Las protestas en Ecuador por la subida del precio de los combustibles llegaron a su quinto día consecutivo este lunes, con un muerto y 477 detenidos como resultado, según informó el Gobierno de Lenín Moreno, que se mostró dispuesto a dialogar con las comunidades indígenas.
En declaraciones a medios de comunicación locales, la ministra de Gobierno, Paula Romo, aseguró que las detenciones habían tenido lugar principalmente por actos de vandalismo, entre los que figura la destrucción de una docena de ambulancias.
Según el Gobierno, docenas de policías han resultado heridos en enfrentamientos con manifestantes. Además, el Ejecutivo achacó a las manifestaciones el hecho de no haber podido salvar la vida a un hombre que fue atropellado por un automóvil y que murió debido a que la ambulancia no pudo llegar a tiempo por el bloqueo de las vías.
Las protestas son encabezadas en gran parte por grupos indígenas, que cierran las carreteras por quinto día consecutivo. No se trata de un contratiempo sin importancia el que enfrenta el mandatario, puesto que las revueltas indígenas han doblegado a tres presidentes ecuatorianos en el pasado.
En un discurso dirigido a la nación el domingo en la noche, Moreno aseguró que está decidido a "cambiar el país, a que se sancione a quienes han robado a la nación, a que se controlen los precios y se castigue a los especuladores".
Pero también se mostró dispuesto a dialogar con los manifestantes, que han anunciado una huelga a nivel nacional para el próximo 9 de octubre: "Siempre estoy decidido a dialogar, a tender la mano a la gente decente, a la gente honesta que quiere realmente cambiar el país, estoy decidido a dialogar con ustedes, hermanos indígenas", dijo.
En una fuerte lucha para pagar la deuda externa y hacer frente a un alto déficit fiscal, la Administración de Moreno pidió este año un préstamo de 4.200 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, lo que ha obligado al país a hacer recortes presupuestales a nivel nacional.
Las protestas se desataron la semana pasada después de que el presidente anunciara una batería de recortes, entre los que figuraba el fin de un histórico subsidio a la gasolina, medida que Moreno ha asegurado que no revocará. El mandatario aseguró que dichos subsidios afectan negativamente a la economía nacional y cuestan 60.000 millones de dólares al Estado.
Los transportistas paralizaron completamente sus actividades entre jueves y viernes, cuando anunciaron la suspensión de la medida, que se cumplió de manera parcial este fin de semana.
Grupos indígenas se han movilizado en diferentes provincias del país, protestando no solo por la eliminación del subsidio a las gasolinas, sino también por el extractivismo en sus tierras ancestrales y para exigir que sea respetada su jurisdicción y su educación bilingüe.
La crisis en el país llega en un momento especialmente difícil para Moreno, que ha visto caer su popularidad en los últimos meses a menos del 30%, una cifra que dista mucho del 70% con el que el mandatario ganó las elecciones de 2017, a pesar de ello, Moreno cuenta aún con un fuerte apoyo del sector empresarial y de los militares.
La ONU pide proteger el derecho a manifestarse
La ONU pidió este lunes a las autoridades de Ecuador que garanticen el derecho de los ciudadanos a manifestarte pacíficamente y subrayó que cualquier uso de la fuerza debe ser "proporcionado".
"La gente debe poder expresar sus opiniones y reunirse pacíficamente", apuntó el portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, preguntado por la situación en el país latinoamericano, donde medidas económicas anunciadas por el Gobierno han desatado fuertes protestas, reportó EFE.
Dujarric insistió además en que "el uso de la fuerza debe ser proporcionado" e ir en línea con las normas internacionales, sin atacar el "derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente".
El portavoz respaldó en ese sentido el mensaje lanzado unas horas antes por la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que había expresado su preocupación por "actos de violencia contra manifestantes que habrían sido cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad".
La oficina de Derechos Humanos rechazó además "los hechos de violencia cometidos por terceros, tales como agresiones a personas, destrucción de bienes públicos y privados, saqueos, bloqueos de la vía pública, entre otros".
En ese sentido, la oficina de Naciones Unidas recordó que la policía "tiene el deber de identificar las personas que actúan con violencia para aislarlas de los demás manifestantes".
"Los actos de violencia o delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyo comportamiento es pacífico", subrayó el órgano que encabeza Bachelet, que insistió en que las autoridades tienen que respetar el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente.
