China 'estrena' la nueva ley de seguridad en Hong Kong con casi 400 detenciones

Las primeras protestas que se produjeron en Hong Kong bajo la nueva nueva ley de seguridad nacional aprobada por Pekín se saldaron el miércoles con 370 detenciones por los presuntos delitos de reunión ilegal, desórdenes públicos, conducción temeraria y posesión de armas.

De estas, diez, según informó la Policía, fueron por infracciones relacionadas con la nueva ley, como mostrar banderas independentistas, reportó AP.

Los manifestantes arrancaron ladrillos del pavimento, levantaron barricadas y prendieron pequeños incendios mientras la Policía intentaba dispersarlos con gas pimienta y cañones de agua. Un agente fue herido por arma blanca durante los enfrentamientos.

China persigue con el nuevo marco legal sofocar las protestas violentas que durante meses sumieron a la excolonia en el caos. La prensa continental lamentó con estupor que apenas una treintena de los 9.000 detenidos en ese período haya acabado en el banquillo de los acusados.

La destrucción del mobiliario urbano, los ataques a policías o las consignas independentistas serán perseguidas ahora, según la ley aprobada recientemente, por subversivas, secesionistas o terroristas, y castigadas con penas que oscilan entre los tres años y la cadena perpetua.

Mientras algunos países occidentales responden airados a la normativa y calculan sus consecuencias, la gran pregunta en la ciudad financiera es si la ley castigará solo a quienes se comportan de forma violenta en las manifestaciones desatadas hace ya más de un año o si establecerá mecanismos para eliminar cualquier conato de disidencia.

Organizaciones del llamado movimiento prodemocrático, como Demosisto, han decidido disolverse para sortear la ley, que establece penas de hasta cadena perpetua para delitos de "secesión, subversión contra el poder estatal (cargo habitualmente usado contra disidentes y críticos), actividades terroristas y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en riesgo la seguridad nacional", reportó EFE.

Muchos activistas hongkoneses que se oponen a Pekín replantean ahora su estrategia. Temen que China pueda usar el texto para perseguirles por sus ideas y de paso impida su participación en las próximas elecciones legislativas previstas para septiembre.

Contactados por EFE, muchos de ellos prefirieron no pronunciarse dado que, si se oponen a la ley, podrían ser inhabilitados.

China aseguró que solo vetará a quienes sean condenados a partir de ahora bajo esta ley, mientras que la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, reiteró que solamente perseguirá a "una minoría extremadamente pequeña de personas" y que "se protegerán los derechos básicos y libertades de la gran mayoría de residentes".

No obstante, algunos juristas recelan del tono y ambigüedad de la disposición: "La ley es mucho peor de lo que nunca hubiera pensado. No respeta el espíritu de la Ley Básica hongkonesa (la miniconstitución local) y está repleta de términos usados por el sistema socialista de la China continental", comentó a EFE el profesor Eric Cheung, del Departamento de Derecho de la Universidad de Hong Kong.

Cheung cuestionó al nuevo Comité para la Protección de la Seguridad Nacional en Hong Kong y las llamadas "unidades dedicadas" de la Policía y del Departamento de Justicia locales para hacer cumplir la nueva ley y criticó que sea Pekín quien tenga el "poder jurídico final"; es decir, quien tenga la última palabra sobre los casos que bajo ella se diriman.

"Estos comités no estarán supervisados por ningún tribunal hongkonés. Esto no casa con el espíritu de la mayoría de las sociedades civiles de que los poderes públicos deben ser independientes de la Justicia", indicó.

Occidente y China, otra vez enfrentados

Tras la aprobación de la ley de seguridad, Gran Bretaña anunció un plan para darle la ciudadanía británica a 2,9 millones de hongkoneses, anuncio que enfureció a Pekín, que amenazó el jueves con tomar represalias.

Según Gran Bretaña, la ley de seguridad constituye una violación de la autonomía de Hong Kong, que obtuvo en 1997 tras un acuerdo de devolución que preveía para este territorio una autonomía judicial y legislativa durante 50 años. Este régimen, denominado "Un país, dos sistemas", debe estar vigente hasta 2047.

Pero ante la nueva ley, Londres prevé modificar las cláusulas del "pasaporte británico de ultramar" para facilitar a los poseedores y a sus familias su instalación en Gran Bretaña.

Unos 350.000 hongkoneses disponen de ese pasaporte, una cifra que se duplicó desde el inicio de las protestas prodemocracia hace un año. En principio, los hongkoneses que nacieron antes de 1997 tendrían derecho a ese documento, indicó AFP.

"Si la parte británica hace cambios unilaterales en la práctica pertinente, violará su propia posición y sus compromisos, así como el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales", dijo la Embajada china en Londres en una declaración en su sitio web.

"Nos oponemos firmemente a ello y nos reservamos el derecho de tomar las medidas correspondientes", añadió, sin dar más detalles.

Gran Bretaña no es el único país en ofrecer alternativas o santuarios para los hongkoneses que se sientan amenazados por la nueva ley de Pekín.

El primer ministro australiano Scott Morrison también dijo que considera de forma "muy activa" ofrecer refugio para los habitantes de Hong Kong.

Por su lado, Taiwan abrió una oficina para atender a los hongkoneses que deseen dejar el territorio, mientras que en Estados Unidos una propuesta de ley para acoger a los residentes del territorio recibió apoyo masivo por parte de republicanos y demócratas.

La Unión Europea, a través de su alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell, reiteró su "grave preocupación" por la legislación y urgió a Pekín a "evitar cualquier acción que socave su autonomía" en el ámbito legal, "incluyendo en términos de derechos humanos" y aseguró que otorga "gran importancia a la preservación del alto grado de autonomía" de ese territorio.