El referendo para derogar una ley estelar del Gobierno de Luis Lacalle Pou, en Uruguay, le dio un triunfo político al mandatario por muy estrecho margen, con lo cual podrá seguir adelante con su proyecto, pero esto tendrá como telón de fondo un país prácticamente partido en dos mitades, tal como lo dejó en evidencia también la propia elección presidencial de hace dos años.
Apenas 22.556 votos, según las cifras de la Corte Electoral de Uruguay, terminaron por inclinar la balanza a favor del "no", que era la posición defendida por el Gobierno y su coalición conservadora. Lacalle Pou evitaba a toda costa evitar que se aprobara la derogación de 135 artículos de los 476 que constituyen la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC), enviada por el mandatario apenas comenzó su gobierno, en 2020.
Catalogada de "ley ómnibus" por las fuerzas de oposición de izquierda, nucleadas en el Frente Amplio, la LUC aborda, regula y reescribe normas en muy diversos ámbitos, rozando aspectos relacionados con los derechos humanos y, según sus detractores, restringiendo el derecho a la protesta o el derecho a huelga de los trabajadores.
Para diversos analistas, Lacalle Pou se propuso con la LUC un reordenamiento general de Uruguay, y ha intentado avanzar con su tesis aún en medio de la pandemia de Covid-19.
Tal como mostraba la elección de Lacalle Pou, que se definió por algo más de 37.000 votos, el desafío crucial del Gobierno uruguayo sigue siendo gobernar para un país que parece estar dividido en dos mitades.
"El presidente, en lugar de salir a buscar un acuerdo para los temas que el país debe resolver, sale a defender otra vez la LUC y su programa. Se nota que el resultado claramente no satisface. Una ley que recorta derechos, que quedó firme, pero está lejos de reunir consenso social", cuestionó Edison Lanza, ex relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien cuestionó el instrumento jurídico por considerarlo incompatible con los tratados de derechos humanos que ha suscrito Uruguay.
Por otro lado, Lanza manifestó su optimismo por el impacto que tuvo entre los jóvenes una amplia discusión pública centrada en los derechos humanos y "la implicancia de normas que pueden afectar las libertades y lo complejo de los procesos democráticos". Observó el experto que esta discusión se produjo entre jóvenes que defendían ambas posiciones en el referendo.
Bastante parco, el presidente Lacalle Pou dijo que el referendo era una "etapa superada", y le dijo a sus colaboradores y simpatizantes que su Gobierno proseguirá con las líneas ya definidas en la LUC y que se han defendido en diversos ámbitos en los últimos dos años.
El abanico de temas que se buscaban derogar era también amplio: desde las condiciones para ajustar el precio de los combustibles o nuevos límites al derecho de huelga hasta el rol del Estado en la economía, la educación, el trabajo o la seguridad. Entre otros puntos, se quería frenar la desmonopolización de algunos servicios estatales como internet, telefonía, electricidad o hidrocarburos. También dejar sin efecto el aumento a las penas para delitos como la ocupación de espacios públicos, y límites a las protestas callejeras.
Lacalle Pou sostuvo este domingo que la ley "está pensada para el bien de todos los uruguayos". La LUC había sido aprobada en el Congreso, pese al rechazo del Frente Amplio, gracias a la coalición conservadora que ha logrado mantener alineada con Lacalle Pou. Tras la derrota legislativa, la izquierda recopiló casi 800.000 firmas para solicitar el referendo que finalmente se realizó este 27 de marzo.
Aunque airoso de este desafío, ya que una derrota en el referendo le habría dejado sin agenda política para los dos años finales de su gobierno, Lacalle Pou —según analistas— deberá atender la realidad de país partido en dos que es la fotografía del Uruguay actual.
El presidente del izquierdista Frente Amplio, Fernando Pereira, llamó al Gobierno a trabajar junto con la oposición para "buscar consensos que puedan posibilitar leyes que tengan mayores apoyos que apenas una mitad". Sin embargo, con posiciones antagónicas en temas cruciales, es difícil prever acuerdos políticos, entre Gobierno y oposición, en el corto plazo en Uruguay.
