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México

EEUU imputa por narcotráfico a altas figuras del partido de Claudia Sheinbaum

Washington pide la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros funcionarios y exfuncionarios de México.

Washington
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Claudia Sheinbaum.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Claudia Sheinbaum. Quadratín Sinaloa

El Departamento de Justicia de EEUU acusó el miércoles 29 de abril al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, ambos del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, y a otros cargos y exfuncionarios del Estado mexicano, por delitos de narcotráfico y posesión de armas.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra diez personas por presuntamente "conspirar con líderes del cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EEUU a cambio de apoyo político y sobornos", indica un comunicado.

En la imputación figuran otros dos políticos en activo: Enrique Inzunza Cázarez, actualmente senador y exsecretario general de Sinaloa, y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía general del propio estado mexicano.

La Justicia estadounidense asegura que los acusados conspiraron con el cartel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a EEUU y protegieron a los narcos de ser investigados, detenidos e imputados, en esencial ayudándoles en sus actividades ilícitas.

A los implicados se les acusa de alinearse con la facción del grupo dirigida por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, conocidos como Los Chapitos, y recibir a cambio "millones de dólares" de los beneficios del cartel.

La Justicia de EEUU alega que Rocha Moya logró la elección como gobernador en noviembre de 2021 después que los Chapitos lo ayudaran "secuestrando e intimidando a sus rivales", y ha permitido que los primeros "operen con impunidad" bajo la promesa de protegerlos.

"Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno", publicó Rocha en reacción en X.

El funcionario afirmó que la imputación es un "ataque" a su persona, al movimiento de la Cuarta Transformación (encabezado por la presidenta mexicana), a sus "emblemáticos liderazgos" y a los mexicanos que "representamos esa causa".

Rocha, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se dirigió a los ciudadanos de Sinaloa, a quienes afirmó que "con el valor y la dignidad que nos caracteriza demostraremos la falta de sustento de esta calumnia".

En un comunicado, la Embajada de EEUU en México subrayó que, aunque no puede pronunciarse sobre los detalles del caso ni sobre las imputaciones específicas, Estados Unidos investigará y castigará la corrupción ligada al crimen organizado cuando tenga "jurisdicción".

Por su parte, la Cancillería de México afirmó que enviará una queja diplomática a la Embajada de EEUU en el país por la forma en que se hizo pública la acusación contra el gobernador de Sinaloa, ya que, aseguró, no se presentaron "pruebas" de sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la Fiscalía General de la República. En los documentos no se anexan pruebas", asegura.

Los antiguos cargos del Gobierno del Sinaloa acusados son Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.

A la lista se suman dos exjefes de la Policía investigadora de la Oficina de la Fiscalía general de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras; el ex vicedirector de la Policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, y un excomandante de la Policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

Todos están acusados de tres delitos: conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y conspiración relacionada con esas armas, que los enfrentan a sentencias mínimas de 40 años de prisión y cadena perpetua.

A Valenzuela Millán se le acusa además de presuntamente participar en los secuestros de un informante de la Agencia Antinarcóticos (DEA) y un familiar de este, que fueron torturados y asesinados por orden de los Chapitos, por lo que afronta una sentencia obligatoria de cadena perpetua.

La acusación recuerda, citando al fiscal federal Jay Clayton, que el cartel de Sinaloa "es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas. Tal y como queda al descubierto en la acusación, el cartel de Sinaloa y otras organizaciones de tráfico de drogas similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y agentes de la ley corruptos en su nómina. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios de todo el mundo que trabajan con narcotraficantes: independientemente de su título o posición, estamos comprometidos a llevarle ante la justicia".

"El cartel de Sinaloa no solo trafica drogas mortales, es una organización terrorista designada que depende de la corrupción y el soborno para impulsar la violencia y obtener beneficios", dijo el administrador de la DEA, Terrance Cole. 

"Esta acusación expone un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo vidas estadounidenses. Los acusados supuestamente usaron posiciones de confianza para proteger las operaciones del cartel, permitiendo así un flujo de drogas mortales en nuestro país", apuntó.

El Departamento de Justicia de EEUU indicó que el cartel de Sinaloa "es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha transformado el estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del comercio global de narcóticos. Desde su base en Sinaloa, el cartel ha trabajado con elementos criminales de todo el mundo —productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, narcotraficantes y políticos corruptos en toda Centroamérica y Sudamérica, y fabricantes de productos químicos precursores en China y otros lugares— para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos e infligir graves daños a comunidades de todo el país. El cartel también ha llevado a cabo una violencia desenfrenada, incluyendo miles de asesinatos, en todo México y en otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos", recordó.

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