Aunque descendió el número de casos registrados, los patrones de violaciones a los derechos humanos no varían en Venezuela. El chavismo se ha hecho selectivo en materia represiva, pero sigue torturando y aislando a los detenidos políticos, y también prosiguen los abusos sexuales, sostuvo un reporte hecho por una misión de expertos de la ONU.
El cuarto informe de la Misión de Verificación de los Hechos, una instancia creada en 2019 para establecer si en el país se cometieron delitos de lesa humanidad, se presentó este lunes en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en medio del rechazo del régimen de Nicolás Maduro, y con la solicitud de la sociedad civil venezolana de que este tipo de investigación, conducida por expertos internacionales, siga documentando de manera independiente lo que ocurre en el país sudamericano.
En su nuevo informe, el grupo subraya que desde principios de 2021 recibió "menos acusaciones de violaciones graves de derechos humanos contra personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales".
Esto coincide con el proceso de investigación que inició la Corte Penal Internacional (CPI) ese año y cuyos trámites ha logrado dilatar el chavismo con diversos recursos ante esta instancia de La Haya. Sin embargo, en julio de este 2023 la Corte falló en contra de las solicitudes hechas por el régimen de Maduro y decidió seguir adelante con la investigación que busca determinar responsabilidades individuales en un conjunto de violaciones masivas y sistemáticas a derechos fundamentales, especialmente en el contexto de la represión de la protesta en 2014 y 2017.
Marta Valiñas, presidenta de la misión de la ONU, sostuvo que, aunque han disminuido en números, este tipo de incidentes "continúan cometiéndose [...], recientemente [...] de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos".
"Las protestas de 2014 y 2017 fueron masivas y básicamente exigían un cambio de gobierno. Las protestas en los últimos años son más focalizadas, menos masivas, y enfocadas en demandas de servicios públicos, exigiendo mejoras salariales", detalla el abogado venezolano Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, al ser consultado por DIARIO DE CUBA.
"Así como las protestas han cambiado, lo que está diciendo la Misión de Verificación de los Hechos es que también cambió la represión", enfatiza el abogado con larga trayectoria como defensor de derechos humanos en Venezuela.
"La misión esta diciendo que las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzosas, la tortura, los malos tratos y la violencia sexual siguen ocurriendo, solo que ahora las violaciones no son generalizadas como en aquellos años, sino que tienen un carácter selectivo", puntualiza el director de la ONG Acceso a la Justicia.
"Aunque no sean situaciones masivas como en el pasado reciente, se repiten los mismos patrones de violaciones", recalca.
Una gran novedad, detectada en este informe presentado en Ginebra este lunes, está en el hecho de que la violencia sexual ya no solo se ejerce contra detenidos y detenidas, sino que se ha extendido a sus familiares, así como a abogados y abogadas de los presos políticos, como una forma de amedrentarles y atemorizarlos. "Esto es sumamente grave", sostuvo Daniels.
Hace justamente un año, un informe previo de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU estableció que el aparato represor de Cuba ha estado involucrado en crímenes de lesa humanidad dentro de Venezuela. El régimen cubano asesora al principal órgano represivo del chavismo, según detalla lo que fue un demoledor informe de la ONU. Dicha "cooperación" continúa vigente.
El informe de la ONU de este 2023 concluyó que tiene "motivos razonables para creer que se cometieron al menos cinco privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias". Además, los expertos registraron 28 casos de tortura u otros tratos crueles contra personas detenidas, incluyendo 19 casos de violencia sexual.
"La estructura represiva del Estado no se ha desmantelado", sostiene el informe que generó un rápido rechazo del régimen de Maduro, que calificó de mentiras los señalamientos que contiene el voluminoso documento de más de 400 páginas.
El informe acusa al chavismo en el poder, en Venezuela, de recurrir a "amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, a la difamación y a la censura", como parte de una estrategia que busca "sofocar a la oposición".
Un ejemplo sintomático de la poca voluntad política del chavismo para enmendar su actuación tan negativa en materia de derechos humanos está en lo que se conocían como las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), dependientes de la Policía Nacional Bolivariana.
En sus diferentes informes y pronunciamientos públicos mientras fue alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet le insistió en público y en privado —según pudo conocer DIARIO DE CUBA— al propio Maduro de que disolviera a las FAES, que figuró en varios reportes como el cuerpo policial más letal de Venezuela.
Según los expertos de la ONU la desaparición de las FAES fue una simple finta para desviar la atención, ya que ellos comprobaron una continuidad entre ese cuerpo, disuelto en 2021, y la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), creada en julio de 2022.
"La transformación de las FAES en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos", señaló Valiñas en Ginebra.
La ONU hoy sirve para que un puñado de viejos barrigones vivan bien sin trabajar.