El sistema judicial de Brasil aumentó la condena contra el expresidente Lula da Silva, pero este seguirá en libertad hasta tanto agote todas las instancias judiciales del país. El exmandatario había apelado una decisión y el tribunal decidió en su contra.
Este miércoles, en la ciudad de Porto Alegre, los tres jueces del tribunal regional de la cuarta región, ratificaron la culpabilidad de Lula a quien se le juzga por haberse beneficiado de reformas en una finca en Atibaia, Sao Paulo, presuntamente pagadas por las empresas constructoras Odebrecht y OAS.
A inicios de este año, estando en prisión por otro de los casos de corrupción que se le siguen, el dos veces presidente de Brasil había sido condenado a 12 años y 11 meses de prisión por una jueza de primera instancia. La defensa de Lula apeló esta decisión y este miércoles la respuesta judicial fue contundente. Los tres jueces ratificaron la culpabilidad de Lula y además decidieron elevar la pena a 17 años y un mes de prisión.
Lula recuperó su libertad el pasado 8 de noviembre gracias a una decisión general, basada en principios de derechos humanos, que tomó el Tribunal Supremo Federal de Brasil, para beneficiar a más de 5.000 reos, incluyendo al exmandatario.
La izquierda de Brasil y de América Latina festejó vigorosamente la liberación de Lula y el anuncio de este que regresaba al ruedo político para hacer frente al "gobierno derechista" de Jair Bolsonaro.
El Tribunal Supremo Federal de Brasil decidió que era inconstitucional la prisión de una persona antes de que se agoten todos los recursos ante la justicia y esta persona no sea una amenaza para la sociedad. Dado que aún no existe una sentencia en firme y definitiva, y Lula puede apelar las decisiones del proceso que se le sigue, fue puesto en libertad.
Su libertad no es sinónimo que se hayan suspendido los procesos que se le siguen, como lo demostró la decisión de este miércoles.
Lula da Silva fue condenado a nueve años y medio de prisión en julio de 2017 por corrupción y lavado de dinero en el marco de la Operación Lava Jato (que investiga el caso Petrobras). Este proceso develó una gigantesca trama de corrupción que no solo arropó a la clase política brasileña, casi en su totalidad, sino que también tuvo ramificaciones en el resto de América Latina. En Perú, por ejemplo, cuatro expresidentes estuvieron involucrados en esta telaraña de manejo irregular de fondos.
En julio de 2017, el entonces juez Sérgio Moro, responsable del caso Petrobras en la primera instancia judicial, declaró culpable a Lula de haber aceptado y reformado un apartamento de tres pisos en São Paulo —por valor de 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares)— a cambio de contratos públicos. El expresidente tiene pendiente otras cuatro causas.
Lula estuvo en prisión por 580 días y ese encarcelamiento le impidió que pudiera registrarse como candidato presidencial en las elecciones de 2018, en las que finalmente se impuso Jair Bolsonaro.
La decisión judicial de esta semana, en segunda instancia, podrá ser apelada por Lula. La estrategia del expresidente es no reconocer su responsabilidad, en todos los casos de corrupción, y recorrer el largo camino judicial de Brasil con la expectativa de que sus casos terminen en manos del TSF, en el cual, según analistas, algunos magistrados estarían a favor del dos veces presidente.
Sin embargo, el espinoso camino judicial puede ser un obstáculo (con la amenaza de ir nuevamente a la cárcel) para Lula y sus aspiraciones presidenciales en 2022. Aun cuando faltan tres años para estos comicios, el veterano exoperario y fundador del Partido de los Trabajadores (PT) ya está, literalmente, en campaña.
