Perú lleva más de una década atrapado en una crisis de gobernabilidad crónica. Sin embargo, su economía se comporta como si habitara en otro país. En los últimos diez años, Lima ha visto juramentar a seis presidentes (y un breve interinato), varios de ellos incapaces de completar su mandato. Pese a ello, el país ha mantenido tasas de crecimiento por encima del promedio regional, una inflación contenida y niveles de desempleo moderados. Esta paradoja evidencia la solidez de sus fundamentos macroeconómicos y la autonomía de sus instituciones —en particular, la independencia del Banco Central de Reserva (BCRP)—, pero abre un interrogante: ¿hasta cuándo es sostenible esta desconexión?
La crisis de gobernabilidad suele explicarse por el diseño institucional. El sistema combina un presidencialismo formal con mecanismos que incentivan el choque entre poderes. La figura de la "vacancia por incapacidad moral permanente" se ha convertido en el símbolo de esta disfuncionalidad: un concepto jurídicamente ambiguo que permite al Congreso destituir presidentes por razones políticas bajo un ropaje constitucional. El resultado es un uso expansivo de este mecanismo, más cercano a un voto de censura parlamentario que a un juicio político excepcional.
Pero la explicación institucional es insuficiente. Como ha señalado el politólogo de Harvard, Steven Levitsky, Perú se ha convertido en el caso emblemático de una 'democracia sin partidos', donde las organizaciones políticas han sido reemplazadas por vehículos personalistas y efímeros. Los partidos peruanos son, en su mayoría, "vehículos electorales" débiles, fragmentados y personalistas, carentes de estructuras territoriales y vínculos sociales estables. Esto produce congresos atomizados y coaliciones volátiles donde el cálculo inmediato —obstruir o negociar cuotas— prevalece sobre el Gobierno.
A este contexto hay que sumarle la corrupción. En una economía con altos niveles de informalidad (cercanos al 70% o más), la captura de instituciones por intereses privados es recurrente. Casi todos los expresidentes recientes han enfrentado procesos por corrupción; el suicidio de Alan García ante su inminente detención por el caso Odebrecht es la metáfora más brutal de este vínculo. Que el flamante presidente interino, José Balcázar, arrastre acusaciones de cohecho, estafa y prevaricato, refuerza la idea de que no se trata solo de unas "manzanas podridas", sino de una lógica estructural.
En paralelo, la economía resiste. Perú ha mantenido un marco macroeconómico prudente, un banco central profesional y reglas fiscales claras. La inflación se ha mantenido históricamente baja en comparación con sus vecinos, y el país sigue captando inversión extranjera significativa, especialmente en minería e infraestructura.
El megapuerto de Chancay, financiado mayoritariamente por capital chino (Cosco Shipping), condensa estas tensiones. Es la prueba del atractivo económico de Perú como hub estratégico hacia Asia, pero también proyecta la sombra de una nueva dependencia y riesgos de opacidad que evocan el trauma de Odebrecht. Si aquel escándalo fue la chispa de la inestabilidad actual, Chancay podría ser el próximo punto de fricción entre intereses geopolíticos, el Estado y la sociedad.
La pregunta de fondo no es si el diseño económico ha sido eficaz —lo ha sido—, sino cuánto tiempo puede servir de dique frente al deterioro político. Ya hay señales de alerta: presiones para relajar la disciplina fiscal y dificultades para recuperar el dinamismo pre pandemia. La resiliencia no es infinita; depende de la confianza en que las reglas del juego no serán capturadas por mayorías circunstanciales.
Perú se encamina a nuevas elecciones en julio con más de 30 partidos inscriptos. Esto promete un nuevo escenario de atomización y augura otro mandatario sin mayoría, bajo amenaza de vacancia y forzado a negociar con un Parlamento de incentivos cortoplacistas.
La paradoja peruana ya no es un elogio a su macroeconomía, sino una advertencia. La separación entre crisis política y estabilidad económica ha sido sorprendente. La muralla de contención ha resistido y la pregunta ya no es si esa muralla seguirá resistiendo, sino hasta cuándo logrará mantenerse en pie.
Hernán Alberro es consultor en relaciones internacionales y derechos humanos.
