El régimen chavista, en respuesta a las sanciones de EEUU que alcanzaron ahora a la petrolera rusa Rosneft, amenaza con sancionar a las organizaciones no gubernamentales (ONG), especialmente a las del campo de los derechos humanos que reciban financiamiento del Gobierno estadounidense.
Diosdado Cabello, el número dos del régimen, anunció acciones la noche de este miércoles 19 en su programa de televisión "Con el mazo dando". En particular, Cabello fustigó al Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), que es la organización activa más antigua en este campo.
"Compañeros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) vamos a introducir una solicitud para la revisión de las leyes que tengan que ver con el financiamiento de otros países para las ONG o personas particulares, y que eso sea para atacar a la patria", sostuvo Cabello.
El dirigente chavista precisamente encabeza la ANC, que él mismo define como "órgano plenipotenciario".
Según Cabello, ya basta de permitir "que todos aquellos que reciben financiamiento de EEUU conspiren contra la patria".
Acto seguido puso como ejemplo a PROVEA, a quien acusó de recibir fondos de la USAID, la agencia de EEUU para el desarrollo internacional.
"El gánster de Cabello amenaza a PROVEA, una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas del continente por su seriedad y profesionalismo", sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
"Desde 1988 estamos del lado de las víctimas, señalando a los victimarios. No hay amenaza que nos desvíe de nuestra labor por los derechos humanos de los venezolanos", respondió la ONG a través de sus redes sociales.
Por su parte, el Centro para los Defensores y la Justicia también registró un nuevo señalamiento de Cabello en contra de la activista Rocío Sanmiguel, quien es experta en temas de seguridad y defensa.
En diciembre de 2010, cuando Cabello presidía la Asamblea Nacional, se aprobó una ley que prohíbe a organizaciones partidistas o no gubernamentales recibir fondos provenientes del extranjero "para la defensa de los derechos políticos".
La ley, llamada "Defensa de la soberanía política y autodeterminación nacional", consta de diez artículos y aplica por igual a personas naturales o jurídicas. Sin embargo, hasta ahora no se ha puesto en práctica.
Sin embargo, en 2006, siguiendo el modelo ruso, se intentó aprobar una Ley de Cooperación Internacional para centralizar en manos del Estado venezolano todo el flujo de financiamiento externo a la sociedad civil. En aquel momento, la presión de varios países europeos surtió efecto y finalmente no se aprobó.
