Al menos 522 personas que fueron secuestradas por la hoy desmovilizada guerrilla de las FARC murieron durante su cautiverio, informó este lunes la Procuraduría de Colombia (Fiscalía).
Durante una audiencia de la Justicia Especial de Paz (JEP) en la que comparecieron 11 exlíderes de las FARC, el procurador general, Fernando Carrillo, les pidió que den todos los datos al respecto para de ese modo saber qué sucedió con los secuestrados.
"La verdadera reparación a las víctimas de más de cinco décadas de guerra exige que las familias sepan la verdad de lo ocurrido tras esa práctica macabra de financiamiento a través del secuestro", afirmó Carrillo.
Por eso, pidió que en sus declaraciones ante la JEP los comparecientes de las FARC no se queden "en simples relatos de casos".
"Estamos hablando de familias que tienen derecho a saber y a preservar la memoria. La reparación exige un esfuerzo conjunto para la recuperación de sus restos", subrayó el procurador.
La entidad que dirige considera fundamental que se aporte "verdad detallada" sobre lo que ocurrió con las víctimas que murieron mientras estaban secuestradas además de esclarecer las motivaciones que existieron y "las condiciones de tiempo, modo y lugar del secuestro de estas víctimas y las circunstancias de su muerte".
Frente a ello, Carrillo hizo hincapié en la necesidad de "aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición".
Durante la audiencia, exjefes de la guerrilla reconocieron "responsabilidad ética y política" por miles de secuestros, reportó la AFP.
"Reconocemos la existencia de retenciones a civiles y asumimos en nombre de los hombres y mujeres que formaron parte de la organización, nuestra responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica", declaró Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", quien fue máximo comandante del otrora grupo ilegal armado.
El ahora presidente del partido FARC y los otros diez exjefes entregaron al sistema encargado de juzgar los crímenes más graves del conflicto un informe, que no trascendió, en el que deben dar cuenta de los secuestros.
En el documento debían explicar las razones que los llevaron a cometer este delito, cuántas personas secuestraron o cuánto dinero recibieron por liberarlas, entre otros detalles que contribuyan al esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, afirmó la magistrada Julieta Lemaitre.
Lemaitre sostuvo que la JEP estudia la versión colectiva de las FARC y la contrasta con los informes oficiales, de víctimas o búsquedas propias.
Los magistrados evalúan el contenido y definen la sanción —individual y si corresponde— para los exguerrilleros, dependiendo de si dijeron la verdad o no.
"No queremos justificar ninguna conducta que resultó violatoria del Derecho Internacional Humanitario, sino dar a conocer de nuestra propia voz las razones objetivas que nos llevaron a muchos colombianos a construir lo que fueron las FARC", afirmó Londoño.
A la citación también asistieron los excomandantes Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Jaime Parra (Mauricio Jaramillo), Pastor Alape y Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), entre otros.
Miles de rehenes de las FARC, incluidos militares, policías y dirigentes políticos estuvieron encadenados hasta diez años en lo profundo de la selva antes de ser rescatados o liberados.
La Fiscalía ha documentado 6.162 casos de secuestro, con 8.163 víctimas, que involucran a la guerrilla. En este proceso, la JEP conocerá los delitos relacionados con esta práctica entre 1993 y 2012.
Los excomandantes empezaron a responder de forma individual ante la JEP por los secuestros, uno de los crímenes más repudiados por los colombianos, en julio de 2018. En aquella ocasión las FARC pidieron perdón a las víctimas y aseguraron que asumirían las responsabilidades que les correspondieran.
Por este caso, el tribunal de paz ha citado hasta ahora a 56 responsables de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre ellos a Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes se apartaron del proceso de paz y a finales de agosto anunciaron una nueva rebelión armada.
El acuerdo de paz que dio origen a la JEP prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia, sean guerrilleros o militares. Quienes no cumplan con esos compromisos enfrentarán un juicio penal con penas privativas de la libertad.
Esa gente esta hablando pomposamente de "costo politico" de acciones que en muchos otros lugares del mundo serian simplemente acciones criminales o de lesa humanidad. Gracias al pacto cocinado entre el castrismo y un presidente avido de premios de paz se llego a esto. Deberian estar pidiendo clemencia por sus vidas miserables. Nunca van a retribuir todo el dolor que causaron y las familias destrozadas que quedaron atras.