La Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria publicó esta semana un informe en el que detalla cómo el régimen de Bashar al Assad utilizó sistemáticamente la detención arbitraria, la tortura y las desapariciones forzadas para reprimir la disidencia desde el inicio del conflicto en el país, los que constituyen violaciones generalizadas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, así como violaciones al Derecho Internacional Humanitario y crímenes de guerra.
Por otro lado, el informe señala que los estados que apoyaron al Gobierno de Al Assad durante estos años, entre ellos los regímenes de Cuba, Venezuela, Rusia y China, "tuvieron conocimiento de estas violaciones, que han sido ampliamente documentadas y denunciadas desde 2011".
El informe, titulado "Red de agonía: detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en la República Árabe Siria" y que cuenta con más de un centenar de páginas, incluye más de 2.000 testimonios de testigos, incluidas 550 entrevistas con supervivientes de tortura, realizadas entre marzo de 2011 y diciembre de 2020.
El documento presenta el análisis más exhaustivo realizado hasta la fecha por la comisión sobre las violaciones de Derechos Humanos cometidas por el anterior Gobierno sirio, indica en su reporte Europa Press.
La conducta de las autoridades "se repitió de forma reiterada durante el periodo de casi diez años que abarca" el informe y "muchos de los actos documentados estuvieron acompañados de una intención discriminatoria que acentuó los agravios persistentes que contribuyeron a la evolución de la crisis hacia un conflicto armado y que desde entonces han sostenido su evolución".
Dado que las prácticas "se aplicaron a gran escala y la existencia de patrones de conducta fácilmente determinables y constantes a lo largo de los años, las personas dentro de la cadena de mando de cada garante de
derechos sabían o deberían haber sabido, como mínimo, que esas prácticas continuaban y no tomaron las medidas adecuadas".
Durante este periodo "casi" no hubo información pública sobre la rendición de cuentas por las denuncias de tortura o malos tratos por parte de las fuerzas gubernamentales. En aquellos casos en los que el Gobierno informó que se había hecho rendir cuentas por abusos, "no fueron lo suficientemente transparentes ni verificables para demostrar que se habían tomado medidas significativas para eliminar la tortura y el conjunto de violaciones y abusos documentados".
"A esto se suman las violaciones relacionadas con las decenas de miles de víctimas de desaparición forzada, cuyo paradero y suerte siguen sin conocerse hasta la fecha. Independientemente de la legalidad de cualquier arresto inicial de esas personas, su detención también se volvió arbitraria por las acciones posteriores de los agentes del Gobierno para sacarlas de la protección de la ley", reza el documento, que señala que las familias de los desaparecidos siguen buscando respuestas sobre sus seres queridos.
En este sentido, la comisión explicó que el Gobierno había proporcionado información directa e indirecta sobre si una persona seguía viva en algunos casos, pero no proporcionó información sobre la ubicación de la mayoría de los restos de los fallecidos ni sobre el destino de decenas de miles de personas que las familias esperaban que siguieran vivas, todo ello "a pesar del sistema altamente organizado y burocrático de registro y seguimiento".
"Esta situación persistía al momento de la preparación de este informe, lo que pone de relieve las conclusiones anteriores de la Comisión de que esa información se estaba ocultando intencionalmente para subyugar a las comunidades afectadas. (...) Dada la magnitud de las desapariciones forzadas en Siria, las cuestiones de los detenidos representan un trauma nacional que afectará a la sociedad siria durante decenios venideros", enfatizó la comisión.
Las personas que fueron puestas en libertad informaron que habían conseguido salir de prisión por el pago de sobornos a través de intermediarios a funcionarios del Gobierno. Si bien la eficacia de estos "varió ampliamente", en "todos los casos el dolor y la desesperación de las familias fueron explotados por personas dentro del sistema de detención oficial sirio y aquellas estrechamente vinculadas a él".
Además, indicó que, más allá de supuestas intervenciones internacionales, "el único factor que parece haber tenido un impacto significativo en el número de violaciones documentadas es el hecho de que gran parte de la población que anteriormente habría sido objeto de arresto se desplazó a zonas fuera del control del Gobierno o huyó del país".
El organismo subrayó que poner fin a esas violaciones y garantizar el respeto de los derechos de los supervivientes a obtener reparación "sigue siendo fundamental para cualquier resolución justa y respetuosa de la crisis". En este sentido, hizo un llamamiento a las nuevas autoridades, que derrocaron el régimen de Al Assad a principios de diciembre, para que tomen medidas para salvaguardar las pruebas, los archivos y los lugares de los crímenes, hasta que todos ellos puedan ser examinados.
"Nos encontramos en una coyuntura crítica. El Gobierno provisional y las futuras autoridades sirias ahora pueden garantizar que estos crímenes nunca se repitan. Esperamos que nuestras conclusiones, tras casi 14 años de investigaciones, ayuden a poner fin a la impunidad por estos patrones de abusos", declaró el presidente de la comisión, Paulo Sergio Pinheiro.
Mientras se ultimaba la redacción del documento, una coalición de grupos armados liderada por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS, Organización para la Liberación del Levante), derrocó al régimen de Al Assad y liberó a los detenidos de todos los lugares de detención existentes.
Tras ello, este ente pidió a las nuevas autoridades que garanticen la rendición de cuentas por los crímenes y las violaciones detalladas, garanticen que las familias conozcan la verdad sobre el destino de sus seres queridos y aseguren que estas prácticas no se repitan.
"Los casos presentados ante tribunales nacionales fuera de Siria, basándose en el principio de jurisdicción universal, han dado lugar a importantes condenas de autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad de nivel medio y bajo. Ahora esperamos ver iniciativas de justicia nacional creíbles, en las que los supervivientes y las familias
puedan desempeñar un papel central", manifestó el comisionado Hanny Megally.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria fue establecida en agosto de 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el mandato de investigar todas las presuntas violaciones de Derechos Humanos cometidas desde marzo de ese mismo año. También encargó al organismo que estableciera los hechos que pudieran constituir tales violaciones y, cuando fuera posible, que identificara a los responsables.
