La Audiencia Nacional de España aprobó extraditar a Estados Unidos a Adrián José Velásquez Figueroa, el que fuera jefe de seguridad del expresidente venezolano Hugo Chávez, por delitos de blanqueo y organización criminal en un supuesto fraude en el canje de divisas.
En un auto fechado el pasado 5 de noviembre, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal consideraron que los hechos por los que se le reclama constituyen, según la legislación española, delitos de blanqueo de capitales cometidos en el seno de una organización criminal, pertenencia a organización criminal y cohecho, citó Europa Press.
El tribunal acordó la entrega de Velásquez Figueroa por los mismos hechos por los que la Sección Tercera de la Audiencia Nacional acordó el pasado 14 de octubre extraditar a su mujer, Claudia Patricia Díaz Guillén, otrora enfermera del propio Chávez y extesorera nacional de Venezuela.
De acuerdo con la solicitud de extradición del Tribunal de Distrito Sur de Florida, desde 2008 hasta 2017 o alrededor de dichas fechas el empresario Raúl Gorrín Belisario, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa participaron en una estratagema corrupta en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado para el Gobierno venezolano.
En total, Raúl Gorrín pagó cientos de millones de dólares en sobornos para asegurarse el derecho de participar en más de 1.000 millones en moneda de los Estados Unidos, en transacciones de cambio de moneda extranjera que le reportaron ganancias de cientos de millones de dólares.
A partir de 2011 o alrededor de dicha fecha, Gorrín ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a la entonces tesorera Claudia Patricia Díaz Guillén, incluso a través de Adrián José Velásquez, para influir e inducir sobre ella con el fin de que el empresario efectuase cambios de moneda extranjera para el Gobierno venezolano y se asegurase una ventaja indebida en la adquisición del derecho de realizar dichas transacciones de cambio de moneda.
Además de los sobornos pagados a través de transferencias electrónicas a beneficio del matrimonio, Gorrín también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos, relojes y una marca de diseñador de modas en el Distrito Sur de Texas a beneficio de ambos, cita la petición de extradición.
La Audiencia Nacional considera que en este caso se cumplen todos los requisitos necesarios para aprobar la extradición, como que los hechos sean delito en ambos países, que estén castigados con más de un año de prisión, así como que no estén prescritos.
