El chavismo y EEUU parecen coincidir en realizar elecciones sin María Corina Machado

Atravesada como está la relación entre los gobiernos de Nicolás Maduro y de Joe Biden por el tema petrolero, sobre el cual gravitan amenazas e incentivos según la agenda política de cada momento, Caracas y Washington parecen apuntar a unas elecciones presidenciales en este 2024 que cumplan con ciertas condiciones, pero sin abrirse a la participación de la candidata María Corina Machado.

El chavismo, por un lado, ha montado una suerte de feria en el Parlamento para que distintos factores aliados al régimen propongan fechas para las elecciones presidenciales. La gran excluida es María Corina Machado, que según todas las encuestas triunfaría de manera amplia si se le permite competir en los comicios.

Mientras en Caracas proseguía este 6 de febrero la exposición variopinta de figuras que analistas han pasado a calificar como "la oposición leal", ya que no representan un peligro para el chavismo, pero al mismo tiempo le permite mostrar cierta pluralidad, en Bogotá el principal vocero de la Casa Blanca para el caso de Venezuela sostenía que para el Gobierno de Biden la prioridad está en el proceso y no en candidaturas específicas.

"Lo único que nos interesa es el proceso, no el candidato", dijo Juan González, asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca para el hemisferio occidental, citado por Bloomberg desde Bogotá. El alto funcionario de EEUU, que por la vía de los hechos ha desplazado al Departamento de Estado en lo relativo a las interacciones con el chavismo, se reunió en Bogotá con el presidente colombiano Gustavo Petro, a quien le pidió cumpla un rol de mediación entre oposición y Gobierno de Venezuela.

Mientras González le restaba relevancia a defender, desde la Casa Blanca, a Machado; en Caracas, entretanto, la dirigente conservadora era excluida del "espacio de diálogo con las oposiciones" que lanzó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Rodríguez y González, según ha trascendido gracias a medios internacionales, han sostenido una serie de reuniones secretas en los últimos meses, las cuales desembocaron en los llamados Acuerdos de Barbados, suscritos por la oposición prodemocracia y el chavismo, y que en contrapartida le han significado al chavismo una retirada parcial de sanciones y una política en general más flexible de Washington en relación al comercio exterior de Venezuela.

Un mes después de acudir al Tribunal Supremo de Justicia, una decisión de Machado que de inmediato el Departamento de Estado aplaudió, a mediados de enero pasado este órgano cooptado desde el Gobierno de Maduro ratificó que Machado estaba inhabilitada políticamente, y además la acusó de corrupción por casos vinculados al llamado Gobierno interino de Juan Guaidó, al cual la ahora candidata no solo se opuso, sino que denunció públicamente.

Colaboradores cercanos a Machado admiten en privado que en las prioridades de la Casa Blanca no figura de manera destacada el retorno a la democracia en Venezuela, sino la normalización del estatus quo en el país, que tiene reservas probadas sin explotar por más de 300.000 millones de barriles de crudo, según cifras de la estatal Petróleos de Venezuela.

Para el analista Pedro Pablo Peñaloza, el Gobierno de Maduro no tiene grandes incentivos para cumplir con los Acuerdos de Barbados y allanarse a un proceso electoral, que, si se realiza de manera limpia y justa, y con la participación de Machado, según observadores, sencillamente pondría punto final a la permanencia del chavismo en el poder.

"Para el chavismo incumplir los acuerdos significaría que se reactive una presión internacional, pero ciertamente esa presión internacional es distinta" a la que en su momento promovió el Gobierno de Donald Trump, según Peñaloza.

Consultado por DIARIO DE CUBA, Peñaloza además sostiene que internamente dentro de Venezuela, "el chavismo no tiene una presión de peso". Esto se debe a que la oposición está débil y fragmentada y tampoco hay expectativas de una respuesta popular masiva en las calles con una agenda prodemocracia.

"Son cotidianas las protestas por servicios públicos, por exigencias salariales, pero han sido metabolizadas por el régimen", apunta el periodista especializado en temas políticos.

Las elecciones presidenciales están pautadas para este 2024, y en la necesidad de que se realicen parecen coincidir el chavismo, la oposición y EEUU. Sin embargo, no hay una fecha definida, ni existe un calendario electoral.

En el debate en el seno del Parlamento que abrió Jorge Rodríguez incluso se deslizó la posibilidad de realizarlas a la brevedad, antes de que concluya el primer semestre de este 2024. Esto iría en contravía de lo conversado y acordado en Barbados, de que los comicios deberían tener lugar en la segunda mitad del año.

A la falta de calendario se añaden problemas como la falta de independencia del Consejo Nacional Electoral, cuya debilidad institucional quedó demostrada por el hecho de que Rodríguez, siendo presidente del Parlamento, abriera un debate público para fijar la fecha de unas elecciones presidenciales, siendo esto una competencia del órgano electoral, según las leyes vigentes.

La presencia o no de observadores internacionales, especialmente de la Unión Europea, es otro de los temas que siguen sin definirse, y que resultaría crucial para determinar cuán legitima o no sería esta elección presidencial.

En 2018 Maduro realizó unas elecciones a su medida, en las que se impuso ampliamente, según el resultado oficial. Sin oposición real y sin observadores internacionales, aquella reelección del gobernante fue rechazada ampliamente. Unos 60 países, especialmente de Europa y América, pasaron a considerar ilegitimo a su Gobierno.

Si Maduro resulta reelecto en 2024 y gobierna hasta 2030, completaría un total de 18 años en el poder, mucho más tiempo de quien fue su mentor político, Hugo Chávez, que en total estuvo 13 años en la Presidencia de Venezuela.