Las revelaciones no dejan de sorprender en la investigación del magnicidio de Jovenel Moïse, quien era el presidente de Haití al momento de ser asesinado en julio 2021. Ahora han sido acusados un ex primer ministro que era aliado del mandatario, su propia esposa y el exjefe de Policía, convirtiendo el caso en una suerte de novela policial.
El caso del magnicidio ha sido investigado tanto en Haití como en el estado de Florida (EEUU), por las ramificaciones que tuvo en territorio estadounidense para armar al grupo de hombres que acabó con la vida de Moïse. Sin embargo, el giro más sorpresivo hasta ahora lo ha aportado el juez Walther Wesser Voltaire, el quinto magistrado en encabezar la investigación después de que los cuatro anteriores renunciaron por temor a ser asesinados.
Walther Wesser Voltaire es un juez de instrucción y en la conclusión de su investigación sostiene que Martine Moïse, la viuda del presidente asesinado, así como el ex primer ministro Claude Joseph y el exjefe de Policía, Leon Charles, sean llevados ante la Justicia penal, así como otras 50 personas. Según el magistrado, en su alegato difundido este 20 de febrero, deben ser procesados por conspiración criminal, robo a mano armada, terrorismo, asesinato y complicidad de asesinato.
Charles, quien es el actual embajador de Haití ante la Organización de Estados Americanos, ha dicho que este sorpresivo giro en el caso ha sido urdido por el primer ministro en funciones, Ariel Henry, para desviar la atención de su proyecto de permanecer en el poder. Henry había anunciado que dejaría el cargo en este mes de febrero, pero luego lo ha descartado y al contrario el país caribeño sigue sin fecha de unas elecciones que resultan indispensables para su reinstitucionalización.
Haití no tiene Parlamento, tampoco poder electoral y muchos jueces han renunciado por temor a que sus decisiones le cuesten la vida. Los cuerpos policiales están sobrepasados ampliamente por decenas de bandas criminales que de facto ejercen control sobre partes significativas del territorio haitiano, en especial de la capital Puerto Príncipe.
Aunque la crisis institucional estaba ya en desarrollo estando Moïse en el poder, dado que estaba enfrentado al Parlamento por sobre cuándo debía culminar su periodo presidencial, su asesinato profundizó una situación de anomia social y ausencia de referentes institucionales en el país.
Sin ir muy lejos, Moïse designó a Henry como primer ministro, poco antes de ser asesinado, y ese nombramiento no cumplió con la ley al no ser ratificado por el Parlamento. Para muchos factores de oposición, Henry debió abandonar el poder tras el magnicidio y haber facilitado el proceso para unas elecciones generales en Haití.
"Ariel Henry está incitando a una guerra civil en Haití, que la población intenta evitar. Es una situación crítica en la que tenemos un ex primer ministro que intenta quedarse a pesar de ser rechazado por toda la población", comentó el exministro Joseph al canal internacional France24 Puerto Príncipe.
De acuerdo con el juez, "las declaraciones de la ex primera dama (...) están tan plagadas de contradicciones que dejan mucho que desear y la desacreditan". Según el legajo judicial, contra Charles y Joseph hay "pruebas suficientes" de complicidad de ambos en el asesinato del mandatario en 2021.
Diversos medios de prensa, han recordado que, a fines de 2021, el primer ministro en funciones, Ariel Henry, destituyó al fiscal Bel-Ford Claude horas después de que este lo señalara de estar involucrado con el asesinato de Moïse.
Entretanto, a fines del año pasado un tribunal federal estadounidense condenó a cadena perpetua al exsenador haitiano John Joel Joseph en el otro proceso judicial que está en marcha en territorio estadounidense.
Joseph se convirtió en el tercero de los 11 acusados, entre ellos mercenarios colombianos sospechosos de llevar a cabo el asesinato y empresarios extranjeros que se presume financiaron el complot, en declararse culpable en el caso.
A mediados de 2023, el empresario chileno-haitiano Rodolphe Jaar fue condenado a cadena perpetua en Florida. Se declaró culpable de facilitar armas y alojamiento a los asesinos del presidente haitiano.
De acuerdo con el informe del juez Voltaire, el oficial de Policía que supervisaba la seguridad presidencial está señalado de recibir 80.000 dólares para sobornar a ciertos agentes "para que permanecieran inactivos" mientras actuaba el comando extranjero que acabó con la vida del presidente, en su residencia.
En lo que fue la etapa final de una controvertida presidencia, Moïse pretendía reformar la Constitución de Haití, desoyendo las críticas internas y las aprehensiones de la comunidad internacional. No pocos sostenían que este afán de ajustar la Carta Magna lo que buscaba era cambiar las reglas de juego para poder presentarse a la reelección en 2022, sin contrapesos institucionales dado el vacío legislativo.
Moïse llegó en 2017 a la Presidencia de Haití bajo sospecha de fraude, durante bastante tiempo gobernó por decreto, reprimió a los manifestantes que pedían su renuncia, y no pocos haitianos creen que hizo fortuna gracias a la corrupción, con la cooperación que recibió en su momento del chavismo.
