Presionado no solo por la comunidad internacional que le es adversa, sino incluso por aliados como China, que han llamado a que se alcancen acuerdos entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que encabeza Juan Guaidó, el chavismo decidió huir hacia adelante y plasmó este 16 de septiembre un "gran acuerdo nacional", con otros actores políticos venezolanos cuyo discurso le es afín.
Mientras Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por más de 50 países como jefe de Estado interino, ofrecía una rueda de prensa para explicar las razones por las cuales la alternativa democrática daba por concluido el proceso de negociación con el régimen de Nicolás Maduro, la televisión oficial comenzó a transmitir un acto sorpresivo pero no improvisado: el gran acuerdo nacional.
El nuevo pacto, suscrito en un acto protocolar con presencia del cuerpo diplomático (del cual terminaron retirándose embajadores de la Unión Europea), tiene como grandes novedades la designación de una nueva directiva para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el regreso inmediato de los diputados oficialistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Asamblea Nacional, cuerpo que precisamente preside Juan Guaidó.
Los diputados del PSUV tienen dos años sin asistir a las sesiones de la Asamblea Nacional (Parlamento), único poder legítimo, según la mayoría de países de América y Europa Occidental.
Ante el control opositor de ese cuerpo, el chavismo lanzó hace dos años la Asamblea Nacional Constituyente, que no ha aprobado ningún artículo para una prometida nueva constitución, y que en la práctica suplanta al ente legislativo en algunas funciones.
Para la periodista y analista Luz Mely Reyes, el chavismo montó una estrategia que en la práctica ha significado un golpe de Estado para la oposición, en términos metafóricos.
La combinación del regreso de diputados del PSUV al Parlamento, junto a la realidad de que 30 diputados opositores fueron forzados a abandonar al cuerpo, ya que están exiliados, escondidos o encarcelados, hará que la gestión de Guaidó se complique seriamente.
"En el fondo se puede buscar un descalabro del único órgano legítimo, que es la Asamblea Nacional", explica a DIARIO DE CUBA, Oswaldo Ramírez, consultor político y experto en comunicación política.
Un asunto emblemático estará en torno a la presidencia del cuerpo. Guaidó es presidente del órgano en este 2019. Según los reglamentos, el 5 de enero de cada año debe someterse a votación quién encabeza al parlamento venezolano. Guaidó había manifestado que pretendía ser reelecto en enero, al frente de la Asamblea Nacional como parte de la estrategia por la democracia en Venezuela.
Desplazar a Guaidó
Otro de los puntos anunciados con bombos y platillos por el chavismo y la oposición afín es la designación de una nueva directiva para el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Voceros del régimen, como el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, han asegurado que en 2020 habrá elecciones, pero no presidenciales como pide la Comunidad Internacional y la mayoría de los venezolanos, esto último según diversas encuestas.
Según Cabello, lo que vendrán son elecciones legislativas, otra estrategia para desplazar a Guaidó del Parlamento, consideran analistas.
"El tema electoral en Venezuela es más profundo que solo cambiar a la directiva del CNE. Se trata de garantizar el voto de los venezolanos en el exterior, acabar con el amedrentamiento a opositores en los centros de votación, restringir el uso de las cadenas de radio y televisión, y garantizar el acceso a los medios públicos para los opositores, entre otros elementos", sostiene Ramírez.
Guaidó confirmó que el proceso de negociación llevado adelante en Barbados durante varias semanas se daba por cerrado debido a que el Gobierno de Nicolás Maduro no tenía voluntad para cumplir con lo pactado.
Según Guaidó, tanto él como Maduro debían abandonar sus cargos, se conformaría un consejo de transición para gobernar al país en un período breve, que incluiría al alto mando militar, y en un plazo perentorio se celebrarían elecciones con supervisión internacional en las cuales el chavismo podría participar.
"El régimen abandonó la mediación del Reino de Noruega. El formato de Barbados ha quedado agotado. El usurpador es el principal obstáculo para una solución política a la crisis", puntualizó Guaidó para referirse a Maduro como la principal piedra de tranca para alcanzar un acuerdo.
"Hace dos semanas y media hicimos una encuesta nacional. En ese momento un 67% de venezolanos creía en la negociación de Barbados, siempre y cuando culminara en la realización de unas elecciones libres, justas y transparentes", afirma Ramírez.
Para varios analistas, incluido Ramírez, el gran problema de la estrategia del chavismo, apelando a actores políticos diferentes a la alternativa democrática que reconoce la comunidad internacional, es que estos no tienen credibilidad. "Se trata de actores políticos que entre comillas son opositores (...) pero no son los que detentan la conducción del movimiento opositor", precisa el consultor político.
Para Ramírez, "el gobierno de Maduro busca generar la percepción de que en Venezuela sí continua la negociación política".
A fin de cuentas, con todo este movimiento político, se busca desplazar a la figura de Guaidó, muy atacada ya por otro sector de la oposición más radical. En la práctica, se formalizó la existencia de una tercera oposición a la medida del Gobierno.
Maduro, con su estrategia, sin duda dilata la solución de la crisis, creyendo que tiene garantías de permanecer en el poder, con la idea de que una oposición que lo reconoce le otorga cierto nivel de legitimidad.
