El potencial económico que tendría para Colombia la migración masiva de venezolanos, tal como apunta un estudio difundido recientemente, ha encontrado serios obstáculos por la ausencia de una política oficial desde hace diez meses por parte del Gobierno de Gustavo Petro para regularizar el estatus migratorio de quienes huyen de la crisis económica y política de Venezuela.
El tema de la presencia masiva de migrantes venezolanos en Colombia ha cobrado nuevamente vigencia tras las elecciones venezolanas del 28 de julio pasado, que fueron seguidas de una negativa del régimen de Nicolás Maduro a hacer una auditoria de los resultados, a lo que sumó una ola de represión.
Este 17 de septiembre, en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue presentado un informe de expertos de la Misión de Determinación de los Hechos, que documenta violaciones graves y sistemáticas a derechos fundamentales en Venezuela tras los comicios presidenciales.
De acuerdo con El Pitazo, unos 1.500 venezolanos cruzaron durante agosto cada semana por la zona fronteriza norte de la Guajira, entre Colombia y Venezuela, mientras que, entre las ciudades de San Antonio y Cúcuta, en el suroeste, unas 600 personas emprenden la ruta migratoria cada día, según reportan ONG colombianas desde la frontera, comentó a DIARIO DE CUBA el periodista Jeanfreddy Gutiérrez, especializado en periodismo de datos y migración.
No todos permanecen en territorio colombiano. Muchos pasan por Colombia para cruzar la peligrosa selva del Darién y seguir la ruta hacia Estados Unidos junto a migrantes de diversas nacionalidades.
Colombia ha registrado un cambio significativo en la acogida. Pasó de tener una elogiada política migratoria durante el Gobierno del conservador Iván Duque, quien apostó por regularizar la presencia de migrantes venezolanos y para ello apeló a la cooperación internacional de cara a llevar adelante diversos planes, a la decisión del Gobierno de Petro de ralentizar, en primer término, el otorgamiento de un permiso oficial, y luego dejar un vacío en la materia desde noviembre del año pasado.
"En noviembre de 2023 se cerró la posibilidad de solicitar el Permiso de Protección Temporal, un documento creado por el Estatuto (en tiempos de Duque) que unificaría todos los demás existentes y atendería a regulares e irregulares que ya vivían en Colombia", precisa Gutiérrez.
De acuerdo con el análisis que hace este periodista, director de la unidad de fact-checking del medio digital venezolano Efecto Cocuyo y residente en Bogotá, antes de noviembre de 2023 ya existían 459.000 venezolanos con una situación migratoria irregular, que al suspenderse la concesión del permiso ya no pueden solventar esto, a lo que se han sumado en estos diez meses otros 346.000.
"En total, hoy más de 800.000 venezolanos que están dentro de Colombia no tienen ningún documento para acceder a servicios o programas estatales o privados, como abrirse una cuenta bancaria, inscribir a los niños a la escuela o trabajar legalmente", sintetiza Gutiérrez.
Además de desmontar el sistema implementado por el Gobierno anterior, la Administración de Petro ha prometido activar nuevos planes, pero no lo ha realizado y, asimismo, desde el Gobierno, se ha promovido un discurso que sostiene que los venezolanos están regresando a su país.
Hace una semana, por ejemplo, el canciller Luis Gilberto Murillo sostuvo públicamente: "hemos visto que la gente se está regresando a Venezuela". Los datos que manejan organizaciones sociales y civiles desde diversos puntos fronterizos apuntan en dirección contraria.
Dos encuestas difundidas antes de las elecciones del 28 de julio daban cuenta de que 12% o 18% de los encuestados, según cada empresa (Delphos y ORC Consultores), colocaría como prioridad salir de Venezuela si Nicolás Maduro resultaba reelecto para gobernar en el período 2025-2031.
De estas elecciones, en tanto, el oficial Consejo Nacional Electoral aún no difunde resultados desagregados o actas verificables que permitan sostener su versión de que Nicolás Maduro ganó en las urnas. Las papeletas que recabó la oposición dan cuentan de una diferencia 70-30 a favor del exembajador Edmundo González Urrutia sobre Maduro.
De acuerdo con cifras de las agencias especializadas de la ONU, en Colombia están cerca de tres millones de venezolanos, de una diáspora total de 7,7 millones. Se trata de una emigración que se hizo masiva a partir del año 2015 y que, según reflejan los análisis tuvo picos importantes en el volumen y velocidad de salida del país, inmediatamente después de momentos de cruda represión como los que se vivieron en 2014 y 2017, estando ya Maduro en el poder.
El debate sobre la presencia de migrantes venezolanos en Colombia, con un Gobierno como el del izquierdista Petro, que ha minimizado el volumen o ha evadido implementar planes de regularización, coincide con investigaciones que dejan en evidencia el potencial económico que tendría la migración desde el país vecino.
Un reportaje de la edición colombiana de El País reprodujo hace una semana los resultados de un estudio que demuestra que las personas de origen venezolano, sin incluir empresas, generaron ingresos al Estado colombiano por 529 millones de dólares con el pago directo e indirecto de impuestos en 2022.
El País coloca en perspectiva este dato: "La cifra, sin restar gastos asociados a la regularización, corresponde al 1,9% del recaudo tributario de ese periodo y es comparable con lo que se invierte en la alimentación gratuita para seis millones de estudiantes de colegios públicos en un año".
La desafección de Petro en relación con el tema migratorio, que sería uno de los problemas a los que apunta con su interés en que se encuentre una salida negociada a la crisis post electoral para evitar que aumente dramáticamente el flujo migratorio desde Venezuela, parece estar conectado con el clima de opinión que prevalece entre los colombianos en la actualidad.
Cinco de cada diez colombianos no están de acuerdo con acoger a los venezolanos que cruzan la frontera, según datos del más reciente estudio Colombia Opina, de la reconocida firma Invamer.