Se trató de un juicio clandestino. Sin derecho a una defensa privada, presentado ante un juez tras un prolongado aislamiento. Rafael Tudares recibió la máxima sentencia contemplada en el Código Penal venezolano: 30 años de prisión. Ser el yerno de Edmundo González Urrutia ha terminado por ser su delito, en la deriva autoritaria que se vive en Venezuela.
Mariana González, la hija del exiliado candidato presidencial opositor en 2024, confirmó este miércoles lo que venía siendo una versión "extraoficial". Tudares, su esposo y con quien tiene dos hijos, fue condenado a una pena prevista en Venezuela para los delitos más graves.
La detención de Tudares ocurrió el 7 de enero de este año, en medio de una ola de detenciones previas a la toma de posesión de Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial 2025-2031. Era el primer día de clases de este 2025 y este hombre, completamente desvinculado del activismo político y dedicado a sus actividades profesionales y familiares en Caracas, fue interceptado cuando llevaba a sus hijos al colegio.
Los hombres armados y encapuchados se lo llevaron y dejaron a sus hijos abandonados en el vehículo. Testigos relataron entonces el acto de crueldad que representó en sí aquella detención. Se castigaba también a los nietos del candidato presidencial, que según las actas recabadas por la oposición y mostradas en distintos foros internacionales venció a Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.
La decisión judicial que condenó a Tudares marca un precedente en la actual deriva represiva en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio. La Justicia penal ha extendido su alcance hacia el entorno familiar directo de los opositores, aplicando sanciones reservadas para delitos graves como traición a la patria o terrorismo a ciudadanos sin participación en la vida pública.
Para el momento de su aprehensión, el perfil del detenido era el de un ciudadano dedicado a la actividad privada. No existían registros de declaraciones públicas, participación en mítines o roles logísticos dentro del comando de campaña de la oposición. Su única conexión con la coyuntura política era su matrimonio con la hija del candidato opositor.
Según su esposa, las etapas de imputación y acusación se desarrollaron sin acceso pleno a la defensa y con obstáculos permanentes para obtener información oficial. Se le vulneraron derechos esenciales contemplados en la Constitución vigente en Venezuela: incluidos los relativos al debido proceso y la prohibición de desapariciones forzadas, así como disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Venezuela.
La ausencia de información oficial sobre el paradero del detenido refuerza la gravedad del caso. Mariana González relató que ha acudido en múltiples ocasiones a centros de reclusión como Rodeo I, donde hay numerosos presos políticos, y a sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), sin obtener confirmación sobre su situación. "Rafael sigue en desaparición forzada, lo cual constituye un delito de lesa humanidad", afirmó este miércoles la hija de González Urrutia citando el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
La defensa privada, designada por la familia, no fue admitida por el tribunal. El sistema judicial asignó un defensor público, impidiendo que el acusado contara con abogados de su confianza. El acceso al expediente fue restringido, lo que imposibilitó conocer los elementos probatorios que sustentaban la acusación de la Fiscalía.
El juicio se realizó de manera clandestina. No se publicaron las fechas de las audiencias en los tableros regulares de los tribunales, ni se permitió el ingreso de observadores, prensa o familiares a la sala. La sentencia de 30 años se dictó bajo la premisa de conspiración, aunque la parte acusadora no presentó públicamente evidencia material que vinculara al detenido con actos de violencia o desestabilización. La opacidad del proceso impide verificar si existió alguna prueba más allá de la relación filial.
Lo mismo que su esposo, Mariana González no tuvo ninguna aparición pública durante la campaña electoral de 2024, a diferencia de su hermana Carolina, quien es claramente una activista política y ha aparecido en diversos actos junto a su padre e incluso está igualmente exiliada.
Antes de salir a un exilio forzado en agosto del año pasado, Edmundo González Urrutia pidió al chavismo garantías de que no habría persecución para su familia que hubiera permanecido ajena al activismo político.
Para activistas de derechos humanos este caso es un punto de inflexión. La sentencia contra Tudares introduce en la práctica judicial venezolana una dinámica donde la responsabilidad penal trasciende al individuo y alcanza a su núcleo familiar. Al imponer la pena máxima a un ciudadano sin actividad política verificable, el sistema judicial establece un criterio de culpabilidad basado en la asociación familiar.
Para estos activistas, que piden guardar su identidad, el sistema represivo del chavismo ha escalado aun más con esta decisión.
Si los norteamericanos no le dan bajanda a Maduro este hombre se va a podrir en prisión, si no lo matan antes.
Todo es parte de un chantaje, le dirán a Edmundo que se declare públicamente perdedor en la última elección para que liberen a su yerno. Todos saben que Maduro le robó la victoria a Edmundo.