El Gobierno de Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum le otorgara asilo político en su embajada en Lima a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), procesada junto a él por el fallido intento de golpe de Estado de finales de 2022, informó la agencia EFE.
El canciller peruano, Hugo de Zela, explicó que esta decisión se ha tomado "frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente (Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente) de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú".
"Quiero lamentar profundamente que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual, hasta antes de estos hechos, teníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias", remarcó, al tiempo que detalló que "la ruptura de las relaciones diplomáticas no significa que se hayan roto las relaciones consulares con México".
Según sostuvo, las autoridades mexicanas han intentado "construir una realidad paralela" sobre los hechos ocurridos en 2022, presentando a los involucrados en el golpe como víctimas de persecución política.
De Zela también reprochó declaraciones recientes de la presidenta mexicana, quien habría señalado que Castillo y Chávez son perseguidos políticos. Calificó esa postura de "falsa e inaceptable" y reiteró que ambos enfrentan procesos con garantías legales y no son objeto de persecución.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que el asilo le fue otorgado a Chávez "tras una evaluación minuciosa" y "debido a que la exministra ha mencionado que fue víctima de varias violaciones a sus derechos procesales y de una persecución política".
Asimismo, la entidad afirmó que "ha actuado de forma pacífica, con sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional". Informó, además, que entregó una nota con la solicitud para que se otorgue el salvoconducto a Chávez, a fin de que pueda salir del país, algo que no ha sido respondido por las autoridades peruanas.
No obstante, el Gobierno de Perú aseguró que no se plantea emular a Ecuador con un ingreso por la fuerza a la embajada de México en Lima para detenerla, como sí ocurrió el año pasado en la embajada mexicana en Quito con el exvicepresidente correísta Jorge Glas.
Betssy Chávez se encontraba en prisión preventiva desde junio de 2023. Su juicio, por los delitos de rebelión y conspiración, se inició el pasado marzo, y la Fiscalía peruana pide que sea condenada a 25 años de cárcel.
Las autoridades locales la liberaron a inicios de septiembre, mientras se encontraba en una clínica de Lima, donde fue internada por presentar signos de deshidratación tras una huelga de hambre que mantuvo durante 12 días.
Su abogado, Raúl Noblecilla, afirmó que su defendida es una "perseguida política, como lo es sin duda el presidente Pedro Castillo y todos los que están injustamente en ese juicio, que es una farsa total, con jueces provisionales y políticos, que lo único que quieren hacer es cumplir con el mandato de un régimen que no es democrático".
El Tribunal Constitucional ordenó poco antes su excarcelación inmediata al determinar que era víctima de una detención arbitraria, luego de que la Fiscalía no solicitara a tiempo la ampliación de su prisión preventiva.
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