Al igual que sucedió con el régimen cubano en noviembre, el Gobierno de España reconoció las grandes dificultades para cobrar la deuda que el régimen de Nicolás Maduro mantiene con Madrid. En tal sentido, en una reciente respuesta parlamentaria a instancias del Grupo Vox a la que tuvo acceso el diario digital The Objective, el ejecutivo español indicó que Venezuela "se ha escudado fundamentalmente en la situación económica y cambiante del país como razón para no regularizar los pagos".
En los últimos años, Venezuela ha pasado de ser el decimosexto deudor de España a situarse entre los seis principales, toda vez que el monto que Caracas debe devolver o renegociar pasó de los 70 a superar los 200 millones de euros. The Objective añadió, no obstante, que esta se trata de una pequeña para de la deuda de Caracas, toda vez que debe unos 7.900 millones de euros a los países integrados en el Club de París y, al contrario de la actitud asumida por La Habana, Venezuela no se ha planteado renegociarla.
En relación al incremento de la deuda con España, el Ejecutivo ibérico detalló que este no se debe a nuevos préstamos, sino a impagos declarados de operaciones cubiertas por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) y a los intereses de demora generados por los impagos.
A pesar de los intereses económicos mutuos, desde 2004 no se ha producido ningún tipo de negociación para el alivio de la deuda, según reconoció el actual ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, cuando ocupaba el cargo de secretario general del Tesoro. Mientras que con La Habana "se han desarrollado diferentes acuerdos de reestructuración y quita de deuda" en los últimos años, reconoció recientemente el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa de Espala, Israel Arroyo, con Caracas no se ha desarrollado ninguno, según The Objective.
Así, el Gobierno de Pedro Sánchez destacó que, tanto a través de la CESCE como del del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y con el Instituto de Crédito Oficial como agente financiero, ha reclamado el cobro de la deuda a Caracas o, al menos, iniciar negociaciones encaminadas a ello, algo que el régimen "he desoído".
No obstante, a pesar de algunas tensiones diplomáticas, Caracas y Madrid han mantenido en los últimos años relaciones empresariales estables, envueltas en penumbras y bajos fondos. En tal sentido, el escándalo conocido como "Delcygate", que tuvo su origen en una visita secreta de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España en 2020, evidecia la conexión entre el Gobierno español y el régimen de Nicolás Maduro.
La trama de corrupción que rodea al exministro de Transporte español, José Luis Ábalos, y que lo mantiene desde hace meses bajo investigación, como parte del llamado "Caso Koldo", ha revelado que, durante ese viaje a Madrid, que fue vendido por La Moncloa como una "escala técnica", Rodríguez ofreció a empresarios españoles ―al reunirse con Ábalos, con la anuencia de Pedro Sánchez― la venta fraudulenta de 104 barras de oro venezolano por 68,5 millones de dólares.
Los intereses económicos de Madrid en Caracas están marcados fundamentalmente por temas vinculados al petróleo y la empresa Repsol es una de las más involucradas en la extracción y comercialización de crudo venezolano. La multinacional española, que lleva casi 30 años explorando los pozos del país sudamericano, está expuesta a que la autoproclamación de Maduro como presidente, luego de consumar el fraude electoral, traiga consigo el previsible endurecimiento de las sanciones por parte de EEUU y le sea suspendida la licencia, emitida por Washington, que le permite sacar petróleo venezolano más allá de las fronteras del país.
Aun cuando los intereses de empresas españolas allí son grandes, la ambivalencia del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a Venezuela es notable y, si bien ofreció asilo político al presidente electo Edmundo González Urrutia, se niega a reconocerlo como vencedor de las elecciones del 28 de julio, lo que respalda indirectamente al chavismo.
Asimismo, a pesar de brindar su embajada para negociar la salida del país de González Urrutia y de que uno de los expresidentes españoles, José Luis Rodríguez Zapatero, mantenga repetidos contactos con el régimen, en más de 20 años ambas partes no se han sentado a negociar la deuda de Caracas, aún cuando, en la década pasada, el chavismo gozó de una boyante situación económica. La conclusión es clara y el "Delcygate" es una pieza muy ilustrativa: las relaciones económicas y políticas entre España y Venezuela son turbias y se mueven con soltura en los bajos fondos, aunque la política institucional pretenda dar a veces insinuaciones de lo contrario.
