El fallecimiento de Fernando Martínez Mottola reavivó en Venezuela el caso del cerco a la Embajada de Argentina en Caracas. Con un cuadro de salud delicado, que se agravó en los nueve meses que estuvo bajo asedio en la sede diplomática, este exministro y exasesor de la coalición opositora había abandonado la delegación en diciembre pasado para recluirse en su casa.
Según la narrativa oficial, el 20 de diciembre Martínez Mottola salió "de forma voluntaria" de la sede diplomática, donde en marzo de 2024 había encontrado protección junto a otros cinco estrechos colaboradores de la campaña electoral y del equipo de la líder opositora María Corina Machado.
En realidad, acordó su salida tras agravarse su condición de salud en esos nueve meses que expertos califican de cautiverio, dado que la embajada está sin energía eléctrica, con racionamiento de agua, sin acceso a medicinas y apenas con alimentación para las personas que en marzo de 2024 ingresaron y recibieron asilo político por parte del Gobierno de Javier Milei. Las otras cinco personas permanecen allí.
El Gobierno de Nicolás Maduro no solo les impidió abandonar el país, al no concederles el beneplácito par que pudiesen trasladarse a Argentina, sino que después de las elecciones del 28 de julio arreció un cerco sobre la sede diplomática, en una acción que contradice los tratados internacionales en la materia de asilo y protección internacional y el respeto a las sedes diplomáticas.
Por familiares de Martínez Mottola, DIARIO DE CUBA supo que el exministro ya estaba con condiciones de salud delicadas cuando ingresó a la embajada para evitar ir a prisión. La ausencia de médicos y acceso a medicinas durante los nueve meses que estuvo en este "cautiverio", entre marzo y diciembre de 2024, precipitaron su fallecimiento este 26 de febrero, en su casa, en Caracas.
La Fiscalía de Venezuela acusó a Martínez Mottola y los otros cinco colaboradores de Machado, incluso su jefa de campaña, Magalli Meda, de ser parte de un supuesto plan para generar violencia para impedir las elecciones presidenciales.
Este grupo de seis personas logró asilarse el 20 de marzo. Ese mismo día fueron detenidos otros dos altos colaboradores de Machado, Dignora Hernández y Henry Alviarez, quien fungía como coordinador nacional del partido Vente Venezuela. En estos 11 meses de prisión a Hernández y Alviarez se les ha mantenido por largos periodos incomunicados, incluso sin visitas de sus familiares, sin acceso a la defensa y sin haber sido presentados ante un juez.
Entre los años 1992 y 1993, Martínez Mottola fue ministro de Transporte y Comunicaciones del segundo gobierno del fallecido expresidente Carlos Andrés Pérez. Antes ejerció, en 1990, como presidente de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (CANTV) y estuvo al frente de privatización de la empresa.
Al lamentar su muerte, el partido Voluntad Popular recordó que, desde su posición de asesor político de la coalición opositora venezolana, Martínez Mottola "fue un actor fundamental en garantizar la coordinación entre la Plataforma Unitaria y la líder de la oposición María Corina Machado".
Dentro de un mes, los otros cinco asilados, incluyendo al coordinador internacional del partido Vente Venezuela, Pedro Urruchurtu, cumplirán un año recluidos allí. Tras la ruptura de relaciones entre Caracas y Buenos Aires, por el no reconocimiento de Milei de la reelección de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, la sede diplomática pasó a estar bajo la custodia de Brasil.
El Gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, sin embargo, ha permanecido impasible ante las acciones del chavismo contrarias a los tratados internacionales, como cortarle el servicio eléctrico y de agua potable a la sede diplomática, detener a personal local que prestaba apoyo a los asilados o la intimidación permanente de cuerpos de seguridad en las afueras de la sede diplomática.
Uno de los asilados confirmó telefónicamente a DIARIO DE CUBA que las viviendas aledañas a la sede diplomática fueron igualmente tomadas por los organismos de seguridad venezolanos.
Antes de que su personal abandonase Venezuela, la Cancillería argentina denunció "el hostigamiento" del que fue objeto su sede diplomática. A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano indicó que esto obedecía a "las injerencistas acciones" del Gobierno del presidente argentino Javier Milei a la hora "de desconocer los resultados electorales" del pasado 28 de julio.
Argentina, como muchos otros países latinoamericanos y europeos, exigió resultados desagregados y actas electores que demostraran la reelección de Nicolás Maduro. Tal cosa no fue ofrecida ni por el Consejo Nacional Electoral ni por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que, al igual que la Fuerza Armada —por ley— tiene copia de las actas electorales de dichas elecciones presidenciales.
La oposición prodemocracia, en tanto, recabó, digitalizó y subió a una nube segura en internet el 83% de las actas en una operación liderada por María Corina Machado, y luego depositó los originales de estas en las bóvedas del Banco Central de Panamá.
De acuerdo con esas actas, consideradas válidas por el único equipo de observación electoral independiente presente entonces dentro de Venezuela, el Centro Carter, el ganador en dichas elecciones fue Edmundo González Urrutia, con una diferencia 70-30 sobre Maduro, en un resultado que resulta irreversible.
