Después de cerca de un mes de desencuentros, los partidos políticos de Chile llegaron este viernes a un acuerdo para lanzar un proceso constituyente inédito en el país, que ayude a frenar las protestas sociales en las calles.
Gobierno y oposición —a excepción del Partido Comunista— consensuaron un pacto "por la paz social y la nueva Constitución", con 12 puntos en los que formulan una vía que hasta ahora no se había aprobado en Chile para elaborar una Carta Magna.
El proceso arrancará el próximo mes de abril con un plebiscito en el que los chilenos responderán a dos preguntas: "¿Quiere usted una nueva Constitución?" y, en el caso de voto afirmativo, "¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?", que pondrá fin a la actual Ley Pinochet, en vigor desde 1980, en plena dictadura militar.
Para esta segunda cuestión se proponen otras dos posibilidades que suponen un punto intermedio entre el Congreso Constituyente que quería el oficialismo y la Asamblea Constituyente que reclamaba la oposición, reporta EFE.
Las opciones son una Convención Constitucional, que estará formada al cien por cien por ciudadanos elegidos para este fin, o una Convención Mixta Constitucional, conformado a un 50 por ciento por ciudadanos y parlamentarios.
"La elección de los miembros de ambas instancias se realizará en octubre de 2020, conjuntamente con elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige para los diputados", precisa el acuerdo.
Además, "las personas que actualmente ocupan cargos públicos y de elección popular cesarán en su cargo" al ser designados para esta tarea y, una vez concluida, estarán inhabilitados durante un año para ser candidatos a cargo de elección popular".
El órgano constituyente "tendrá por único objeto redactar la Constitución", por lo que "se disolverá una vez cumplida la tarea". Tendrá que adoptar sus normas y cualquier decisión con un quórum de dos terceras partes.
El plazo para alumbrar el nuevo texto constitucional es de nueve meses, prorrogables por tres meses. El borrador de la Carta Magna tendrá que someterse a referéndum en un máximo de 60 días. En este caso, el voto será obligatorio.
"La nueva Constitución regirá en el momento de su promulgación y publicación, derogándose la Constitución actual", conocida como Ley Pinochet.
La vocera del Gobierno chileno, Karla Rubilar, aseguró este viernes que la ciudadanía va a decidir de forma activa y participativa el cambio de Constitución para Chile, informa Xinhua.
"La ciudadanía va a decidir, de forma activa, participando, si quiere o no quiere cambiar la Constitución. Si quiere, por cuál mecanismo. Va a haber dos mecanismos que se pondrán en votación y los dos son igualmente legítimos", aseguró.
Agregó que "este proceso, este gran acuerdo da una señal clara: la ciudadanía nos despertó y es la ciudadanía la que decide, y es la gente la que gana con este acuerdo".
"Es una oportunidad histórica y queremos que nos ayuden a entregarnos insumos, cuáles son las prioridades de la agenda social, dónde debemos inyectar los recursos en un ambiente complejo como el que estamos viviendo hoy en materia económica, pero donde somos optimistas de que todos vamos a poder salir adelante", abundó Rubilar.
La idea de reformar o redactar directamente una nueva Carta Magna no partió de los partidos políticos, sino de los manifestantes que desde el 17 de octubre han salido casi a diario a las calles de Santiago, Valparaíso, Concepción y otras ciudades. Las protestas comenzaron por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses, pero crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y exigir un cambio constitucional.
Los chilenos se han seguido manifestando a pesar de que las negociaciones entre las formaciones del Gobierno y la oposición para lograr el cambio constitucional ya habían arrancado. Decenas de miles de personas salieron a la calle el viernes en Santiago de Chile, según el diario español El Mundo.
El estallido social deja ya 25 muertos y miles de heridos. Sobre las fuerzas de seguridad recaen cientos de denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos, y la economía del país corre el peligro de entrar en recesión en 2020 ante la disminución de la actividad y los daños que ha sufrido el comercio.
"Este acuerdo es un primer paso, pero un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social. Estamos seguros de que nos permitirá reencontrarnos y construir un mejor país, un país más justo, más inclusivo y, lo más importante, un país más unido", dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
