En 2025 fueron asesinados 23 periodistas en América Latina. Una muerte cada 16 días. No se trata de un accidente ni de un repunte aislado de violencia, es en verdad la manifestación más cruda de un patrón estructural. En la región, investigar la corrupción, las economías ilegales o el crimen organizado se ha convertido, para muchos, en una actividad que puede llevar a la muerte o a los ataques que buscan silenciar del todo sus voces.
La mayoría de las víctimas había denunciado amenazas previas o contaba con medidas de protección estatal que resultaron ineficaces. México, Ecuador y Perú concentraron la mayor parte de estos crímenes, pero el mensaje trasciende fronteras. El Estado, por acción u omisión, se convierte en cómplice de un entramado que normaliza la impunidad y convierte el periodismo en un oficio de alto riesgo.
Estas muertes no cierran un ciclo. Abren en realidad la puerta a un silencio más profundo que el informe sombra (alternativo) "Cartografía del Silencio", de la Red Voces del Sur, compuesta por 17 organizaciones de la sociedad civil de la región, describe de forma preocupante.
La tesis central del documento, al analizar las tendencias de 2025 con información de primera mano de los distintos países, es que la libertad de prensa no retrocede por un solo factor; retrocede porque múltiples mecanismos convergen para erosionar, desgastar y, en última instancia, erradicar el ejercicio independiente.
La tendencia central que atraviesa todo el análisis es el rol del Estado como principal agresor. Más de la mitad de las vulneraciones documentadas provienen de actores estatales. En siete países: Cuba, Venezuela, Honduras, Uruguay, Perú, Argentina y Ecuador, esta proporción supera el 50%. En los regímenes autoritarios más cerrados, la represión sigue siendo directa y antigua: vigilancia constante, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y censura abierta. En Cuba, por ejemplo, las detenciones arbitrarias alcanzaron el índice más alto de la región. En Venezuela y Nicaragua, la violencia estatal actúa como mecanismo preventivo para silenciar.
En las democracias formales de la región, en cambio, la estrategia se ha refinado. Ya no se cierran medios ni se encarcelan periodistas en masa. Basta con estigmatizarlos públicamente, judicializarlos hasta el agotamiento y negarles el acceso a la información para que el periodismo crítico se vuelva económicamente inviable o profesionalmente suicida. Esta dualidad —represión abierta en unos contextos, sofisticada en otros— revela que el problema no es solo de regímenes autoritarios. Es una amenaza estructural a la democracia en toda la región.
Uno de los patrones detectados más preocupante para la red de la sociedad civil es el discurso estigmatizante. No se trata de insultos aislados. Es una narrativa repetida desde las más altas esferas del poder que busca deslegitimar al periodista antes incluso de que publique. Se acusa a los medios de ser "operaciones políticas", "militantes" o "enemigos del pueblo".
En Argentina, este tipo de agresión se concentró de manera abrumadora en torno a la figura presidencial, generando un clima de hostilidad que luego se replica en redes y en la calle. El efecto es perverso: erosiona la confianza ciudadana, legitima agresiones posteriores y crea un ambiente donde cualquier ataque parece "justificado". En países como Colombia, El Salvador, Costa Rica, Brasil y Chile, este patrón se intensifica en contextos electorales o de alta polarización, donde la información adquiere valor estratégico. El discurso oficial convierte al periodismo en adversario político, acelerando la lógica de bandos que favorece la escalada del hostigamiento.
Paralelamente, se ha consolidado el hostigamiento judicial como herramienta de desgaste selectivo. Demandas civiles o penales, investigaciones infundadas, órdenes de retiro de contenidos y pedidos de acceso a comunicaciones privadas se utilizan no para ganar juicios, sino para agotar recursos, tiempo y energías. El objetivo no es necesariamente condenar, sino condicionar. En México este mecanismo se disparó de forma dramática. En Argentina, Colombia y Brasil se observa el mismo patrón: usar el sistema judicial como arma de censura indirecta.
El litigio judicial prolongado, costoso y reiterado opera como una forma sofisticada de censura que no necesita sentencia final para cumplir su propósito. Además, esta judicialización abusiva compromete los propios mecanismos de protección, absorbiendo recursos que deberían destinarse a investigar amenazas reales.
Otro patrón estructural es la restricción sistemática al acceso a la información pública. Negativas burocráticas, demoras injustificadas, exclusión de conferencias de prensa y obstáculos administrativos convierten el derecho a saber en un privilegio. Cuando el Estado cierra las fuentes oficiales, obliga a los periodistas a depender de filtraciones riesgosas o fuentes anónimas, aumentando su vulnerabilidad.
Según el documento, en México, Colombia, Argentina, Honduras y El Salvador este fenómeno es particularmente grave. En Uruguay y Bolivia se manifiesta en exclusiones de espacios oficiales y respuestas incompletas. Sin acceso a datos verificables, el periodismo pierde su principal herramienta y las comunidades quedan condenadas a "desiertos informativos" donde la narrativa pública queda a merced del poder o del crimen.
La violencia digital ha dejado de ser un complemento para convertirse en eje central del hostigamiento. Campañas coordinadas de desprestigio, amenazas en redes, hackeos, trolls organizados y el uso de inteligencia artificial para fabricar contenidos falsos permiten una persecución sostenida, barata y de bajo riesgo para el agresor. En Chile, El Salvador y Nicaragua, una proporción muy alta de las agresiones ocurre en el entorno virtual. El anonimato, la capacidad de réplica y la amplificación automática convierten las redes en un escenario ideal para este tipo de agresiones.
A pesar de esta sofisticación, la violencia física no ha desaparecido. Sigue siendo una realidad cotidiana, especialmente en coberturas de protestas o territorios controlados por economías ilegales. Lo novedoso es su distribución: ya no proviene exclusivamente del Estado, sino de un espectro más amplio que incluye crimen organizado y actores parapoliciales.
En Cuba, Nicaragua y Venezuela, la disminución de alertas visibles no refleja una mejora, sino todo lo contrario: la violencia se ha "sofisticado" hasta el punto de que ya no es necesario golpear porque los periodistas han huido o han dejado de investigar. Se registraron 31 casos de desplazamiento forzado, la mayoría en Colombia, vinculados a amenazas de actores armados.
El informe también visibiliza una violencia diferenciada por sexo. Las mujeres periodistas enfrentan un componente adicional: cuestionamientos a su capacidad profesional por su género, comentarios sobre apariencia o vida privada, y en algunos casos violencia sexual explícita. Estos ataques buscan no solo silenciar una nota, sino desacreditar y expulsar a las mujeres del debate público, atacando su integridad moral y emocional. La violencia digital amplifica este patrón, convirtiéndolo en una herramienta especialmente eficaz para restringir la diversidad de voces en el ecosistema informativo.
Frente a esta cartografía del silencio, la Red Voces del Sur formula recomendaciones concretas y urgentes. Exige transformar los mecanismos de protección en herramientas reales con presupuesto y operatividad, cesar inmediatamente los discursos estigmatizantes desde las jefaturas de Estado, impulsar investigaciones independientes que rompan el ciclo de impunidad, y garantizar el acceso efectivo a la información pública como pilar del Estado de derecho. También llama a prevenir el uso abusivo del sistema judicial, abordar de manera estructural los discursos estigmatizantes y proteger específicamente a las mujeres periodistas.
