El alto Comisionado para la Paz en Colombia, Miguel Ceballos, respondió en un debate de control político en el Congreso por el decreto emitido por el Gobierno nacional sobre la desmovilización individual de grupos criminales.
De acuerdo con un reporte de La FM, durante la discusión hubo duros cuestionamientos por lo que ha ocurrido con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la decisión del presidente de la República, Iván Duque, de pedir la captura y extradición de los cabecillas que se encuentran en Cuba, y a los que La Habana se niega a entregar.
Algunos senadores criticaron el hecho de que no se estén respetando los protocolos que se establecieron desde el principio de la negociación, ante un eventual rompimiento del diálogo.
El comisionado Ceballos respondió que a la luz de las normas internacionales, no se puede permitir que los jefes de este grupo queden sin pagar por el crimen que se cometió con el carro bomba en la Escuela de la Policía General Santander.
"Los protocolos que se fijaron en el gobierno anterior con el ELN jamás pueden estar por encima del bloque de constitucionalidad, así lo establece el artículo 93 de nuestra Constitución que da supremacía y prioridad a los tratados de derechos humanos firmados por el Gobierno", indicó.
"Se violaría el Estatuto de Roma si se permitiera el regreso impune de un grupo que reconoció la autoría de un asesinato de 22 personas consideradas como civiles", agregó.
Ceballos dijo que por más que se le quiera dar un carácter internacional a los protocolos, los mismos "jamás podrían estar por encima del Estatuto de Roma".
El funcionario del Gobierno dijo que no se pueden respetar unas condiciones que violarían las normas internacionales suscritas por el Estado colombiano, frente a la sanción de los crímenes de lesa humanidad.
"Los grupos armados no tienen permiso para violar la ley y el Estatuto de Roma y si lo hacen deben ser sancionados. El Estatuto de Roma está por encima de los protocolos (…)", insistió.
El comisionado Ceballos pidió a los congresistas respaldar la solicitud de extradición a Cuba de los miembros del ELN, que fue emitida por los jueces de la República y tramitada por la Cancillería.
