Luego de tres años en medio de una batalla legal para impedir su extradición a Venezuela, las autoridades españolas trasladaron este miércoles al opositor venezolano Rolando Figueroa hacia Madrid con el propósito de enviarlo a su país natal, donde el régimen de Nicolás Maduro lo reclama por el presunto delito de "estafa", informó Vozpópuli.
La noticia provocó gran preocupación en el seno del partido Unidad Popular, encabezado por Leopoldo López y Juan Guaidó, del que Figueroa es militante desde 2017.
"Altamente preocupados por la noticia del traslado del venezolano Rolando Figueroa, de Galicia a Madrid, ante una posible extradición, siendo que es ampliamente conocido que en Venezuela no hay un poder judicial autónomo ni garantías a derechos humanos en el sistema carcelario", declaró la delegación diplomática que representa a Juan Guaidó en España.
También la responsable de relaciones internacionales del Partido Popular (PP) español, Valentina Martínez, pidió "al Gobierno de España que resuelva de forma urgente su solicitud de asilo y no lo entregue al régimen criminal de Maduro".
Figueroa, a quien ya le fue denegada una petición de asilo en España, volvió a presentar una solicitud el pasado mes de junio cuando se entregó a las autoridades españolas por consejo de sus abogados, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictara un auto con fecha 7 de junio ordenando su búsqueda, detención, ingreso en prisión y puesta a disposición de la Policía Internacional (INTERPOL) para que se ocupe de remitirlo a las autoridades venezolanas.
Caracas pidió su extradición en el 2018 por, supuestamente, haber estafado 100.000 euros a una mujer que habría pagado por un tratamiento médico que nunca recibió. La empresa con la que lo habría contratado pertenecía a Figueroa y otro socio, que está en Venezuela. Sin embargo, el opositor asegura que ya había salido de la mercantil en las fechas en las que se habrían producido los hechos denunciados.
"Causa política"
Figueroa alega de que hay intereses políticos en su caso, dado que la mujer que lo acusa es Mayerling Rojas, vinculada al aparato oficialista y a quien ya conocía de su breve paso por el Ministerio de Interior y Justicia.
Allí coincidieron, ella como directora general de Derechos Humanos y él como asesor jurídico. De acuerdo con el relato del opositor, fue cesado por discrepancias ideológicas con Rojas y ella le espetó: "te vas a acordar".
Tras su salida del Ministerio, se embarcó en la militancia política ingresando en las filas de VP y organizando y participando en movilizaciones opositoras, incluidas las fuertes protestas que tuvieron lugar en el 2017 en las calles de Caracas contra las elecciones a la Asamblea Constituyente convocadas por Maduro.
Así acreditaron además dos cartas, una firmada por VP y otra por el también partido opositor La Causa R, donde afrmaron que participó "activamente" pero con un "rol pacífico" en dichas manifestaciones.
"Su labor diaria se basó en concienciar de boca en boca a la ciudadanía de las consecuencias políticas, sociales y económicas que causarían la ruptura del hilo constitucional", dijeron.
Autorizado por la Justicia y el Gobierno
En su momento, Figueroa solicitó la nacionalidad española y el asilo, pero ambas cosas fueron denegadas, razón por la cual la Audiencia Nacional en noviembre del 2019 autorizó su extradición a Venezuela. De acuerdo con la defensa, esgrimió que era un opositor de base, esto es, sin la suficiente relevancia como para ser perseguido por razones políticas.
El Gobierno ratificó la decisión judicial en un acuerdo del Consejo de Ministros alcanzado el 21 de julio del 2020, aunque su vuelta a Venezuela quedó suspendida hasta que el régimen de Maduro informara sobre los planes de traslado de Figueroa en el contexto de la pandemia de coronavirus. Finalmente, las autoridades venezolanas contestaron el pasado 3 de junio, reactivando con ello la extradición.
Estos zurdos y sus trapalerías .... España va a terminar colonizada por una de sus ex-colonias ...
Vergüenza. Esto es obra de Podemos y de la izquierda nacionalista, asesorada y financiada por Maduro y los Castro.
Desconocía el caso y no voy a opinar sobre el mismo. Sí que todo lo que solicite el gobierno de Maduro me parece sospechoso de parcialidad política. Caracas es una dependencia de La Habana.