Tras meses de protesta, el régimen iraní suprimió la policía de la moral, fuerza que vigilaba la vestimenta de las personas y detenía sobre todo a las mujeres que no se cubrían de acuerdo con los códigos dictados por el sistema de la República Islámica, informó el fiscal general del país, Mohamad Yafar Montazerí, reporta EFE
El fiscal Montazerí dijo esa policía "no tiene nada que ver con el poder judicial". Los analistas consideran esta decisión una cesión ante el movimiento de protesta popular que registra el país desde hace tres meses.
Montazerí advirtió, no obstante, que el poder judicial continuará con su supervisión respecto al comportamiento a nivel comunitario y subrayó que la vestimenta de las mujeres sigue siendo muy importante, sobre todo en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán.
"El mal hiyab (velo islámico) en el país, especialmente en la ciudad santa de Qom, es una de las principales preocupaciones del poder judicial, así como de nuestra sociedad revolucionaria, pero cabe señalar que la acción judicial es el último recurso y las medidas culturales anteceden a cualquier otra", justificó Montazerí en un discurso en una reunión con clérigos en Qom.
La ciudad de Qom es el centro teológico de Irán, donde están situados los principales seminarios, y donde visitan y estudian miles de peregrinos.
Irán vive protestas desde el 16 septiembre, tras la muerte bajo custodia policial de la joven kurda de 22 años Mahsa Amini, que había sido arrestada precisamente por la policía de la moral.
Las protestas incluyen la reivindicación del fin de la República Islámica. "No se trata de protesta, esto es una revolución", "no queremos República Islámica", "muerte al dictador", son algunos lemas que han gritado los manifestantes en las calles o por las noches desde las ventanas de sus casas, y que escriben en los muros de los edificios desde el pasado mes de septiembre.
Según el Consejo de Seguridad de Irán, desde el comienzo de las protestas han muerto "más de 200 personas", pero ONG extranjeras, como Iran Human Rights, con sede en Oslo, sitúan en 448 el número de muertos por la fuerte represión policial.
Además, al menos 2.000 personas han sido acusadas de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, de las que seis han sido condenadas a muerte.
