La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció la madrugada del lunes la declaratoria de estado de emergencia "en las zonas de alta conflictividad social" del país, y propuso adelantar las elecciones generales a abril de 2024, dos años antes de lo previsto.
Ese anuncio fue una respuesta a las protestas registradas en varias zonas del país, que dejaron al menos dos muertos el fin de semana en enfrentamientos con la Policía, y que se desataron tras la destitución de Pedro Castillo el pasado miércoles 7 de diciembre.
Los manifestantes exigen el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones luego de la vacancia de Castillo, aunque algunos grupos también demandan la liberación del exmandatario, informaron medios locales citados por EFE.
La destitución de Castillo se produjo luego de que este anunciara la disolución del Legislativo y la instalación de un "gobierno de excepción", lo que fue interpretado por diferentes sectores peruanos como un intento de "golpe de Estado".
En cuestión de pocas horas, Castillo fue destituido por el Congreso por "incapacidad moral", detenido y posteriormente acusado de "rebelión".
En un mensaje televisado, la presidenta Boluarte informó de la declaratoria de estado de emergencia y anunció que había dado "las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía".
El ministro de Interior, César Cervantes, precisó que el estado de emergencia entrará en vigor en las regiones de Apurímac, Arequipa e Ica, en el sur del país, y que se implementará "lo más pronto posible".
Asimismo, y después de rechazar el adelanto electoral en un principio, la presidenta confirmó que presentará una propuesta concreta al Congreso con tal fin.
"Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las Elecciones Generales para abril del 2024", anunció.
"En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de Ley de Adelanto de las Elecciones Generales, para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento", añadió.
La presidenta señaló que eso también implicará "reformas constitucionales que deben ser aprobadas de la manera más rápida que contempla la Constitución", aunque no dio detalles.
"Lamento profundamente el fallecimiento de nuestros compatriotas en Andahuaylas, Apurímac, mi tierra. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares", dijo Boluarte al referirse en su mensaje a los muertos en los enfrentamientos.
El Ministerio de Transporte de Perú aseguró en un comunicado que los manifestantes habían "mantenido rodeados" a unos 50 agentes de Policía y trabajadores del aeropuerto de la ciudad de Andahuaylas, que trataban de "asaltar", según la versión oficial.
La agencia de aviación de Perú, Corpac, informó que el aeropuerto de Andahuaylas había resultado seriamente afectado con las protestas, después de que hubiera sido objeto de ataques, vandalismo y que se hubiera iniciado un incendio.
Además de lo ocurrido en Andahuaylas, los medios peruanos también informan de bloqueos en la Carretera Panamericana Norte y Sur y movilizaciones en Lima.
El Congreso celebró una sesión de emergencia el domingo para discutir la crisis, pero tuvo que ser suspendida tras una pelea entre legisladores.
Acusan a Castillo de delitos de rebelión y conspiración
La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó el lunes ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y tres de sus ministros, por la presunta comisión de delitos como rebelión, conspiración y otros.
El documento señala a Castillo como "presunto coautor del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional-Rebelión" y, "alternativamente, por el delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional-Conspiración".
Lo acusa, además, como presunto autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, y de los delitos contra la tranquilidad pública y contra la paz pública, en la modalidad de grave perturbación de la tranquilidad pública.
La denuncia detalla que el anuncio de Castillo de disolver el Congreso el pasado 7 de diciembre supuso "un acto arbitrario" que contraviene lo establecido en el Artículo 118 de la Constitución.
También, que su intención de reorganizar el Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial y Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional, atenta contra la autonomía de las citadas entidades.
"Cabe indicar que, esta conducta tendría como finalidad evitar las investigaciones por corrupción seguidas contra José Pedro Castillo Terrones, así como el procedimiento de vacancia presidencial, lo cual evidenciaría el uso abusivo de sus facultades constitucionales para obtener impunidad", expresa el documento.
Además, la fiscal denunció a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez; al exministro del Interior, Willy Huerta, y al exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, como presuntos coautores de los delitos contra los Poderes del Estado y Orden Constitucional en la modalidad de rebelión y conspiración.
El documento fue presentado al Congreso luego que el Legislativo aprobara durante la madrugada del lunes una resolución que autoriza a levantar un fuero especial al expresidente que evitará que tenga que pasar por un antejuicio político, proceso este en el que se levanta la inmunidad de los funcionarios, lo que abre el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva.
La resolución propuso levantar la prerrogativa de antejuicio político a Castillo y dar lugar a una causa penal, en vistas a que el destituido exmandatario tiene vigente una detención preventiva por flagrancia por siete días, que vence el próximo miércoles.
Ya empezo el programa....