Mientras que el foco se mantenía en la llegada a Caracas de los detenidos en El Salvador y la decena de estadounidenses presos bajo el Gobierno de Nicolás Maduro partían a sus hogares, la contrapartida en la negociación entre EEUU y Venezuela, que era la liberación de presos políticos, se realizaba a cuentagotas y bajo un esquema de puerta giratoria, ya que ocurrieron nuevas detenciones arbitrarias.
Este 19 de julio la noticia más visible fue la salida desde Venezuela de diez estadounidenses presos, en un anuncio confirmado por el secretario de Estado Marco Rubio. Triangulando con el Gobierno de Nayib Bukele, el chavismo recibía a cambio a los 238 venezolanos detenidos en El Salvador tras ser enviados allí por el Gobierno de EEUU. La tercera pata de esta negociación, de la cual fue excluida la oposición democrática de Venezuela, consistía en la liberación de 80 presos políticos venezolanos.
Este lunes 21 de julio, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) sostuvo que solo se había confirmado la excarcelación de 59 personas de "las presuntas 80 anunciadas, todas bajo medidas restrictivas". Esto último implica que los excarcelados no gozan de libertad plena ya que usualmente el sistema judicial les impone prohibición de hablar de su caso en público, así como presentaciones regulares a los tribunales y usualmente el impedimento a salir del país.
Y por si esto fuera poco, CLIPP denunció otra práctica muy grave: a pesar de estas liberaciones, el régimen de Maduro continúa con nuevas detenciones arbitrarias, generando una "dinámica perversa de puerta giratoria".
"Nos preocupa profundamente que, mientras algunas excarcelaciones se concretan, continúen ocurriendo nuevas detenciones arbitrarias. La represión no se ha detenido y la persecución política sigue afectando a más familias venezolanas", afirmó CLIPP en un comunicado.
Previo al anuncio público de un acuerdo entre Caracas y Washington, Foro Penal, una de las principales organizaciones venezolanas dedicadas a la defensa de los presos políticos, informó que al 14 de julio de 2025 había un total de 948 presos políticos en el país. De estos, 852 son hombres y 96 mujeres, con 778 civiles y 170 militares, además de cuatro adolescentes.
Foro Penal ha documentado desde 2014 más de 15.600 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela. Solo en los primeros 12 días de enero, la ONG registró 83 nuevas detenciones, incluyendo a 18 mujeres, un adolescente y un ciudadano extranjero, muchas de ellas vinculadas a protestas opositoras en rechazo a lo que la líder opositora María Corina Machado ha denunciado como un fraude en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio del año pasado. Nicolás Maduro asumió el 10 de enero para un tercer periodo presidencial de seis años.
Alfredo Romero, director de Foro Penal, ha denunciado que las detenciones no solo persisten, sino que se intensifican en momentos clave, como elecciones o manifestaciones. "El régimen utiliza las liberaciones como una cortina de humo para desviar la atención internacional, mientras sigue encarcelando a quienes se oponen o denuncian la crisis del país", afirmó Romero en una reciente videoconferencia.
Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado que fue ilegalizado, denunció que el pasado sábado 19 de julio detuvieron a Manuel Enrique Ferreira, jefe de comando de campaña en el estado (provincia) de Lara durante 2024. Ferreira salía de una clínica donde ejerce de forma privada la medicina y fue llevado a paradero desconocido. Esto ocurría el mismo 19 de julio, cuando se ejecutaba el acuerdo con EEUU que incluyó a El Salvador.
Con Ferreira son siete los jefes de comando de campaña en las regiones "que han sido detenidos arbitrariamente". De acuerdo con Vente Venezuela solo ese 19 de julio fueron detenidas 12 personas.
Ese mismo día, por ejemplo, fue detenido el dirigente sindical Fernando Serrano, en el estado (provincia) de Bolívar, y en esa misma región fue apresado Ángel Rivas, esposo de la presidente del Colegio de Enfermería. Los cuerpos de seguridad llegaron a la vivienda de esta familia y al no encontrar a Maritza Moreno, a quien buscaban, se llevaron detenido a su esposo. El Colegio de Enfermería ha asumido en Venezuela una postura crítica dando cuenta del colapso del sistema de salud público.
Amnistía Internacional también ha advertido sobre la gravedad de la situación de derechos humanos. En un informe publicado a mediados de julio, la organización documentó 15 casos de presuntas desapariciones forzadas entre julio de 2024 y junio de 2025, de las cuales 11 siguen sin resolverse.
Estas prácticas, según el informe, podrían constituir crímenes de lesa humanidad debido a su carácter sistemático y generalizado. "Las víctimas, en su mayoría opositores políticos y críticos del régimen, son privadas de libertad por agentes estatales sin reconocimiento oficial de su detención", señaló Amnistía Internacional.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación. En enero de 2025, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su "profunda preocupación" por la persecución de opositores, mientras que la Unión Europea instó a la liberación inmediata de todos los presos políticos. Amnistía Internacional ha hecho un llamado a la Corte Penal Internacional para que investigue estos hechos y determine responsabilidades al más alto nivel.
El chavismo parece inmune a estos llamados, pese a encontrarse en marcha una investigación para establecer responsabilidades individuales en estos delitos por parte de la Corte Penal Internacional y a la existencia de documentados informes sobre violaciones masivas y sistemáticas a derechos humanos por par parte de la Misión de Verificación de los Hechos, nombrada por la ONU.
A juicio de la escritora y analista Ana María Torres, "las excarcelaciones son un espejismo de apertura democrática que el régimen usa para apaciguar críticas internacionales, pero las nuevas detenciones demuestran que la represión es estructural". En su opinión, esta práctica de la puerta giratoria por parte del chavismo en relación con los presos políticos socava cualquier posibilidad de diálogo o negociación genuina en Venezuela.
