La victoria del candidato conservador Nasry "Tito" Asfura en las elecciones presidenciales de Honduras del 30 de noviembre de 2025 ha quedado finalmente ratificada, disipando las dudas que persistían en el proceso electoral más controvertido en la historia reciente del país centroamericano, cuyo traspaso de mando está previsto para el 27 de enero.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano autónomo encargado del escrutinio, confirmó de manera definitiva el triunfo de Asfura, rechazando de forma categórica las presiones del Gobierno saliente de Xiomara Castro de Zelaya, quien pretendía forzar un recuento general de votos, bajo denuncias de fraude. Asimismo, las Fuerzas Armadas han comunicado que respaldan la validez de los votos, en una elección ampliamente vigilada por la comunidad internacional, y anunciando que garantizarán el traspaso de mando dentro de dos semanas.
El cierre de este capítulo de incertidumbre generada por expresidente Manuel Zelaya, cuya candidata del partido Libre quedó en lejano tercer lugar, se produce con la visita del presidente electo a Washington, donde fue recibido por el secretario de Estado Marco Rubio, en un gesto que consolida el respaldo de la Administración Trump a la nueva etapa política hondureña.
El CNE, presidido por Ana Paola Hall, emitió este lunes una resolución firme en la que califica de inconstitucional e ilegal el decreto impulsado por la presidenta Xiomara Castro y sancionado tras su aprobación en el Congreso por una minoría de diputados afines al Partido Libertad y Refundación (Libre). Dicha medida ordenaba un conteo "voto por voto" de todas las actas, pese a que el ente electoral ya había proclamado a Asfura como ganador el 24 de diciembre de 2025, con un 40,27 % de los sufragios frente al 39,53 % de Salvador Nasralla (Partido Liberal) y el 19,19 % de Rixi Moncada (Libre).
La presidenta del CNE subrayó que las directrices emanadas del Ejecutivo y del Legislativo "no son vinculantes" y representan un intento de usurpar atribuciones exclusivas del organismo electoral, violando el marco constitucional que protege la autonomía de las instituciones electorales.
Esta decisión del CNE marca un punto de inflexión tras semanas de tensión institucional. El Gobierno de Xiomara Castro, lejos de aceptar con serenidad el veredicto de las urnas, optó por promover iniciativas que, según juristas y analistas independientes, carecían de base legal una vez emitida la declaratoria oficial.
Castro, quien llegó al poder en 2022 con promesas de renovación y lucha contra la corrupción, deja un legado marcado por denuncias de nepotismo y por decisiones que, en su fase final, parecieron priorizar intereses partidarios por encima de la estabilidad institucional.
Su insistencia en un recuento general, incluso después de que el CNE declarara la victoria de Asfura, ha sido interpretada como un último esfuerzo por cuestionar un resultado adverso, en línea con una trayectoria política que ha mostrado escasa disposición al diálogo con sectores opositores.
En este contexto, el respaldo explícito de las Fuerzas Armadas a la declaratoria del CNE adquiere una relevancia particular. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio, confirmó que el Ejército mantiene su apoyo inquebrantable a los resultados oficiales y al Tribunal de Justicia Electoral, desplegando más de 600 efectivos para custodiar el material electoral en el Centro Logístico del CNE.
El pronunciamiento castrense disipa cualquier especulación sobre divisiones internas o posibles escenarios de inestabilidad, reforzando la idea de que el proceso transita por cauces institucionales.
La culminación de esta secuencia de eventos llegó con la visita de Asfura a Washington ayer, donde fue recibido en el Departamento de Estado por Marco Rubio. La reunión, descrita como cordial y sustantiva, sirvió para reafirmar la alianza estratégica entre EEUU y Honduras. Rubio felicitó públicamente al presidente electo por su victoria y expresó el compromiso de Washington de profundizar la cooperación bilateral en áreas críticas como seguridad, migración, gobernabilidad democrática y desarrollo económico.
Este encuentro no es meramente protocolar: representa el reconocimiento explícito de la Administración estadounidense a un Gobierno alineado con prioridades regionales compartidas, como el combate al crimen organizado y la promoción de inversiones. Durante la campaña electoral, Donald Trump había respaldado abiertamente a Asfura, advirtiendo que solo con él sería posible una relación fluida.
El presidente electo, acompañado por colaboradores como la excanciller Mireya Agüero, también sostuvo reuniones con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), enfocadas en proyectos de cooperación económica.
Según el analista Aldo Romero, el nuevo Gobierno de Nasry Asfura en Honduras enfrenta desafíos monumentales en un contexto de tensiones políticas postelectorales, donde la prioridad debe ser una seguridad integral que combine prevención social, justicia y tecnología para erradicar el crimen organizado y la extorsión, junto con la reactivación económica, mejoras en energía e infraestructura.
La resolución de las dudas electorales en Honduras llega en un momento clave para la región centroamericana, donde varios países han experimentado transiciones hacia administraciones conservadoras en respuesta al desgaste de gobiernos de izquierda.
En tanto, el caso hondureño ilustra los riesgos de interferir en la autonomía de órganos electorales, especialmente cuando el partido en el poder intenta revertir un resultado desfavorable mediante decretos de dudosa legalidad. Xiomara Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, dejan un poder marcado por promesas incumplidas en materia de seguridad y anticorrupción, y por una gestión que, en sus últimos días, priorizó la confrontación institucional sobre la aceptación democrática de la derrota.
Con el CNE ratificando los resultados, las Fuerzas Armadas garantizando el orden constitucional y el respaldo internacional de EEUU consolidado, Honduras encara la investidura de Tito Asfura con mayor certidumbre.
El nuevo presidente deberá abordar desafíos urgentes: reactivar la economía, reducir la violencia y restaurar la confianza en las instituciones. El reciente episodio demuestra que, pese a sus fragilidades, la democracia hondureña cuenta con mecanismos de contención ante los intentos de desconocer la voluntad popular reflejada en las urnas.
