruso, o los rusoparlantes que viven en las antiguas repúblicas soviéticas.
El ex viceministro del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko, comentó en X tras conocer de la aprobación de la norma que "más de 3.000 rusos están actualmente bajo arresto en varios países. Muchos han recibido sentencia por ciberfraude, tráfico, espionaje y lavado de activos".
Esto es un pretexto para invadir otros países.