El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, un crítico del régimen del presidente Daniel Ortega, inició el viernes un ayuno indefinido tras ser objeto, según denunció, de una "persecución policial" en la víspera, que incluyó la violación a su "círculo de privacidad familiar (..) poniendo en riesgo la seguridad" de su familia.
"Hoy he sido perseguido durante todo el día por la Policía sandinista (...) en todo momento, durante todos mis movimientos del día", denunció el obispo Álvarez a través de un video grabado cerca de la medianoche en la parroquia Cristo de Esquipulas, ubicada en Managua, donde, dijo, se encuentra "acogido como huésped", citó EFE.
Álvarez, obispo de las diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí y encargado del área de Comunicación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, es uno de los religiosos más populares e influyentes de Nicaragua,
El obispo relató que, en la persecución, los agentes entraron en su círculo familiar, y que al cuestionarlos, estos le respondieron que "obedecen órdenes" con el objetivo es brindarle seguridad.
"Pero ya sabemos que la inseguridad de este país es precisamente la Policía", resaltó.
En respuesta, el obispo anunció un "ayuno indefinido", que afirmó no abandonará hasta tener garantías de que la Policía no volverá a incluir a sus familiares en su persecución.
"Comienzo un ayuno a agua y suero indefinido hasta que la Policía Nacional, a través del presidente o vicepresidente de la Conferencia Episcopal, únicamente, me hagan saber que van a respetar mi círculo de privacidad familiar", señaló Álvarez.
El obispo llamó a los fieles católicos de las diócesis de Matagalpa y Estelí que lo deseen, se unan al ayuno por el tiempo que estimen conveniente, y que acudan a sus parroquias a "adorar al Santísimo, a alabar al Señor".
El pasado 18 de mayo la Arquidiócesis de Managua expresó públicamente su preocupación por la falta de "auténtica paz social" en Nicaragua, donde de forma periódica se conocen denuncias sobre el arresto de personas que critican al Gobierno de Ortega.
Ortega ha tildado de "terroristas" a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde 2018.
Casi 250 ONG anuladas por el régimen de Ortega
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por los sandinistas, canceló la personalidad jurídica a la Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada, organizadora de ese evento cultural, considerado uno de los más grandes de Centroamérica.
Con 75 votos a favor, 15 abstenciones y un ausente, de los 91 diputados que integran el Parlamento, los legisladores sandinistas y sus aliados aprobaron con carácter urgente la ilegalización de esa ONG, a petición del Gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación.
La Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada, organizadora del evento con ese mismo nombre, entre 2005 y 2018 reunió a más de 1.500 poetas de 120 países, por lo que era considerado uno de los más importantes de América Latina.
La ONG que organizaba el Festival Internacional de Poesía tuvo entre sus patrocinadores a la Unión Europea (UE), España, Países Bajos, Suiza, Taiwán y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Además, al Ejército de Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y empresarios ligados a los sandinistas.
Junto a esa Fundación, el Ejecutivo ordenó ilegalizar a otras 18 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), incluida una de periodistas y comunicadores ambientales y otra de afrodescendientes, según el decreto presentado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez.
Según ese legislador sandinista, las ONG que han sido ilegalizadas, más de 200, utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega durante las protestas que estallaron en abril de 2018, aunque no presentó pruebas.
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en el Parlamento, se ha cancelado la personalidad jurídica a al menos 236 ONG desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara la revuelta popular.
Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos y causas médicas, feministas, educativas, ambientalistas, indígenas y de periodistas, así como universidades y centros de pensamiento.
