Apatía, abstención y mayoría absoluta para el chavismo

Precedidas por una ola de detenciones en los días previos y por el llamado a abstención de la líder opositora María Corina Machado, las elecciones celebradas en Venezuela mostraron lo que el chavismo quería mostrar: un mapa de Venezuela teñido de rojo, símbolo de que el oficialista PSUV tiene un dominio de todo el territorio. Pero en el país privó el silencio.

Salvo en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en el resto del país brillaron por su ausencia las celebraciones de los militantes chavistas tras difundirse los resultados por un Consejo Nacional Electoral (CNE), claramente dominado por el Gobierno de Nicolás Maduro.

El silencio estuvo presente a lo largo del día en la cual, según consultas hechas por DIARIO DE CUBA a periodistas en diversos puntos del país, hubo más gente en las Iglesias católicas asistiendo a misa que en los centros de votación, que por lo general lucieron desolados a lo largo de la jornada.

Aunque la narrativa oficial destacó este dominio del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en verdad el telón de fondo de estas elecciones legislativas y regionales (para elegir gobernadores provinciales) fueron la alta abstención, la represión de factores de oposición y los cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso electoral. Más de 60 activistas sociales y políticos fueron detenidos en los tres días previos a las votaciones, en un país donde una semana antes de los comicios ya se contabilizaban 900 presos políticos, según la ONG Foro Penal.

Según el primer boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, el PSUV obtuvo el 82,6% de los votos, asegurando 23 de las 24 gobernaciones en disputa y una mayoría absoluta de 230 escaños en la Asamblea Nacional, sobre un total de 285 en disputa. Este número de diputaciones se decidió sin hacer una reforma constitucional, básicamente para repartir cuotas entre las facciones del chavismo, ya que la Carta Magna vigente establece un parlamento de 167 legisladores.

Una sola gobernación, la del estado (provincia) de Cojedes, sin relevancia en el eje de poder venezolano, quedó bajo color azul sin un gobernador chavista, mientras que en la Asamblea Nacional tendrá una diputación el dos veces candidato presidencial de la oposición, Henrique Capriles, cuya decisión de participar en los comicios le granjeó una lluvia de críticas y cuestionamientos en las redes sociales.

Estas elecciones se llevaron a cabo en medio de una profunda crisis política que se profundizó tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia dictaminaron la reelección de Maduro sin poder mostrar las actas electorales respectivas o los resultados desagregados.

La falta de transparencia en la publicación de actas electorales y la represión posterior, con más de 2.000 detenciones según el propio Gobierno, han alimentado un clima de desconfianza hacia el CNE y miedo a la participación.

La líder opositora María Corina Machado, quien llamó a la abstención en estos comicios, celebró la baja participación como un acto de resistencia: "Más del 85% de los venezolanos desobedecimos a este régimen y dijimos no".

Según los reportes oficiales, la participación oficial fue del 42,6%, pero veedurías independientes y expertos consideran que la participación apenas sobrepasó el 10%. Dado el clima de restricción y militarización de centros electorales y las calles del país fue imposible llevar adelante un proceso de observación como tal, además de que el CNE no lo autorizó.

El proceso electoral estuvo marcado por irregularidades denunciadas por expertos independientes. Griselda Colina, exrectora del CNE, confirmó a DIARIO DE CUBA sus observaciones: opacidad en el cronograma electoral, que no fue publicado en la Gaceta Oficial, y la falta de auditorías al sistema de votación afectan gravemente las garantías del proceso. "La ausencia de un cronograma claro y la inactividad de la página web del CNE limitan la transparencia y la confianza en el sistema electoral", afirmó Colina.

Una arista de estas elecciones podría avivar el conflicto geopolítico que envuelve a Venezuela y Guyana en su disputa por el llamado territorio Esequibo, que de facto Georgetown ha colonizado, pero para el cual el chavismo en esta elección escogió ocho diputados (un cambio que no pasó por una reforma constitucional previa) para la circunscripción bautizada como Guayana Esequiba.

Esto fue presentado por el chavismo como un acto de soberanía, aunque fue criticada como una "farsa electoral" por EEUU y otros países.

El 1 de mayo, a propósito de estos comicios, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reafirmó por unanimidad sus medidas provisionales otorgadas en diciembre de 2023 y ordenó al Gobierno de Nicolás Maduro abstenerse de celebrar o preparar elecciones en la región del Esequibo, en disputa con Guyana. Al celebrar las elecciones este 25 de mayo y escoger diputados para tal circunscripción, sin claridad de quiénes estaban facultados para votar allí, el chavismo desafió al tribunal de la ONU.

Asimismo, expertos independientes han coincidido en que estas elecciones no cumplieron con los estándares de libertad y equidad. Elsa Cardozo, analista política de la Universidad Central de Venezuela, señaló que "la continuidad autoritaria del régimen chavista se refuerza con estos comicios, caracterizados por su ilegitimidad e ineficiencia".

Cardozo detalló a DIARIO DE CUBA lo que catalogó de control deliberado del Gobierno sobre este proceso, que supuso la exclusión de observadores independientes como el Observatorio Venezolano Electoral (OEV), y la limitada acreditación de la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación (ROAE), ambas iniciativas venezolanas. Tampoco hubo presencia de una misión de observación de la Unión Europea o de organismos internacionales calificados para tal tarea.

Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos, apuntó que la baja participación no solo responde al llamado de la líder opositora Machado, sino también a un fenómeno de "falsificación de preferencias", donde los ciudadanos evitan expresar su verdadera inclinación política por temor a represalias.

Según Seijas, "hasta un tercio de los simpatizantes del chavismo blando se sienten desmotivados, pero el control del PSUV sobre las instituciones asegura su dominio".

La oposición venezolana, nucleada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), optó por no participar en estas elecciones, exigiendo el reconocimiento de los resultados de las presidenciales de 2024, donde Edmundo González Urrutia, respaldado por Machado, obtuvo cerca de un 70% de los votos según actas electorales recabadas y luego publicadas por la oposición.

La PUD, que representa al 60% del electorado según encuestas, condicionó su participación a garantías de transparencia y la liberación de presos políticos, demandas que no fueron atendidas.

Finalmente, la comunidad internacional ha reaccionado con escepticismo. El Centro Carter, en su informe del 18 de febrero de 2025, ratificó la validez de las actas de la oposición de las elecciones de 2024 y denunció la falta de resultados desglosados por el CNE sobre el 28J, lo cual dejaba un serio cuestionamiento sobre si participar o no este 25M.

Canadá, que reconoció a González como presidente electo en enero, expresó "serias preocupaciones" sobre la legitimidad de estos comicios parlamentarios y regionales. Nueve países latinoamericanos, incluyendo Argentina y Costa Rica, solicitaron una reunión de la OEA para abordar la crisis electoral venezolana.