La Organización de los Estados Americanos (OEA) acordó el jueves enviar un grupo de alto nivel a Perú para analizar la situación que vive el país, inmerso en una fuerte crisis política, después que el presidente, Pedro Castillo, le pidiera intervenir.
El Consejo Permanente del organismo, reunido en sesión extraordinaria a petición de Castillo, acordó por aclamación enviar esta delegación, que formarán expertos de los Estados miembros de la organización.
Antes de la votación, el canciller peruano, César Rodrigo Landa, intervino ante el pleno y pidió a la OEA que ayude a su Gobierno a crear un diálogo que ayude a superar la "crisis política".
"Existe una situación que, de no ser corregida a tiempo, podría ocasionar que se cuestione el orden democrático en Perú", dijo el responsable de Exteriores, que se unió a la sesión por videollamada, reportó EFE.
El político añadió que la visita servirá para dar una "mirada neutra e independiente" a la situación que atraviesa el país.
El miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Tribunal Constitucional de Perú que aclare tres figuras constitucionales, incluida la vacancia (destitución) presidencial por incapacidad moral permanente, que a juicio de la comisión "tienen el potencial de debilitar la separación y el equilibro de poderes".
El uso reiterado de estas tres figuras, explicó la CIDH, "ha generado que desde 2016 el país haya tenido cinco presidentes y tres Parlamentos".
En la sesión del jueves, el relator de la CIDH para Perú, Édgar Stuardo Ralón, pidió a los poderes del Estado en el país no hacer un "uso arbitrario de la fuerza" que lleve a un quiebre constitucional.
"La institucionalidad en Perú está en riesgo", aseguró Ralón.
En el mensaje a la nación en el que hizo su petición a la OEA, Castillo reiteró la existencia de un "complot" por parte de ciertos sectores de la oposición política, el Poder Judicial y la prensa para "quebrantar el orden constitucional y democrático" de Perú y sacarlo del poder mediante una "modalidad de nuevo golpe de Estado".
La decisión del presidente de acudir al organismo interamericano se dio el mismo día en que la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó en el Congreso una denuncia constitucional en su contra por supuestamente encabezar una mafia corrupta que tiene el supuesto propósito de amañar contrataciones para obtener ganancias ilícitas de obras públicas.
Castillo negó estas acusaciones, que incluyen tráfico de influencias y fraude, y las calificó de inconstitucionales.
El pedido de Castillo recibió el apoyo mayoritario de los embajadores de los países miembros del Consejo Permanente de la OEA, quienes apoyaron la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
El Artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana indica que "cuando el Gobierno de un Estado considera que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática".
Vaya sorpresa. Repito, lo letrinamericanos no pueden con su condición.