Miles de panameños salieron a festejar en las calles de la capital, así como en otras ciudades, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto un contrato suscrito por las autoridades de forma exprés, y cuya aprobación sumió al país en semanas de protestas callejeras y bloqueo de vías que causaron desabastecimiento, cese de clases y caída en las actividades comerciales.
Este 28 de noviembre se conoció la decisión del Tribunal Supremo de Panamá, que de forma unánime calificó de "inconstitucional" el contrato que renovó la concesión de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. Este acuerdo se aprobó de forma exprés y en condiciones de opacidad entre el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo y la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.
El ambiente de protesta y tensión, con cierre de vías públicas, que ha caracterizado a Panamá en las últimas semanas, dio paso rápidamente este martes a un ambiente de algarabía en las calles. "Ya se levantó el bloqueo de la carretera Panamericana. Ya los vehículos de carga están volviendo a transitar", confirmó a DIARIO DE CUBA la investigadora Raisa Urribarri.
Panamá, que es punto neurálgico para el traslado de mercancía a toda Centroamérica, estuvo literalmente paralizada. Las clases se suspendieron y creció la tensión, ya que incluso debió importarse gasolina desde Costa Rica para paliar el desabastecimiento de combustible. Escasearon también los alimentos y mercancías.
Analistas aseguran que protestas de esta magnitud en el istmo no se observaban desde los años en que gobernó Manuel Noriega (1983-1989), militar y autócrata panameño quien pagó prisión por narcotráfico y falleció en 2017.
La llamada Ley 406 fue aprobada el pasado 20 de octubre, tanto por el Gobierno como por el Parlamento de Panamá, como dice el refrán popular, entre gallos y medianoche, sin tomar en consideración un clima creciente de rechazo que se había manifestado de forma específica en contra de la actividad de esta mina, que venía operando desde 1997.
Grupos de activistas panameños interpusieron una demanda en 2009. Sin embargo, no fue hasta 2017 que se logró un primer fallo por inconstitucional. Sin embargo, durante cuatro años tal decisión no se publicó en Gaceta Oficial, y por tanto, quedó sin efectos prácticos.
"Primero, se aprovecharon de esa demora injustificada para ampliar las operaciones de la empresa minera. Después, el Estado debió haber hecho cumplir el fallo definitivo. En cambio, renegoció el contrato", explica Raisa Banfield, al frente de la iniciativa Panamá Sustentable.
La Ley 406 regulaba la explotación de esta mina, la mayor de cobre a cielo abierto de Centroamérica, que representa una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares. Con este fallo, el contrato deja de existir, y Panamá enfrentará demandas internacionales. Minera Panamá ya avisó de su intención de presentar dos demandas contra Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.
Sin embargo, el presidente Cortizo ratificó este mismo 28 de noviembre que su Gobierno cumplirá con la decisión judicial, sin ninguna obstrucción o dilación. Ha sido su respuesta rápida en aras de desactivar la situación caótica en la que se había sumido la vida cotidiana en Panamá, y con graves efectos en la cadena comercial hacia Centroamérica.
El contrato bajo la Ley 406 daba permiso a Minera Panamá a seguir explotando la mina durante 20 años, con posibilidad de extender el contrato 20 años adicionales, a cambio de 375 millones de dólares de ingresos anuales para Panamá. Este monto, entretanto, es diez veces mayor que lo fijado en el acuerdo anterior. "Es una mejora sustancial", defendió en su momento el ministro de Comercio, Federico Alfaro.
Además de la rapidez y la falta de consultas con la sociedad civil, también se ha denunciado corrupción y falta de transparencia dentro de las negociaciones.
La mina en cuestión se trata de la mayor de cobre a cielo abierto de Centroamérica. Ocupa unas 12.000 hectáreas y está ubicada sobre el corredor mesoamericano, lo que significa que se trata de una zona protegida. La extracción de cobre en Panamá representa casi el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 1,5% de la producción mundial de este metal.
Analistas consideran que la nueva ley no solo generó descontento en relación con lo ambiental, sino que también hizo revivir entre los panameños el rechazo a ceder soberanía sobre su territorio, como ocurrió con el Canal de Panamá. Esta fue una arista que avivó la protesta, que tuvo su chispa entre los jóvenes autoconvocados gracias al uso de las redes sociales. Luego se sumaron gremios y movimiento indígenas.
Banfield ha explicado que el contrato establecía privilegios y concesiones a la empresa Minera Panamá, lo cual generaba por la vía de los hechos una especie de territorio aparte dentro del país.
"Denunciamos el impacto de que la mina se convirtiera en un enclave por las condiciones del acuerdo. Los ciudadanos no podrían entrar, la empresa es quien administraba el agua en la zona… En fin, no es un contrato, sino un tratado", cuestionó.
Dada la sensibilidad que rodea al tema, es poco probable que el Gobierno de Cortizo, que está de salida dado que en mayo de 2024 habrá elecciones generales en Panamá, vaya a tomar decisiones como entregar a otra empresa y bajo otras condiciones la explotación de esta mina, pese al hueco fiscal que se le genera al Ejecutivo la paralización de actividades.
