El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y varios de sus colaboradores, en su mayoría militares de alto rango, han seguido desde sus respectivos lugares de reclusión o domicilios (como es el caso del exmandatario) el inicio de la fase final del juicio por un presunto intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.
Las sesiones, que comenzaron el martes 2 de septiembre en el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasilia, han sido transmitidas en directo por YouTube. Bolsonaro, de 70 años, no asistió a la primera audiencia por motivos de salud, según su equipo de defensa, que señala complicaciones derivadas de un apuñalamiento sufrido en 2018 durante la campaña electoral.
El expresidente, quien gobernó entre 2019 y 2022 y que perdió por estrecho margen en las elecciones en que buscaba ser reelecto ante Luis Inácio Lula da Silva, está bajo arresto domiciliario desde el 4 de agosto.
Este juicio, que se extenderá hasta el 12 de septiembre, es considerado el más trascendental en la historia democrática de Brasil, un país que emergió de una dictadura militar (1964-1985) hace apenas cuatro décadas. Por primera vez, un expresidente y varios militares de alto rango enfrentan cargos penales por intentar subvertir el orden democrático, un hecho sin precedentes en una nación marcada por interrupciones autoritarias en diversos momentos de su historia política.
La Fiscalía General de la República (PGR) acusa a Bolsonaro y a siete de sus colaboradores de liderar una organización criminal armada con el objetivo de impedir la investidura del hoy presidente Lula da Silva, quien derrotó al líder conservador en las elecciones de 2022 por un estrecho margen de 1,8 puntos.
Este proceso, según expertos, no solo pone a prueba la solidez de las instituciones democráticas brasileñas, sino que también podría redefinir el panorama político del país.
La acusación, presentada por el fiscal general Paulo Gonet, señala a Bolsonaro como el principal organizador de una conspiración que comenzó en julio de 2021, cuando el entonces presidente empezó a cuestionar sin pruebas la fiabilidad del sistema de votación electrónica.
Según la PGR, esta narrativa buscaba deslegitimar el proceso electoral y preparar el terreno para desconocer los resultados en caso de una derrota, como finalmente ocurrió. Por esta dimensión pesa sobre Bolsonaro desde 2023 una inhabilitación política de ocho años, en una decisión previa del Tribunal Supremo Electoral encabezado entonces por Alexandre de Moraes, una suerte de némesis del expresidente, ya que está al frente ahora del proceso en el Supremo de Justicia.
Además de Bolsonaro, los acusados incluyen a figuras clave de su Gobierno, como los exministros Anderson Torres (Justicia), Walter Braga Netto (Casa Civil y Defensa), Augusto Heleno (Seguridad Institucional) y Paulo Sérgio Nogueira (Defensa), así como el excomandante de la Marina Almir Garnier, el exjefe de Inteligencia Alexandre Ramagem y el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de campo de Bolsonaro, que se convirtió en denunciante tras un acuerdo de colaboración con la Justicia. Seis de los ocho imputados son militares, lo que subraya la fuerte influencia de sectores castrenses en la presunta conspiración.
Los cargos contra el expresidente y sus cercanos colaboradores cuando ejercía el poder incluyen tentativa de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho, pertenencia a una organización criminal armada, daños al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos. De ser hallado culpable, Bolsonaro enfrenta una pena máxima acumulada de hasta 40 años de prisión, aunque, debido a su edad y estado de salud, podría cumplirla bajo arresto domiciliario.
El punto culminante de la trama, según la acusación, fue el asalto del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro invadieron la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, atacando las sedes del Congreso, el Supremo Tribunal y el Palacio del Planalto (sede del Ejecutivo). Aunque Bolsonaro se encontraba en EEUU en ese momento y ha negado su participación, la Fiscalía sostiene que fomentó un clima de insurrección con discursos y acciones previas. Esto tuvo lugar una semana después de que Lula da Silva se juramentara por tercera vez como presidente de Brasil.
El juicio ha avivado la polarización en Brasil. Según sondeos diversos, alrededor de un 40% de los brasileños consideran que Bolsonaro está siendo procesado injustamente. Sus seguidores han convocado manifestaciones masivas para el 7 de septiembre, Día de la Independencia en Brasil.
El columnista Hélio Schwartsman, en Folha de São Paulo, advierte sobre los riesgos de una condena percibida como ilegítima por una parte importante de la población: "Por bien fundamentada que sea la sentencia, una parcela significativa del electorado la considerará injusta, lo que podría alimentar aún más la radicalización política".
Bolsonaro niega los cargos y confía en que una eventual absolución o reducción de su pena le permita recuperar influencia, comparando su situación con la de Donald Trump, en EEUU, quien regresó al poder pese a sus problemas judiciales.
La decisión judicial que recaiga sobre el exmandatario tendrá, por otro lado, incidencia en el panorama electoral, con unas elecciones generales previstas para octubre del año próximo. Si es condenado a detención por un largo periodo, diversos analistas creen que Bolsonaro debería nombrar a la brevedad a su heredero político con miras a conservar el espectro "bolsonarista" en el proceso electoral de 2026. Sin embargo, no hay señales aún de quién podría ser la voz protagónica en sustitución del exmandatario.
También es una incógnita en Brasil el campo de la izquierda, dado que Lula da Silva, quien cumplirá 80 años el mes próximo, no ha terminado de decidir si se postula nuevamente a la Presidencia o, en caso de que decline, a quién apoyará en 2026.
SIn duda alguna, el mundo está al revés; Lula, el presi de Brasil es un delincuente que llegó a presidente mediante un fraude, y Bolsonaro, el mejor presidente que ha tenido Brasil ahora es un reo de Estado