EEUU ha decidido llevar ante tribunales estadounidenses a los sindicados de asesinar al entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, en julio de 2021. Es, sin duda, un nuevo capítulo que deja al desnudo la deriva institucional haitiana que se agudizó durante el tramo final de la presidencia turbulenta de Moïse y más aún después de su muerte.
En medio de una crisis generalizada, con una serie de instituciones acéfalas y un primer ministro en funciones, cuya legitimidad ha sido seriamente cuestionada, han sido entidades estadounidenses como el Buró de Investigación Federal (FBI) y la oficina de Miami del Departamento de Seguridad Interior, quienes llevaron adelante las investigaciones preliminares que han permitido establecer policialmente lo que sucedió.
Dentro de Haití prácticamente había sido nulo el avance de la Justicia. Desde fines del año pasado el caso estaba en manos del quinto juez instructor. Los cuatro anteriores habían sido o bien destituidos o bien renunciaron en medio de pugnas políticas y acusaciones de diverso calibre. Dos de ellos, además, denunciaron haber sido amenazados de muerte.
Junto a esto, a fines de 2021, el primer ministro en funciones, Ariel Henry, destituyó al fiscal Bel-Ford Claude horas después de que este lo señalara de estar involucrado con el asesinato de Moïse.
Gobernada por un primer ministro en funciones, con elecciones generales aplazadas por diversos motivos y teniendo en medio el asesinato de Moïse, siendo aún presidente, pero siendo este también responsable de cambiar las reglas del juego para extender su periodo de mandato, en Haití no hay claridad sobre cómo y cuándo se reestablecerá una institucionalidad legítima.
Henry fue nombrado por Moïse antes de ser asesinado, pero para que su cargo goce de legitimidad debería ser ratificado por el Parlamento, una entidad que dejó de operar en Haití hace un par de años en medio de la pugnacidad institucional entre el entonces presidente y las fuerzas opositoras representadas en el Legislativo.
Todo esto ha generado diversas demandas para que la comunidad internacional actúe ante la crisis haitiana y ayude a construir una vía de reinstitucionalización. El país caribeño, entre tanto, parece estar bajo el mandato de mafias y grupos criminales.
La decisión de EEUU de radicar en el estado de Florida el proceso para establecer las responsabilidades por el magnicidio de 2021 podría apuntar en esa dirección.
El Departamento de Justicia informó este 31 de enero sobre la radicación del proceso en territorio estadounidense y el traslado de cuatro implicados: James Solages y Joseph Vincent, quienes tienen la doble nacionalidad de Haití y EEUU; el colombiano Germán Alejandro Rivera García, y el haitiano Christian Sanon.
Hace meses otros tres hombres ya fueron trasladados a EEUU para ser procesados por este asesinato. Moïse fue asesinado a tiros por un comando armado en su residencia privada en Puerto Príncipe, sin que intervinieran sus guardaespaldas.
La Policía haitiana arrestó rápidamente a unos cuarenta sospechosos, incluidos 20 exsoldados colombianos, reclutados según ellos por una empresa de seguridad con sede en Florida, la CTU. La Justicia estadounidense ha actuado bajo la premisa de que el complot para llevar adelante este asesinato se tejió en territorio de EEUU.
La Justicia de EEUU ya tenía en su poder a Rodolphe Jaar, un exinformante de Washington que fue extraditado desde República Dominicana, al exsenador John Joël Joseph y a Mario Antonio Palacios, otro de los milicianos colombianos.
La investigación judicial en la que se sustentará el juicio parte de que material militar de EEUU fue llevado de contrabando a Haití. Sanon y Solages se reunieron al sur de Florida en abril de 2021 para orquestar un golpe que tenía como finalidad un cambio de régimen.
Un mes después de aquella reunión, en mayo de 2021, Sanon comenzó a adquirir todos los elementos de la lista. Se decidió formar una suerte de milicia privada conformada, principalmente, por unos 20 colombianos con entrenamiento militar. Rivera García era la cabeza de este grupo de mercenarios a las órdenes de Sanon, quien tenía motivaciones políticas y pretendía hacerse del poder después de deponer a Moïse.
En la etapa final de su controvertida presidencia, Moïse pretendía reformar la Constitución de Haití, desoyendo las críticas internas y las aprehensiones de la comunidad internacional. No pocos sostenían que este afán de ajustar la Carta Magna lo que buscaba era cambiar las reglas de juego para poder presentarse a la reelección en 2022, sin contrapesos institucionales dado el vacío legislativo.
Moïse llegó a la Presidencia de Haití bajo sospecha de fraude, durante bastante tiempo gobernó por decreto, reprimió a los manifestantes que pedían su renuncia, y no pocos haitianos creen que hizo fortuna gracias a la corrupción, con la cooperación que del chavismo.
