La decisión desproporcionada que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, de ordenar al diario El Nacional a pagar como indemnización por daño moral la bicoca de 13,3 millones de dólares a Diosdado Cabello, es en realidad un intento del número dos del régimen de quedarse con el edificio de este medio de comunicación.
El Nacional tuvo su última edición impresa en 2018, con lo cual se sumó a más de 50 periódicos impresos que desaparecieron por no tener acceso al papel periódico, cuya importación pasó a ser un monopolio oficial en 2013. Su propietario y directivos están exiliados víctimas de la persecución judicial. La redacción de la versión digital —que sigue en línea— ocupa una mínima parte en lo que fue una imponente edificación ubicada en una zona estratégica del este de Caracas.
En varios momentos, Cabello ha hecho preguntas en su programa semanal de televisión, "Con el mazo dando", sobre el uso y destino de este edificio, inaugurado hace una década.
"La decisión debe entenderse como una medida de expropiación de nuestra sede", confirma a DIARIO DE CUBA el actual presidente-editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero.
La decisión de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dada a conocer este 16 de abril, según abogados consultados por DIARIO DE CUBA podría dar paso al embargo de esta propiedad de la familia Otero Castillo, quienes fundaron lo que fue en su momento el periódico más moderno de Venezuela en 1947.
Miguel Henrique Otero, actualmente exiliado en Madrid, es el actual presidente-editor de El Nacional, siendo la tercera generación al frente de este medio. Su padre, el escritor Miguel Otero Silva, y su abuelo Henrique Otero Vizcarrondo, fundaron el periódico que fue un espacio durante décadas para la izquierda cultural de Venezuela y América Latina.
Durante su exilio en Venezuela, el escritor cubano Alejo Carpentier fue un asiduo colaborador de El Nacional, en cuya redacción solía encontrarse con Otero Silva durante los años de 1950.
Espacio Público, una ONG venezolana dedicada a la defensa de la libertad de expresión, catalogó de desproporcionado y arbitrario el procedimiento llevado adelante por el sistema de justicia civil en Venezuela.
La sentencia de la Sala de Casación Civil, a cargo del magistrado Yván Darío Bastardo Flores, decidió que El Nacional estaba condenado a pagar una suma de 237.000 petros (una criptomoneda creada por el régimen de Nicolás Maduro). Esta suma de petros equivale a 13,3 millones de dólares.
El caso de El Nacional es un claro ejemplo de "reporte fiel de Iinformación". Esta figura no genera ningún tipo de responsabilidad, según los principios de la libertad de expresión.
Esto es lo que establece el informe dedicado al tema por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1999: "la reproducción fiel de información no da lugar a responsabilidad, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona".
El caso se remonta a 2015, cuando el líder chavista demandó al periódico venezolano luego de que este reprodujera de forma fiel una noticia del diario español ABC que lo vinculaba, con declaraciones de su exescolta Leamsy Salazar, con negocios de narcotráfico.
Cabello también interpuso en ese momento demandas contra el entonces semanario Tal Cual y el portal digital La Patilla. Sobre estos medios no se han emitido sentencias.
El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, pidió que se adopten sanciones en contra de los jueces y funcionarios responsables por la desproporcionada multa.
"¿Resulta que Diosdado Cabello se va a quedar con el periódico El Nacional de Venezuela? Este asalto a la libertad de expresión amerita sanciones individuales contra los responsables, incluidos los 'jueces' de la Corte Suprema que firmaron este adefesio", sostuvo Vivanco.
Mafiosos aprendices de los Castro ...