La diatriba pública entre Bogotá y Washington parece ir por un canal, pero en otro se mantiene la cooperación estadounidense en materia de seguridad e inteligencia, como quedó demostrado el pasado 5 de abril al ser abatido José Miguel Demoya Hernández, alias Chirimoya y una de las cabezas del Clan del Golfo, uno de los principales grupos criminales de Colombia.
Este hecho, junto a la incautación este 7 de abril de bienes por más de cinco millones de dólares a otro cabecilla, Hernán Mauricio Zuluaga Bustos, tras su deportación a EEUU, definitivamente enterró la tesis inicial del presidente Gustavo Petro, quien se había manifestado a favor de abrir un canal de diálogo con el Clan del Golfo, cuando asumió el poder hace tres años en el marco de su propuesta de una "paz total" para Colombia.
Petro, un referente de la izquierda en la región y quien fue parte de la guerrilla del M19 en Colombia, admitió la colaboración de la agencia antinarcóticos de EEUU (DEA), junto a la Policía Nacional de su país para esta operación que acabó con Demoya Hernández. Este comandaba una facción del grupo criminal con 1.300 hombres armados y cuyo objetivo era expandir territorialmente las actividades ilícitas, según los voceros policiales.
Demoya Hernández fue abatido el sábado en medio de un operativo conjunto de las autoridades colombianas y estadounidenses en zona rural del municipio de La Apartada, en el departamento de Córdoba, cercano al paso hacia la selva del Darién, del cual el Clan del Golfo extrajo millones de dólares entre 2021-2024, según Human Rights Watch, en extorsiones a los centenares de miles de migrantes que cruzaban por ese peligroso e inhóspito corredor migratorio.
De acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional de Colombia y la DEA estadounidense, Demoya Hernández era considerado como el lugarteniente más cercano de Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo. Este había designado al criminal abatido por las autoridades, con un historial criminal de más de 20 años, para la expansión criminal del grupo en varias regiones del país.
Según el director de la institución policial, general Carlos Fernando Triana, Chirimoya encabezaba los hombres del Clan del Golfo enfrentados con el otrora grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con paramilitares de las denominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, básicamente por el control de las rentas criminales, fruto de la minería ilícita, la trata de personas y el narcotráfico.
Según el portal especializado Insight Crime, el Clan del Golfo proviene de la unión de grupos paramilitares derrotados como Gaitanistas, también conocidos como Urabeños y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Conformados en una zona cercana a la frontera con Panamá, propicia para el tráfico trasnacional de drogas, son en la actualidad "una fuerza criminal con alcance nacional".
Cuando Petro asumió la Presidencia de Colombia, en agosto de 2022, parecía que esta organización delictiva tendría un canal de diálogo con el Gobierno izquierdista. Sin embargo, el proceso se estancó básicamente por las diferencias entre el Gobierno y el Clan del Golfo respecto a un eventual sometimiento a la justicia y la falta de un marco jurídico para adelantar este tipo de procesos con grupos criminales.
Sin embargo, este 2025 se inició con un giro en la política de Petro hacia los grupos de irregulares, tanto con la otrora guerrilla izquierdista del ELN, devenida igualmente en grupo criminal, como con entidades criminales, dado que los enfrentamientos entre bandas están dejado severas secuelas humanitarias, como viene registrándose en la región del Catatumbo, ya reseñado por DIARIO DE CUBA.
El Petro que aspiraba a sentar en mesas de negociación a todos los alzados en armas al margen de la ley ha dado paso en la recta final de su gestión a un presidente que autoriza el uso de la fuerza contra criminales (tengan o no banderas seudopolíticas) y también las deportaciones de colombianos a EEUU.
Tras ser abatido Demoya Hernández, el grupo criminal llamó a un paro armado en los departamentos de Sucre y Córdoba, sobre el Mar Caribe. Si bien las autoridades policiales han ratificado que tienen control territorial, un recorrido del diario El Heraldo dejó en evidencia que en las pequeñas poblaciones fueron cerrados diversos negocios básicamente por temor de sus propietarios a las represalias del grupo criminal.
Para reforzar la imagen de la nueva política de seguridad del Gobierno de Petro, al tiempo que la Policía y el propio presidente confirmaban la acción junto a la DEA para dar de baja al cabecilla del Clan del Golfo, en otra comunicación el Ministerio de Defensa daba cuenta de que en el departamento de Putumayo, limítrofe con Ecuador, fueron capturados el mismo día nueve integrantes del Frente 48 de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC.
