En un contexto de creciente incertidumbre, Haití enfrenta un momento crítico marcado por el lanzamiento de una ofensiva policial contra las pandillas armadas, sin claridad sobre el efecto real que este anuncio tendrá sobre la violencia desatada, junto al fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), que deja al país sin un marco institucional sólido.
Esta coincidencia temporal subraya las debilidades estructurales de una nación que lleva una década sumida en provisionalidad política, sin elecciones generales ni instituciones fuertes, lo que ha permitido a los grupos criminales consolidar su dominio. La fuerza multinacional liderada por Kenia, respaldada por la ONU, no ha logrado restablecer el orden, agravando el pesimismo sobre el futuro inmediato en este devastado país caribeño.
La asunción del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé como figura central del Poder Ejecutivo tras el cese del CPT, aunado a la ausencia de entidades como un Parlamento, simbolizan la crisis que no parece tener fin en Haití. El CPT, establecido en abril de 2024 para abordar la crisis política, social y económica tras la dimisión forzada del ex primer ministro Ariel Henry, por amenazas de las bandas criminales, concluyó su mandato el 7 de febrero de 2026 sin cumplir sus objetivos principales.
Este órgano, presidido por Laurent Saint-Cyr, no fortaleció las instituciones políticas ni restableció el orden público, dejando a Haití en una pobreza extrema y bajo el control de bandas armadas que dominan el 90% de Puerto Príncipe, según entidades especializadas.
Sin una transición efectiva, sin elecciones a la vista, críticos del CPT como Ted Saint Dic lo han calificado de "fracaso total", argumentando que el Consejo "ha hundido aún más al país en la crisis". Incluso, informes de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) apuntan a que la transición inacabada ha desestabilizado aún más el clima político y social.
El ex primer ministro Jean-Michel Lapin lamentó que "volvemos al punto de partida", destacando la falta de avances en la reinstitucionalización. Con el fin del CPT, el Poder Ejecutivo recae exclusivamente en Fils-Aimé, quien combina las funciones de jefe de Gobierno y jefe de Estado desde su nombramiento en noviembre de 2024.
Apoyado por la comunidad internacional, particularmente por EEUU, Canadá y la Unión Europea, el primer ministro enfrenta el desafío de organizar elecciones legislativas y presidenciales programadas para el 30 de agosto de 2026. Sin embargo, la clase política dividida y debilitada, junto a la ausencia de un Parlamento agrava el vacío institucional.
Haití no ha celebrado elecciones desde 2016, y el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 profundizó la provisionalidad, creando un entorno propicio para la expansión de las pandillas y el crimen organizado, que en el último lustro no solo demostró su poder de fuego, sino que pasó a controlar vastos territorios, tanto en la capital como en las provincias haitianas.
La ausencia de institucionalidad es explotada por los grupos criminales, que controlan rutas clave, imponen peajes y elevan los costos de transporte y mercancías, exacerbando la inseguridad alimentaria que afecta a la mitad de la población, de acuerdo con datos de Naciones Unidas.
Según cifras de la ONU, en 2025 se registraron al menos 5.915 muertes y 2.708 heridos por violencia de bandas y operaciones de seguridad, con un aumento en el último trimestre que incluyó 1.523 víctimas, 806 heridos, 145 secuestros y 400 casos de abusos sexuales.
Durante la parte final de 2025, la violencia se extendió a zonas rurales como Artibonite y Centro, donde las pandillas realizan ataques indiscriminados para consolidar su poder territorial.
Ante este panorama poco esperanzador, la Policía Nacional de Haití (PNH) lanzó este 10 de febrero la "Operación Sin Descanso", con el objetivo de erradicar las pandillas, desbloquear carreteras y restablecer la autoridad estatal. La ofensiva cuenta con el apoyo de la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), una entidad respaldada por la ONU y que incluye tropas kenianas.
Reducir o anular el poder de las pandillas es un asunto primordial para poder organizar elecciones en Haití, apuntan observadores ante la realidad de son las bandas criminales las que parecen tener control del país.
Sin embargo, la operación enfrenta serios desafíos: la PNH carece de suficiente personal, capacitación y financiación, lo que limita su capacidad para confrontar a pandillas bien armadas que controlan casi el 90% del territorio de Puerto Príncipe, la capital.
Analistas señalan que esta ofensiva coincide con un pico de pesimismo entre los haitianos, un pesimismo compartido por observadores, tras el fin del CPT, que no logró destrabar la crisis de la violencia ni reducir a las bandas criminales en sus dos años de gestión. Al contrario, han sido 2024 y 2025 años de expansión criminal con diferentes episodios de crueldad y brutalidad.
A la falta de poder de la PNH para tomar control efectivo del territorio se suma el escaso respaldo de las democracias occidentales a la intervención internacional, clave en el diseño de la FRG, establecida el 30 de septiembre de 2025 para reemplazar a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS).
Pese a tener autorización para actuar en terreno y cumplir operaciones letales, en la práctica el cambio de nombre en la misión que aprobó originalmente la ONU en 2023 no ha cumplido las expectativas de la sociedad haitiana.
Liderada por Kenia, esta misión tenía menos de 1.000 efectivos a finales de 2025. Esta fuerza incluye principalmente personal de Kenia (alrededor del 75%), junto con contingentes menores de Guatemala, El Salvador, Jamaica, Bahamas y Belice. La misión está autorizada para hasta 5.500 uniformados, pero ha contado con el financiamiento adecuado.
Las bandas criminales, según análisis del think tank Crisis Group, podrían reunir hasta 12.000 hombres, de los cuales una cuarta parte estaría fuertemente armada.
El BINUH, cuyo mandato fue prorrogado hasta enero de 2027 por el Consejo de Seguridad de la ONU, exhorta a la comunidad internacional a proporcionar apoyo financiero y humano adecuado para el despliegue completo de la FRG. Solo de esa manera podría enfrentarse a la violencia criminal como un primer paso para una hoja de ruta electoral en este 2026.
