El Gobierno de Daniel Ortega prohibió este sábado el ingreso a Nicaragua de siete diplomáticos que buscaban impulsar un diálogo ante la crisis del país, entre ellos el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, y Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general del organismo, Luis Almagro, informó EFE.
El cubanoamericano Trujillo, Koncke y otros cinco diplomáticos tenían previsto viajar a Nicaragua para intentar dialogar con Ortega y buscar una salida a la crisis que comenzó el 18 de abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio.
Algunos de los diplomáticos a los que Ortega decidió impedir el acceso a Nicaragua forman parte de una comisión creada a finales de agosto por la Organización de Estados Americanos (OEA) y que tiene un plazo de 75 días para intentar negociar con Managua.
Si esa comisión fracasa y Ortega se niega a dialogar, la OEA podría suspender a Nicaragua, la mayor forma de sanción que tiene la organización.
Además de Trujillo, integran la comisión el subsecretario de Asuntos de América del Ministerio de Exteriores de Argentina, Leopoldo Francisco Sahores; la representante de Panamá en la OEA, Elisa Ruiz Díaz; así como Sébastien Sigouin, responsable de Centroamérica en el Ministerio de Exteriores de Canadá, y la embajadora ante la OEA de Jamaica, Audrey Marks.
Acompañaban a esa comisión Koncke y un funcionario de la OEA encargado de prensa.
Koncke, como jefe de gabinete de Almagro, ha estado siguiendo de cerca el trabajo que la Secretaría General hizo como garante y testigo de los intentos de diálogo entre el Gobierno nicaragüense y la opositora Alianza Cívica, que fueron suspendidos ante la imposibilidad de lograr acuerdos.
Los diplomáticos tienen a partir del sábado prohibido entrar en el país centroamericano, según aparece en un documento de la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua, al que accedió la agencia EFE.
Concretamente, lo que hizo la Dirección General de Migración y Extranjería fue notificar a nueve aerolíneas, incluida la panameña Copa Airlines y las estadounidenses Delta, United y Spirit, para que no permitan que ninguno de los diplomáticos se suba a sus aviones para viajar a Nicaragua.
"La Dirección General de Migración y Extranjería (...) hace del conocimiento que, a partir de la fecha (del 14 de septiembre), no está autorizado el ingreso a Nicaragua ni podrán ser abordados en sus aerolíneas con destino a Nicaragua los siguientes ciudadanos", dice el documento, que a continuación enumera los nombres de los diplomáticos.
Tras esa prohibición, la opositora Alianza Cívica acusó al Gobierno de Ortega de violar la Carta Democrática Interamericana.
Este rechazo "también implica que el régimen continúa cerrando sus opciones de mediación para una resolución al conflicto", señaló la Alianza, en un comunicado.
La decisión del Gobierno de no permitir la entrada a la misión de la OEA "es consistente con la política de estado policial que ha seguido el régimen, que incluye el rechazo de toda forma de construcción de puentes con la comunidad internacional y la oposición nicaragüense", agregó.
La Alianza Cívica, único grupo opositor reconocido por la comunidad internacional como contraparte de Ortega en unas negociaciones, reiteró su disposición de resolver la crisis por la vía pacífica, y acusó al Gobierno de tener una "naturaleza antidemocrática".
El Gobierno de Ortega se ha negado en repetidas ocasiones a reconocer la legitimidad de la comisión creada por la OEA, y la califica de instrumento de "injerencia" de Washington.
Ortega dice que las protestas que estallaron el 18 de abril son un "golpe de Estado" y reconoce solo 200 víctimas mortales. Algunos organismos locales calculan hasta 595, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza 328.
